Fuerza Migrante, una coalición de más de 150 organizaciones y liderazgos en México y EE.UU., lanzó hoy una ambiciosa iniciativa que tiene como fin proteger a la comunidad migrante, que ha sido mantenida al margen de programas de rescate y protección del gobierno de Donald Trump por el impacto de la pandemia.
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Médicos Sin Fronteras, que a principios de esta semana pedía el fin de las deportaciones desde EE.UU a otros países de Centroamérica y el Caribe, abre una estructura hospitalaria para pacientes con COVID-19 en Tijuana (México)

Traducido del inglés por Juan-Francisco Silvente
Aunque el coronavirus puede infectar a cualquiera, la igualdad no es lo que caracteriza a esta pandemia, que claramente ha favorecido a los más ricos.
El presidente de EE.UU. ignora los informes de sus propios servicios secretos y acusa a China de haber creado el virus en un laboratorio. Sabe lo que hace.
Las élites corporativas de Wall Street que manejan los hilos del Partido Demócrata lo eligieron a Biden durante las 72 horas previas al supermartes (cuando se deciden un tercio de los delegados que votan en la Convención Nacional de agosto), pero antes de eso, se daba prácticamente por muerta a la campaña de Biden, un candidato hueco, sin entusiasmo, que no había ganado una sola elección primaria estatal en su vida, en su tercer intento por buscar la candidatura presidencial.
Para aprovechar este momento hay que recordar que los cambios sociales sólidos se producen paso a paso. Una victoria tras otra, y siempre desde la humildad y buscando el consenso.

La frustrada incursión de un grupo de mercenarios pretendiendo desembarcar en las costas de Macuto, estado de La Guaira, es la enésima prueba de que Estados Unidos, es un “estado canalla”; es decir, un país que viola sistemáticamente la legalidad internacional y al hacerlo pone en peligro la paz mundial.
El factor fundamental en esta doble crisis, pandemia y economía, es la agenda neoliberal de las últimas cuatro décadas que fomentó la peor desigualdad económica en casi un siglo.
Treinta y dos congresistas demócratas presentan una propuesta de ley que, de aprobarse, garantizaría que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos mientras dure la pandemia.