La historia de la modernidad tiene dos caras: por un lado, es una historia de revoluciones y luchas por los derechos. Pero a la vez está plagada de violencias, de injusticias y de abusos.

Aunque el discurso oficial distingue entre minería legal e ilegal, en los hechos gran parte -por no decir toda- la minería realmente existente es ilegal: casi todos los proyectos han incumplido normas legales como la consulta previa, libre e informada o la publicación de catastros mineros, irrespetando la prohibición de minería en páramos y fuentes de agua.

En los años setenta, como pocas veces en su historia, el Ecuador entró de lleno en el mercado mundial. No gracias a un cambio cualitativo en su condición de país exportador de materias primas (banano, cacao, café, etc.) sino por el creciente monto de ingresos producidos por las exportaciones petroleras.

La dependencia de los países periféricos especializados en exportar bienes primarios, como fuente preferente de financiamiento de sus economías condenaría a dichos países a la pobreza.

El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud pública aplicados por el gobierno de Lenín Moren

Los defensores de la megaminería promueven un boom minero en el que, según ellos, está “el futuro del desarrollo económico para el país”: pero lejos de ser una salvación, será una condena social, ambiental y económica.

Prólogo al libro «Pensamiento crítico latinoamericano sobre desarrollo».