En Centroamérica el turismo se ha convertido de forma acelerada en un importante eje de acumulación económica, contribuyendo de forma decidida a una transformación económica estructural en estos países. Pero a pesar del impacto devastador del gran capital turístico la capacidad de movilización global aun es limitada. Pese a la imagen positiva que se le […]
En Centroamérica el turismo se ha convertido de forma acelerada en un importante eje de acumulación económica, contribuyendo de forma decidida a una transformación económica estructural en estos países. Pero a pesar del impacto devastador del gran capital turístico la capacidad de movilización global aun es limitada.
Pese a la imagen positiva que se le quiere dar a la inversión de las grandes cadenas turísticas, siguen generándose diferentes escenarios de conflictividad y resistencia a un modelo depredador, cuyos efectos aun no están siendo tomados suficientemente en cuenta por el grueso del movimiento altermundista. Según el coordinador de ALBA SUD, Ernest Cañada, es cada día más necesario estudiar, reconocer e identificar una nueva conflictividad socio-ambiental, que se ha generado a raíz de la expansión desmedida del turismo. «No son suficientes los enfoques que ponen el acento en los impactos del turismo, sino que hay que estudiar y evaluar el nuevo escenario de conflictividad socio-ambiental originado por este fenómeno».
El desarrollo turístico comporta agresiones y afectaciones a distintos sectores de las sociedades centroamericanas, y resulta necesario entender de qué manera se están produciendo, cómo están funcionando y cuáles son las reacciones, proponiendo una discusión sobre las diferentes tipologías del conflicto turístico en esa área.
De acuerdo con el documento presentado por Cañada en el marco del segundo Seminario sobre «Turismo y desarrollo en Centroamérica, México y El Caribe», existen cinco grandes ámbitos de conflicto.
El primero tiene que ver con la instalación de la actividad turística en zonas donde existen comunidades con acceso a recursos naturales, y que están instaladas en un territorio que reconocen como suyo. «La introducción de la actividad turística rompe esta situación y genera la perdida del acceso a los recursos naturales básicos (tierra, agua, alimentación) y de la territorialidad. Esto comporta una conflictividad ante el proceso de desposesión», explicó Cañada.
Otro nivel de conflictividad surge cuando se pone en marcha la actividad turística y se genera un impacto destructivo desmesurado. «En ese caso, no solamente puede haber una reacción de la comunidad desposeída, sino también de otros actores involucrados (organizaciones sociales, vecinos y algunas autoridades locales) que tratan de poner un freno, un mecanismo de regulación, ante los abusos que genera la urbanización turística», dijo el coordinador de ALBA SUD.
Declaración de Montelimar: la política al servicio del gran capital
La presión impuesta por la industria turística para desregular las legislaciones y las políticas nacionales, representa un tercer escenario de conflicto. «Tiene que ver con la legislación, con el cambio de política fiscal, el acceso a costas, entre otros. Desde que en 1996 se dio la Declaración de Montelimar -continuó Cañada-, hay una presión constante de la industria turística para imponer sus reglas». Con esta Declaración, los gobiernos centroamericanos acordaron que el turismo era un sector estratégico e impulsaron la promoción intrarregional, la comercialización de paquetes turísticos, la creación de legislación y políticas e incentivos a la inversión extranjera y la cooperación con el sector privado. Ante esta decisión, algunos sectores trataron de resistir generando un nuevo escenario de conflictividad.
El cuarto ámbito de conflicto tiene que ver con la deshomogeneidad del capital turístico. «No siempre tiene los mismos intereses y se generan contradicciones internas. En este caso, la explotación de la actividad turística conlleva puntos de contradicción intraempresarial, generando el desplazamiento del pequeño y mediano empresario frente al gran capital turístico nacional, regional o internacional.
Finalmente -recordó Cañada-, las condiciones de precarización de la vida y del trabajo de las personas que se involucran en la actividad turística, abre otro espacio de conflictividad. Se trata de la reacción de los trabajadores ante la degradación de sus condiciones».
Una limitada movilización global
El impacto de la actividad turística genera múltiples reacciones, cuya intensidad depende del contexto histórico y político de cada país. Sin embargo, lo que se puede encontrar «es un cierto ritmo común en la evolución del conflicto. Lo interesante como elemento de análisis es ver cuándo tenemos o no tenemos conflicto, y en qué condiciones se desarrolla, con qué características. A un mayor impacto no necesariamente corresponde una mayor conflictividad, porque depende de la capacidad de organización y resistencia de la gente», explicó Cañada.
En el ámbito laboral, por ejemplo, las organizaciones sindicales aun tienen una muy débil penetración en el sector hotelero y turístico en general. En muchos casos depende de las fuertes políticas antisindical impuestas por las grandes cadenas transnacionales. Otro sector extremadamente vulnerable es el de la construcción. Se trata de mano de obra migrante que vive en condiciones de ilegalidad, explotación y vulnerabilidad.
Ante esta situación y al nuevo fenómeno de consolidación de grupos económicos nacidos en la región, como por ejemplo el Grupo Pellas, que ahora están buscando más acumulación de capital en el sector turístico residencial, el desarrollo de un movimiento global de resistencia y construcción de alternativas frente al modelo turístico dominante sigue débil.
Según el coordinador de ALBA SUD, uno de los principales obstáculos es que el grueso del movimiento altermundista aún no ha reconocido a la industria turística como una seria amenaza. «Frente a este modelo de desarrollo turístico es necesaria una doble actuación: fortalecer las resistencias y desarrollar y sostener otro modelo turístico de carácter endógeno, basado en la economía popular, y construido sobre la base de una alianza entre las iniciativas comunitarias y el pequeño y mediano empresario local, y poderes públicos al servicio de la gran mayoría de la población centroamericana», concluyó.