No se realizó nunca, los intereses terratenientes estarían detrás. Favero sería producto de la «reforma agraria» estronista.
29 millones de dólares de préstamo del Banco Mundial; 135.100.000 yenes, donación del Japón; 9 millones dólares de préstamo del BID, con una contrapartida local de 1 millón de dólares; otros 10 millones de dólares del BID que se esfumaron. Todos estos créditos fueron destinados para la elaboración de un catastro nacional, para saber quiénes son los dueños reales de las tierras en Paraguay. Todos estos montos totalizan unos 60 millones de dólares.
Pero no se hizo el catastro, porque a los latifundistas, dueños de tierras mal habidas, con poderes extraordinarios de coerción sobre los gobiernos, no les conviene. En Paraguay existen 100 mil kilómetros cuadrados con títulos múltiples, fraguados y falsificados por verdaderos mafiosos con nexos políticos, empresariales y periodísticos. El Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a cuyo cargo se halla la elaboración del catastro nacional, siempre estuvo controlado por estos elementos.
En la década del 70 llegó un brasileño en Paraguay, como muchos otros, de nombre Tranquilo Favero. No tenía mucho dinero, pero se asoció al Ing. Italo Bordón, subgerente de Bosque y Tierra del Instituto de Bienestar Rural, IBR. De ese modo, Favero dejó de ser «inversor» y se convirtió en un corredor de IBR, ofertando las tierras fiscales del Estado paraguayo a sus compatriotas que querían invertir. Y gran parte de esas tierras quedaron a manos de Favero, hoy conocido como «o rey da soya». Esta era la reforma agraria de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien además privilegió a todos sus generales con grandes extensiones de tierras, que fueron vendidas poco a poco.
Cuando se inició la apertura democrática en 1989, el gobierno del general Rodríguez inició las gestiones para la realización de un catastro nacional, para determinar con precisión los dueños de las tierras y la extensión que poseen cada uno. Para la elaboración del catastro se recurrió a un préstamo bajo el Nº 3.445 del Banco Mundial por 29 millones de dólares, que fue aprobado por la Ley Nº 30 de 1992. El gobierno del Japón donó 135.100.000 yenes para asegurar la ejecución del proyecto, que se dio en llamar Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra, PRUT.
Bajo el gobierno de Wasmosy
El PRUT se inició en 1993, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, y terminó en el año 2000, siete años después, con resultados desastrosos para el país y ya ejecutado todo el préstamo, que en la actualidad sigue pagando los contribuyentes paraguayos. Peter Hansen, ex representante residente del Banco Mundial, firmó un detallado informe el 22 de junio de 2002, con relación a la ejecución de este préstamo y le remitió al entonces ministro de Hacienda, Franciso Oviedo. El informe no tiene desperdicio y reconoce que «fracasó» el proyecto, ya que solo se realizaron relevamientos de datos de 41 distritos de Itapúa y el sur de Alto Paraná. Esa parte del PRUT fue ejecutada por Woolpert Internacional Inc, representado en Paraguay por el Ing. Felipe Resck y el Consorcio Grupo de Ingeniería y Catastro, GICAT, representado por el Lic. Miguel A. Cardona y el Ing. Guillermo Casado.
Otro crédito de 9 millones de dólares fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con una contra partida local de 1 millón de dólares. Este proyecto se denominó «Programa de Catastro Registral», PROCAR. Este préstamo fue contratado mediante la Ley 2.551 de 2003 y fue ejecutado bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. El objetivo de este préstamo era «promover el uso eficiente del recurso tierra y contribuir al ordenamiento territorial del Paraguay. El propósito es mejorar la administración de las tierras en el país». Este crédito fue administrado por el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. Nada se hizo, prueba de ello es el tremendo desorden existe en toda la República, donde los mafiosos, con influencias políticas y mediáticas, imponen sus «derechos».
Se habla de un tercer crédito también por 10 millones de dólares, que se habría obtenido bajo el gobierno de González Macchi, pero que se dilapidó por completo. Existirían, empero, rastros de ese préstamo que actualmente sigue pagando los contribuyentes paraguayos.
La Contraloría
En el 2008, un grupo de ciudadanos encabezado por el Ing. Augusto Rios Tonina, solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría sobre todos estos préstamos otorgados al Paraguay, supuestamente para la elaboración de un catastro nacional. Se le denunció públicamente al anterior contralor, Britez Airaldi, haber encajonado el expediente y solo después se iniciaron los estudios. Hace dos meses, aproximadamente, se terminó la auditoría con más de 60 páginas, celosamente guardada por la actual administración de la Contraloría. El presidente de la República, Fernando Lugo, debería solicitar a través de sus asesores jurídicos las conclusiones de esa quemante auditoría.
Villarejo Codas
Con relación a los nexos del actual director del Servicio Nacional de Catastro, José Tomás Villarejo Codas, es primo del actual vicepresidente de Patria Querida, Daniel Codas. Este es hijo del Ing. Lorenzo Codas, quien se desempeñó por muchos años como director de obras del Instituto de Previsión Social, IPS, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner.
Según una página digital del Ministerio de Hacienda, Villarejo Codas prestó servicio a la consultora Electromont, que se integró el 19 de enero de 1983, para acaparar trabajos de consultorías de Itaipú Binacional. Electromont es producto de la fusión de Monitor S.A. y Electropar. El primer directorio de Electromont quedó constituido de la siguiente manera: Jorge Prieto Conti, presidente de la empresa, alto directivo de la ANDE cuando se firmó el Tratado de Itaipú, socio de Emprendimientos con Enzo Debernardi y de Electropar. Hugo Cataldo Fernández, socio de Electropar y hermano de Pedro Antonio Cataldo, socio de Emprendimientos. Miguel Angel Manzoni, primo de Wasmosy y socio de Monitor. Alfredo Ratti, socio de Monitor y Juan Alfonso Borgognon, quien fue ministro de Agricultura y Ganadería de Wasmosy. Bajo largos años Electromont S.A. monopolizó los trabajos de consultoría en el área electromecánica, con contrataciones directas, sin licitación alguna.
Como se podrá notar, varios de estos nombres están ahora en la disputa por las tierras, como en el caso de Ñacunday, acusando a los campesinos de haraganes y al gobierno de promover la desestabilización, apoyados por algunos medios de comunicación con intereses inmobiliarios y asociados a poderosas multinacionales del agronegocio, como el diario ABC Color de Aldo Zuccolillo.
Idilio Méndez es periodista, investigador y analista. Autor del libro los Herederos de Stroessner.