Denílson mató a su hermano en la tierra indígena Manoá-Pium, en el estado brasileño de Roraima, junto a la frontera con Guyana. Un tribunal de su comunidad dictó sentencia. Fue condenado a construirle una casa a la viuda con sus propias manos, a vivir cinco años exiliado en una tierra del pueblo Wai Wai y […]
Denílson mató a su hermano en la tierra indígena Manoá-Pium, en el estado brasileño de Roraima, junto a la frontera con Guyana. Un tribunal de su comunidad dictó sentencia. Fue condenado a construirle una casa a la viuda con sus propias manos, a vivir cinco años exiliado en una tierra del pueblo Wai Wai y a aprender allí la cultura y la lengua de estos vecinos. Es la manera de «orientar a los parientes» que emplean, desde siempre, los pueblos originarios. Intentan comprender lo que ha sucedido y cómo pueden obrar para que no vuelva a ocurrir. No hay cárceles porque no las necesitan.
En diciembre de 2015 el Tribunal de Justicia del Estado de Roraima, a cuyas manos también había llegado el «Caso Denílson», convalidó la sentencia indígena y evitó juzgar el caso para esquivar la doble pena a la que el acusado podría haber sido condenado. Este Tribunal se basó en el artículo noveno del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), en el artículo 57 de la ley 6.001/1973 (el denominado Estatuto del Indio y también en el artículo 231 de la Constitución Federal brasileña, de 1988
Otros países de América Latina van más allá citan directamente en la Constituciónel derecho a la Justicia Indígena, como es el caso de Bolivia (artículo 192) y Ecuador (artículo 171), pero en los últimos años los pueblos originarios están viviendo un evidente y generalizado retroceso en este sentido. La problemática fue analizada en el 172ª periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 10 de mayo en Kingston, Jamaica.