Daniel Campione | 

Entre 1923 y 1930 España vivió bajo una dictadura de finalidad contrarrevolucionaria y ciertas pretensiones de fascismo autóctono. Su fracaso fue el principio del fin para la monarquía hispánica.

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Perú

Milcíades Ruiz | 

Toda situación es resultado de otras situaciones que la condicionan, en la infinita red de acciones y reacciones. A nadie le gusta laborar escarbando días enteros en socavones mineros oscuros, a pura fuerza corporal, con el riesgo de derrumbe inesperado en los túneles profundos que acabe con su vida. Sin salario, sin seguro, sin derechos laborales, sin vacaciones, sin jubilación, etc. ¿Por qué lo hacen los pequeños mineros informales?

Documental completo con subtítulos en castellano

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Convocamos entonces a los distintos sectores, familiares, organizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, ambientales, de pueblos originarios, políticas, de género, disidencias a encontrarnos para deliberar y resolver acciones frente a la responsabilidad política del Estado y dotarnos de un espacio donde podamos aunar todas las causas, casos y luchas vigentes.

Toma del cerro Placilla de San Antonio:

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Nuestros derechos sociales son vulnerados y si los reclamamos somos violentamente reprimidos.

Ni la democracia ni el capitalismo hicieron más ricos y desarrollados al Noroccidente. Lo hizo el imperialismo. La diferencia entre el capitalismo y la democracia radica en sus principios éticos, ideológicos y de valores sociales. Uno se define por su objetivo de distribución del poder (de la libertad y de los beneficios de las sociedades) y el otro por su contrario: por su concentración en una minoría progresivamente más pequeña y más poderosa.

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Aunque el Tribunal de Apelación de Hamm finalmente ha desestimado la demanda del agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya, su argumentación representa un avance significativo en la litigación climática.

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Gracias al impulso de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, se ha iniciado un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia. Se estima que la cifra podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700.