Faltando horas para el año nuevo y días antes de revelarse todo el caso Lavajato, el fiscal de la Nación y cuadro jurídico de la mafia aprofujimorista, Pedro Chavarry, relevó de sus cargos al equipo de fiscales que estaban llevando el juicio contra ésta, generando una movilización de miles de ciudadanos en todo el país. […]
Faltando horas para el año nuevo y días antes de revelarse todo el caso Lavajato, el fiscal de la Nación y cuadro jurídico de la mafia aprofujimorista, Pedro Chavarry, relevó de sus cargos al equipo de fiscales que estaban llevando el juicio contra ésta, generando una movilización de miles de ciudadanos en todo el país. En Arequipa, Loreto, Chiclayo, Cusco, entre otros, los ciudadanos salieron a manifestar con diversas consignas que hacen eje en la lucha contra la corrupción, «Vizcarra escucha y únete a la lucha» y por el cierre del Congreso de la República.
«Se ha podido verificar que el fiscal José Domingo Pérez , luego de su designación por parte de mi despacho, procedió a través de entrevistas en diferentes medios de comunicación a cuestionar mi elección que se produjo por aclamación y de alguna manera cuestionando la confianza que el pleno de la junta de fiscales superiores depositó en mi persona», declaró el fiscal cuestionado en una conferencia de prensa horas antes del 2019.
En sus puestos, Chavarry, ha puesto a Frank Almanza (estuvo a cargo de la investigación a la mafia narcotraficante de los Sánchez Paredes sin avances y con una jueza que poso con el prófugo y detenido en España, César Hinostroza), como nuevo coordinador del equipo especial Lavajato en vez de Raúl Vela, y a Marcial Paucar (la fiscal Rocío Balbín, que es parte de su equipo, había acusado la pérdida de 16 evidencias del caso Club de la Construcción), en las investigaciones que tenía Domingo Pérez a su cargo contra Alan García y Keiko Fujimori.
«Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de Gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana», señaló el presidente Martín Vizcarra desde Sao Paulo (La República, 31/12/18), adelantando su pronto regreso a Lima, para enfrentar la nueva arremetida de la mafia.
Por su lado, el vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino, dijo, «Estamos en total desacuerdo con los fiscales Vela y Domingo Pérez , porque han actuado injustamente con Keiko Fujimori y sus coacusados. Creemos que estos dos caballeros son operadores políticos de ellos mismos, buscando espacio para el 2021″.
En respuesta, Domingo Pérez, declaró, «Tengo miedo a que sufra algún tipo de sustracción» y llamó a la ciudadanía a dejar hacer su trabajo a la policía y mantenerse vigilante.
El temor de los sectores democráticos burgueses y de la población es que el convenio recién firmado con Odebrecht, y que se debería operativizar en enero, se vea afectado. No obstante, este es un convenio de Estado con la empresa bajo condiciones que la transnacional no puede rechazar porque son beneficiosos para la misma.
Durante las últimas semanas la amenaza de remoción de los «jueces anticorrupción» era un secreto a voces. Así las cosas, el Instituto de Defensa Legal (IDL), presentó en octubre ante la CIDH, una medida cautelar en favor del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, que buscaba evitar la remoción del cargo. El propio Domingo Pérez solicitó la inhibición del fiscal Chavarry sobre la remoción de los fiscales alegando que éste está cuestionado por sus vínculos con la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto del Callao.
Sin embargo, la CIDH, no pudo hacer mucho.
El mandatario Vizcarra, en un reciente mensaje a la Nación, dijo que iba a presentar un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia el Ministerio Público y que si éste no tramitaba rápido el proyecto iba a plantear la cuestión de confianza de su gabinete, lo que implicaría el adelanto de elecciones.
Por su lado, un grupo de Mass media que antes acompañaba a Vizcarra, ahora ha girado a la crítica para presionar por un nuevo pacto político que supere la crisis de lavajato.
El referéndum del 9 de diciembre le dio la legitimidad necesaria a Vizcarra para arrinconar al Congreso, con cuyo presidente Daniel Salaverry hace la agenda de la semana. No obstante, la Fiscalía de la Nación sigue en manos de la mafia aprofujimorista convirtiéndose en su último bastión. Y en verdad, se juegan el todo o nada. Keiko está presa (con su bancada con contradicciones que llevan a su dispersión), y García con una investigación y pruebas delictivas que conducen a él.
Para llegar a esta situación, el aprofujimorismo debe haber calculado que Vizcarra no tiene la fuerza suficiente para Cerrar el Congreso (lo que plantearía que Chavarry se quede en la Fiscalía) ya que el apoyo en el referéndum representó un poco más de la mitad de la población y que de cerrarlo entraría en contradicción con el principio de la independencia de poderes o que, en su defecto, es mejor un adelanto de elecciones a desaparecer del mapa (donde estos partidos pueden reciclarse a través de una alianza).
La rabia acumulada durante décadas contra el aprofujimorismo ha producido una movilización espontanea de miles de ciudadanos a nivel de toda la nación. Hay convocatorias del movimiento de articulación social La Red para el jueves 03 de enero en Plaza San Martin, así como varias otras convocatorias regionales. El movimiento Ni Una Menos ha convocado otra marcha para el lunes 7 de enero.
Se avecina en Perú una nueva confrontación del pueblo contra el Ministerio Público bajo la consigna «Fuera Chavarry», mientras que, por otro lado, hay una convocatoria de la CGTP para una Jornada Nacional de Protesta para el 15 de enero y otra de la Coordinadora Sindical y Popular para el 22 de enero. Ambas contra el segundo paquetazo económico laboral de la administración Vizcarra.
El Perú se encamina hacia una nueva polarización que convulsionará la sociedad, donde, la lucha contra la corrupción si bien es verdad plantea la sobrevivencia de uno de los dos bandos derechistas en pugna, también puede anular la pelea contra el ajuste del FMI, si es que no se empalman en un solo Plan de Lucha, que plantee como salida a la crisis de corrupción en el Poder judicial, la elección universal de los jueces y fiscales y una nueva Asamblea Constituyente soberana y con poder, que exprese la nueva radiografía nacional.
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