El próximo 25 de octubre los uruguayos acudirán a las urnas para elegir el presidente y representantes al Parlamento, además pronunciarse mediante plebiscitos en dos temas: la derogación definitiva de la llamada Ley de Caducidad que amnistió a los militares y el derecho a voto de los ciudadanos que radican en el exterior. Se trata […]
El próximo 25 de octubre los uruguayos acudirán a las urnas para elegir el presidente y representantes al Parlamento, además pronunciarse mediante plebiscitos en dos temas: la derogación definitiva de la llamada Ley de Caducidad que amnistió a los militares y el derecho a voto de los ciudadanos que radican en el exterior.
Se trata de saber si el gobierno de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio podrá seguir gobernando cinco años más, o volverán al gobierno del pequeño país sudamericano otra vez como antaño, alguno de los dos partidos tradicionales representantes de los sectores oligárquicos y de derecha.
Más allá de apasionamientos partidistas muy lógicos en la batalla electoral de estos días, es evidente que el gobierno presidido por Tabaré Vázquez, con el apoyo de las fuerzas políticas mayoritarias que conforman el Frente Amplio (FA) y otras alianzas, eligió transitar un rumbo político similar al adoptado por Bachelet en Chile y Lula en Brasil, tanto en lo interno como en su política exterior, salvo claro está, las grandes diferencias de potenciales económicos y financieros de dichos países.
Por otra parte, todo indica que si gana José Pepe Mujica -el candidato a presidente del FA- el rumbo tibiamente reformista podría seguir su curso, aunque todo dependerá de las exigencias y presiones externas, y también de las internas (sobre todo de la todavía intocada e insaciable oligarquía uruguaya).
Al igual que en otras épocas, quienes van a definir esta elección serán las capas medias (hoy reoxigenadas económicamente e ideológicamente comprometidas con el gobierno de Vázquez) que podrán arrastrar a que los sectores pobres y marginados favorecidos por el asistencialismo social voten la continuidad del progresismo por un mandato más. Y no menos dependerá de que sectores del poder económico capitalista también beneficiados por el actual gobierno, continúen brindándole su apoyo político.
Muchos piensan que este primer gobierno de centro-izquierda en la historia uruguaya sólo ha sido una primera etapa, y que es necesario profundizar lo obtenido y que es necesario evitar el regreso de la derecha personalizada en el candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle. En tanto, existen otros sectores políticos de izquierda que han roto y se han separado del FA; ellos sostienen que el rumbo tomado por el progresismo es el de mantener intacto el capitalismo y muchos de los restos de las políticas neoliberales (falta de reformas sociales reales, persistencia del liberalismo en el sector financiero, presencia creciente de las multinacionales, achique del Estado, dependencia del FMI y otros organismos internacionales, goodwill con el gobierno de EE.UU. etc.).
Por su parte el candidato Pepe Mujica, como antes Tabaré Vázquez, claramente ha dicho que no pretende presidir un gobierno que tome medidas para caminar hacia el socialismo, como sí lo han asegurado una y otra vez ante sus pueblos otros presidentes latinoamericanos como Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. En ese sentido es claro que Tabaré y Pepe Mujica se sienten más cerca políticamente de Bachelet y Lula.
En síntesis, las elecciones del próximo 25 de octubre tendrán entonces como principal contendor por la derecha a Lacalle, lo que obliga al FA a ganar por un amplio margen, para evitar una segunda vuelta donde existe el riesgo de que blancos y colorados se unan.
Naturalmente es deseable, en defensa de los más legítimos intereses regionales y continentales, que la derecha no retorne al gobierno en Uruguay.
Fuente: http://liberacion.se/?p=212