Los sucesos de Cajamarca han constituido un hito en el proceso peruano. Bien podría decirse que una buena parte de las definiciones políticas. Ha tenido que ver con ellos, de modo tal que muchos han variado -o confirmado- sus puntos de vista y sus apreciaciones a partir de los mismos. De modo general el tema […]
Los sucesos de Cajamarca han constituido un hito en el proceso peruano. Bien podría decirse que una buena parte de las definiciones políticas. Ha tenido que ver con ellos, de modo tal que muchos han variado -o confirmado- sus puntos de vista y sus apreciaciones a partir de los mismos. De modo general el tema de La Conga ha servido para poner a contraluz el carácter y la esencia del gobierno de Ollanta Humala, para debatir su condición de progresista o reaccionario; de nacionalista o entreguista; de liberador o capitulador. No está de más decir que ha habido quienes -como los viejos transfugas- han pasado de una caracterización a otra con asombrosa, y preocupante, rapidez.
Dijimos desde un inicio que el gobierno de Ollanta Humala no podía ser definido propiamente como un gobierno «de izquierda». En su momento, el propio mandatario se encargó de advertirlo, sosteniendo la idea que esa formulación, en el contexto concreto, carecía de sustento: había fuerzas que no eran «de izquierda» y tenían posiciones progresistas; y otras que se reclamaban de «izquierda» pero jugaban objetivamente un rol conservador y aún reaccionario. Verbi grattia, Sendero Luminoso.
Las ultimas semanas, curiosamente, los hechos parecieran haberle dado la razón al mandatario peruano. No todos se han definido como se esperaba, ni han sido consecuentes con lo que se presumía de ellos. Cada quién ha cambiado de opinión dando, sin embargo, sustento teórico y fundamentación política a inesperados giros.
Sostuvimos, amparados en la realidad, que el gobierno de Humala no era una estructura homogénea. Que en su interior coexistían en equilibrio más o menos precario, fuerzas distintas, y aún contrarias. Era, como expresión política, el producto más bien de una elección compleja en la que fue preciso sumar variantes electorales y porcentajes, haciendo concesiones de diverso tipo. La composición del régimen dependía entonces mucho más de la realidad, que de la voluntad de sus actores. Y constituía por tanto un reto para todos, en particular para un movimiento popular que tenía el deber de jugar sus propias cartas defendiendo sobre todo los intereses nacionales y los derechos del pueblo y los trabajadores. En otras palabras, no «colgarse» de nada, sino hacer su propia lucha.
La vida, hasta hoy, nos ha dado la razón. No obstante, las cosas ciertamente, aún pueden cambiar. Y es que -como se ha dicho muchas veces- la política constituye una expresión de la fuerza, Y la correlación de ellas, es la que regula el desarrollo de los acontecimientos. Y eso, es algo que todos debiéramos entender. En las condiciones concretas, los sucesos de Cajamarca han sido enfocados a partir de dos estrategias más o menos marcadas.
Una, ha sido la estrategia de la confrontación, diseñada en lo fundamental por los grandes medios de comunicación al servicio del Imperio y de la Mafia, y a la cual se han sumado diversos segmentos: La derecha, por cierto, pero además uno, existente en el interior del gobierno, interesado en doblegar la voluntad de la ciudadanía recurriendo a los caminos de la fuerza y de la represión; y otro en el seno del pueblo. Partidos políticos, instituciones representativas y segmentos sociales distintos han adherido a la idea de la confrontación buscando en todos los casos el agravamiento de la crisis como una manera de confirmar su derrotero. Desde esa óptica, no hay otro camino que imponer «el orden» mediante la represión y la fuerza.
A esta estrategia, curiosamente se han añadido -como se ha dicho- algunos sectores del movimiento popular. Grupos y fuerzas ganados por la impaciencia o la soberbia, o simplemente por el dogmatismo; han pretendido usar los acontecimientos para «confirmar» su propio discurso: la debilidad del régimen, su falta de coherencia política, su «ausencia de compromiso» con el país. En unos casos por inexperiencia y en otros por cálculo partidista, hay quienes aseguran que, finalmente, el gobierno «se desenmascaró», y que hoy no es sino «una dictadura militar» dispuesta a «aplastar al pueblo».
Algunos elementos perfilados en el escenario concreto han contribuido a que estas ideas pasen a ser sustentadas por quienes hasta ayer no más sostenían otros puntos de vista y auguraban un futuro distinto para el país. Declaraciones como «Conga, va!» o «yo no acepto presiones de nadie»; o hechos como el viaje del ministro Herrera Descalzi en el vuelo de Yanacocha Airline, la declaratoria del Estado de Emergencia en Cajamarca, la posterior detención injustificada -por diez horas- de uno de los lideres del movimiento regional del norte -Walter Saavedra- o incluso el bloqueo de las cuentas del Gobierno Regional de Cajamarca, han «dado piso» a estas formulaciones que han caído como anillo al dedo a los planes de la reacción.
Porque es ella, definitivamente, la interesada en «derechizar» al gobierno. La empeñada en convencer a la ciudadanía que hoy el régimen de Humala dio «un giro», y que «olvidó» sus promesas del pasado a favor de un pragmatismo en cierto modo previsible. Los áulicos de la Mafia -como los diarios «La Razón» o «Correo»- o los voceros oficiales u oficiosos de la embajada americana, desde Fernando Rospigliosi hasta Cecilia Valenzuela, buscan obsesivamente persuadir al peruano de la calle asegurándole que no podrá esperar nada de este gobierno porque «ya cambió». Y lo hizo -como lo dicen- porque «una cosa es con guitarra, y otra con cajón». Es decir, no es lo mismo decir que hacer. La modalidad operativa de la mafia – decir una cosa y hacer otra- es, en ese esquema una hipocresía indispensable.
Lo que buscan con su prédica es muy simple: lograr que la gente pierda la confianza en el gobierno de Humala y se convierta en su adversario. Así, será más fácil desacreditarlo primero, y destruirlo después. Adicionalmente, buscan generar un abismo sin fondo que separe al pueblo del gobierno, para que los gobernantes vean en los trabajadores sus enemigos. Y que estos confundan a unos adversarios con otros, de modo tal que terminen siendo usados en perjuicio de sus propios intereses.
Como parte del juego de la reacción está desacreditar al Presidente Nacionalista para aislarlo políticamente y luego quebrarlo. El paso siguiente, será humillarlo, hacerlo sentir inepto y repudiado. Finalmente, tirarlo al cesto de papeles viejos sin miramiento alguno. No le perdonarán jamás el que los haya derrotado electoralmente y, menos, el que haya abierto los ojos a una parte de la ciudadanía mostrando que sí, que es posible luchar en el Perú contra los privilegios. Como parte de este juego, la embajadora yanqui declara todos los días en la «tele» y se mete en la política peruana a su antojo.
Esta estrategia de la confrontación es ciertamente peligrosa porque alienta pugnas y desconfianzas entre fuerzas que tienen por delante un largo camino. Y porque conduce a desmoralizar al pueblo: a hacerle creer que «no hay salida», que cualquiera «puede cambiar» o puede venderse; porque, en definitiva, no hay otro camino que «rendirse ante la evidencia». La «evidencia» -claro- es que el Poder real lo tienen ellos, y que en sus manos estará siempre -irremediablemente- la capacidad de decidir las cosas. Lo confirma el hecho que tienen en sus manos los medios de comunicación que han convertido en ejes de la política a los «analistas» más reaccionarios y a los congresistas mafiosos.
Por eso hay que hacer un gran esfuerzo -gobierno y pueblo- por resolver esta crisis por otra vía, usando más bien la estrategia de la concertación y el acuerdo, al que se podrá llegar mediante el debate abierto de los problemas del país.
Así como hay sectores en el seno del gobierno que no tienen voluntad de acuerdo con las poblaciones, hay también otros que sí se muestran dispuestos a una salida concertada. Y como en el movimiento popular hay grupos intransigentes y sectarios que no aceptan nada; también hay quienes miran el escenario concreto y buscan acuerdos sin doblegarse ante la presión oficial ni someterse a los designios de la empresa Yanacocha.
Es indispensable subrayar que alentar la concertación no implica, en ningún caso, renunciar a la lucha. Ni siquiera desestimar las formas de acción que contribuyan a afirmar la unidad, la organización y la conciencia política de las personas. Por el contrario, constituye un modo concreto de asegurar que ella transite por camino s más sólidos y conduzca a la victoria. Y es que la experiencia confirma que no basta defender una causa justa para triunfar. Es necesario tener fuerza para imponer esa causa asegurando en los hechos la derrota de quienes buscan oponerse a las causas justas y recurren para ese efecto a acciones perversas o equívocas.
En nuestro país, tanto en el gobierno como en el pueblo, hay segmentos interesados en promover un acuerdo que ayude a superar crisis como ésta, recuperar la confianza y seguir en la tarea de afirmar el futuro.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.
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