El presente texto da continuidad del debate propuesto por Miguel Ángel Albizures: «La disyuntiva para los amantes de la paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun […]
El presente texto da continuidad del debate propuesto por Miguel Ángel Albizures: «La disyuntiva para los amantes de la paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun con todos los riesgos que sigue representando el ejercicio de los derechos ciudadanos en Guatemala«. Texto de MAAlbizures
Control político y saqueo de instituciones (aduanas, Secretaría Presidencial de la Mujer, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social). Centralización de la toma de decisiones por el Presidente (autoritarismo). Aprobación de leyes sin debate. Ampliación de exenciones y favores fiscales a las empresas (a partir del control de la Superintendencia de Administración Tributaria y la discusión de la Ley de promoción de inversiones y empleo, que operan en detrimento de la recaudación de miles de millones de quetzales para salud, educación, vivienda…). Legitimación de la violencia. Expansión del individualismo y el mercantilismo (la solidaridad en horas bajas) como valores fundamentales: de la persona y la «nación». Restricción de libertades (opinión, participación, movilización, oposición, resistencia) y persecución del ejercicio de las mismas. Anómala selección de candidatos para Jefe del Ministerio Público, cuando algunos de los mejor calificados no acceden a la elección final («pacto de impunidad») [1].
Este es el panorama, esta es la radiografía de un régimen de derechos en entredicho y una institucionalidad construida en función de intereses privados mercantiles. ¡Alto! la dictadura guatemalteca está en reconstrucción, aunque utilice perversamente las leyes y las formas representativas para expandirse.
El poder se cierra y protege a sí mismo. El Congreso aprueba leyes que favorecen a las empresas transnacionales y locales, que a su vez financian/sobornan partidos, los cuales operan intereses de economía formal y/o criminal, todo ello bajo la mirada complaciente (no omnisciente pero autoritaria) del Presidente, y la legitimación de reproductores ideológicos de la opresión como los medios de comunicación, los cuales avalan y fortalecen el poder violento y un sistema de impunidad auspiciado por abogados y operadores de justicia, muchos de los que son elegidos por el Congreso, que aprueba leyes que favorecen a las empresas.
En su expansión, el poder se revela autoritario, sin fisuras ni decoro. Por el contrario, visibiliza y exalta el uso de la fuerza, más allá de formalidades y apariencias democráticas propias de otra época: otra fase de la acumulación (la privatización de activos del estado posterior a la firma de los Acuerdo de Paz); otro momento en la correlación de fuerzas (procesos de diálogo abiertos por la firma de la paz); otro contexto internacional (neoliberalismo matizado por el Estado del bienestar y fuerzas socialdemócratas).
Hoy es la feria, perdón, la época de la desaparición del estado social y la democracia representativa, sustituidos sin transición por el socio fascismo, la mercantilización extrema, el poder legitimado del 0.001% de la población, como afirman la publicidad (revista Forbes en vallas publicitarias en las calles capitalinas) y las estadísticas. La acumulación basada en el despojo de territorios precisa de la violencia y permea la institucionalidad.
Se proponen reformas constitucionales para limitar derechos y favorecer la mercantilización y explotación de todos los recursos (por ejemplo, la pretendida privatización del subsuelo a través del usufructo del mismo, defendida por la Universidad Francisco Marroquín). Se apuesta por la reelección presidencial, es decir la reelección de Otto Pérez Molina, a sabiendas de la imposibilidad constitucional (legal) de la misma. Se coquetea, así, con el Golpe de Estado y se coquetea con la dictadura, o ya la vivimos, en su sentido de gobierno sin apego a la ley o que utiliza de forma desigual la misma: cuando me conviene sí, cuando no me conviene no, parafraseando las palabras de la socióloga argentina Isabel Rauber tras el golpe de estado en Honduras, cuya prolongación regional estamos viviendo.
El autoritarismo acuerpa la acumulación empresarial. Simbólicamente, la Constitución de 1965, heredera del golpe de estado militar de 1963, cuyas fuentes básicas son el anticomunismo, la contrainsurgencia y la Ley de Orden Público, se convierte en referente de «nueva» organización (Mario Fuentes Destarac): paso atrás o actualización del poder militar aliado con sectores económicos, formales y criminales, tradicionales y emergentes.
El horizonte no parece admitir discusión para las fuerzas económicas: se trata de reconocer la primacía sin discusión de los derechos mercantiles sobre los derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, y de organizar la sociedad en función de esta doctrina. La paradoja -o la coherencia extrema de esta propuesta- es que puede basarse en instituciones o en su desconocimiento absoluto; construye leyes y las niega al mismo tiempo; dialoga y ejerce la violencia.
Es oficial. Se acaba la democracia, sino detenemos la involución autoritaria pro empresarial, prefigurada en la cascada de leyes y normas aprobadas (sin debate) o en discusión en el Congreso: solamente este año, Ley de servidumbres de transmisión eléctrica, Ventanilla única de importaciones, Ley de promoción de competitividad y empleo, Circunscripciones económicas, Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, Ley de promoción de la competitividad y empleo, reordenamiento militar, y otras. Rasgos comunes en estas diferentes normas son los siguientes:
convierten el desarrollo empresarial en interés nacional;
favorecen intereses de grandes (y pocas) empresas transnacionales, sin consideración a las empresas medianas, pequeñas, cooperativas, comunitarias;
niegan el pago de impuestos, a pesar de la autonombrada responsabilidad social empresarial;
subordinan al estado;
en la práctica, crean espacios territoriales de legalidad y normatividad definidas por las empresas, al estilo de las Ciudades Modelo;
verticalizan el ejercicio del poder y fortalecen lógicas de exclusión;
atacan la autonomía municipal;
penalizan la oposición a las inversiones, reprimiendo la organización y oposición comunitaria;
asumen el ejercicio de la violencia institucional para imponer proyectos económicos.
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Ley aprobada o en discusión |
Descripción e implicaciones |
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Ley de servidumbres de transmisión eléctrica |
Para garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica (popularmente, torres de transmisión) sometido a un retraso de aproximadamente dos años, la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo Gubernativo 145-2013 (que declara de «urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de energía eléctrica», e impulsa la Iniciativa de Ley de Servidumbres de Transmisión Eléctrica. La combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al eliminar la obligación de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de Consejos de Desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la protesta, al otorgar a un Juez de Paz o Tribunal de Primera Instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto. |
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Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos o Ley de telefonía |
Favorece oligopolios. Elimina la autonomía municipal y la posibilidad de recaudación municipal. Penaliza con ocho años de cárcel la oposición a instalación de infraestructura municipal. Convierte a la Superintendencia de Telecomunicaciones en el ente encargado de otorgar licencias de construcción de infraestructura, en detrimento de la autonomía municipal. Elimina la posibilidad de que las municipalidades obtengan beneficios económicos a cambio de la instalación de infraestructura (establece un pago único en vez de los pagos mensuales o anuales requeridos por las Municipalidades). |
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Ventanilla ágil para las importaciones, reducción del poder de la SAT y falta de tributación empresarial |
Fruto de alianza estratégica entre el sector privado y el gobierno para facilitar trámites de importación, que en la práctica reduce la capacidad de supervisión (y recaudación) de la Superintendencia de Administración Tributaria. En la misma línea, se encuentra el Anteproyecto de Ley Marco del Sistema de Competitividad y Productividad, iniciativa 4647 |
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Títulos de usufructo del subsuelo |
La propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que «El dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un título, de forma similar a cómo funcionan los títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la constitución, pero (quien) posee una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades». Según sus promotores la propuesta elimina «el conflicto por el subsuelo» y favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre el subsuelo: «¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar -si ellos no lo pueden hacer directamente- a que quien lo aproveche sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?» afirma Ramón Parellada, de CIEN. En la práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se quiere dar al mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no deberá, siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir la oposición de las comunidades y el consentimiento previo y derecho de consulta: sin sentido en espacios que los nuevos títulos reconocen como privados. La propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la historia. |
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Ley de Promoción de Inversiones y Empleo |
La primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas: Exención del Impuesto de Solidaridad durante 20 años. Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta por inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realice la empresa, durante 20 años. Exención por la compra, permuta o transferencia de dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante diez años. Exención de derechos arancelarios a la importación, y exención del Impuesto al Valor Agregado en importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen las empresas en procesos productivos, de forma indefinida. En la práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se instalen en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas, y resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos de Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos). |
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Circunscripciones económicas |
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos. |
Elaboración propia. Textos de ley completos en Leyes para las empresas
La elaboración de leyes favorables a intereses particulares; la persecución a la organización social y los defensores de libertades; el debilitamiento de un Estado garante de derechos; la construcción de una institucionalidad y una legalidad proempresarial (o la superación autoritaria y por la fuerza de la misma) avanzan sin retrocesos y sin punto final. El sistema económico funciona a partir de la multiplicación y crecimiento constante de ganancias. A un negocio debe suceder otro, a una empresa e inversión otra nueva: gas natural o gas de esquisto (aprovechando el gasoducto binacional recién aprobado por los presidentes de Guatemala y México); privatización del agua (perdón, gestión integrada del recurso hídrico, con recursos entre otros de la cooperación española); privatización del mar (me excuso: desarrollo de los derechos mercantiles, como afirma el profesor peruano Enrique Ghersi, también profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín). De todo se pueden obtener ganancias: disculpen, es desarrollo, civilización y progreso.
Este nuevo ciclo de reconfiguración autoritaria (Simona Yagenova), promilitar, que sustituye el ciclo de la Constitución del 85 (basado en principios de democracia representativa y vigencia del Estado de derecho, aunque de corte limitado) busca estabilizarse al menos los próximos 25 años, tiempo de «usufructo» de concesiones mineras, hidroeléctrica o petroleras, y de las facilidades tributarias y exenciones previstas en la Ley de promoción de inversiones y empleo.
La alternativa al vaciamiento institucional, legal, democrático, a la reversión de los (escasos) derechos y libertades vigentes, al incremento de la persecución y criminalización, es la construcción de nuevas formas de relación social, la promoción de valores colectivos, la definición de una institucionalidad y legalidad favorables a las mayorías, la apuesta por la ampliación del ejercicio de derechos, la promoción de la vida, y no la acumulación de ganancias, como eje de la acción política.
La alternativa pasa por la recuperación de principios que dieron vida a los Acuerdos de Paz (no necesariamente la literalidad incumplida y desactualizada de dichos acuerdos): la comprensión de la paz como proceso más que como documento; como apuesta social más que institucional; como movilización masiva (hoy considerada amenaza); como cultura de transformación y no como razón pragmática; como construcción conjunta, plural, permanente y entusiasta, en vez de la actual epopeya del desencanto, síntesis de lo que no fue.
La paz entendida como propuesta ilusionante, aglutinadora y colectiva: referente y guía de la agenda de cambios pendiente en Guatemala.
[1] Comunicado de organizaciones defensoras de los derechos humanos: «La dirección del Ministerio Público (MP) es una posición clave y determinante para la garantía de justicia pronta y cumplida (…) La nómina de candidaturas que ha elegido la Comisión Postuladora, responde al pacto de impunidad que busca consolidarse. Un pacto que ha reunido en torno a la sombra de la impunidad tanto a estructuras responsables de graves violaciones a derechos humanos, como a sectores del poder económico oligárquico tradicional así como a sectores del crimen organizado».
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