El mes de agosto cierra en la Argentina con dos grandes temas de la economía que ocuparán el debate ideológico político en el próximo tiempo, más allá de lo que realmente puedan expresar en su capacidad de modificar la recesión.

Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.

El pasado 4 de agosto vencía una invitación al canje de deuda externa pública de legislación extranjera que la Argentina había inscripto ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, la U. S. Securities and Exchange Commission (SEC).

La negociación de la deuda ocupa el centro de la atención del Ministerio de Economía de la Argentina y es considerada caso testigo en el ámbito mundial.

Con información hasta el 30 de junio del 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, actualizó el impacto regional de la situación económica, afectada por el receso derivado del COVID19. [1] Señala el informe, con base en el Banco Mundial, que “La economía mundial experimentará su mayor caída desde la […]

Ante la gravedad de la situación de la Argentina, con una proyección de caída de la actividad económica para el 2020 en el orden del 10% tiene lógica que se discuta el qué hacer, cómo responder.

La recesión genera preocupaciones múltiples, tanto al sector privado como al público, más aún, al conjunto social empobrecido, afectado por un regresivo impacto social ante la disímil capacidad de asimilación de las personas, según sea su capacidad de ingreso regular o por la riqueza acumulada.

Preocupa la fuerte recesión en el país (10 a 12%) y en el mundo (5%), porque es menos lo que se puede distribuir, máxime cuando existe un rumbo previo de asimetría en la distribución del producto social.