A debate los asaltos repentinos y masivos de miles de inmigrantes africanos que intentaron forzar la frontera para cruzar a España. ¿Porqué ahora? Explicaciones de los expertos.
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El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, reabrió las puertas en julio de 2021.
Entre 390.000 y 470.000 personas -un tercio de ellas menores- estarían en situación administrativa irregular en el estado español.
En la economía política del sacrificio, a diferencia de aquellos cuerpos jerarquizados que cuentan con una atención mediática constante, subyacen aquellos otros a los que se les niega toda centralidad, como ocurre con esos cuerpos inertes de “personas sin hogar” que, en el mejor de los casos, de forma esporádica, aparecen en las noticias sin contextualización ni seguimiento informativo algunos.
Este 19 y 20 de febrero el movimiento estatal #RegularizaciónYa sale en más de 20 ciudades para dar a conocer la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por varias organizaciones y colectivas antirracistas para recoger 500 mil firmas por la regularización de las 500 mil personas migrantes en situación administrativa irregular en España.
Las declaraciones de la presidenta de Cáritas vienen a reconocer oficialmente por una institución caritativa, la muy conocida difícil situación personal en la que se encuentran las personas inmigrantes irregulares, que vienen a nuestro país en la búsqueda de un horizonte para su futuro como seres humanos.
El movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes denuncia una represión desmedida por las protestas organizadas en la 6a edición de la Caravana Abriendo Fronteras este verano.
Un drama cotidiano. 374 personas migrantes fueron rescatadas por Salvamento Marítimo cerca de las Islas Canarias, informó la Agencia Efe el 24 de noviembre. Llegaron la noche anterior en siete pateras, con 26 menores y dos bebés.
Migrar desde Colombia, Venezuela o Perú, tres de las nacionalidades que más solicitudes de asilo recibe España cada año, es un calvario que no acaba en el viaje. Varias mujeres cuentan su historia
La documentación con la que contaba el muchacho de origen gambiano “acreditaba fuera de toda duda su minoría de edad”, sostiene el Defensor del Pueblo; el momento en que el joven aportara los documentos –en este caso el pasaporte- no “incide” en la cuestión de fondo: es una persona menor de 18 años.