La crisis política y económica que se vive en gran parte del continente latinoamericano se ha profundizado en el 2019. Las revueltas en Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia son solo una muestra de la convulsión que se padece en Sudamérica y que ha hecho que los ojos de la prensa internacional y los cientistas políticos […]
La crisis política y económica que se vive en gran parte del continente latinoamericano se ha profundizado en el 2019. Las revueltas en Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia son solo una muestra de la convulsión que se padece en Sudamérica y que ha hecho que los ojos de la prensa internacional y los cientistas políticos estén nuevamente en nuestros países y que además se planteen una serie de hipótesis sobre el origen del descontento social y los actores en disputa.
Podríamos encontrar que las protestas obedecen a diferentes factores, el principal podría encontrarse en la economía, que desde la izquierda y centroizquierda asocian al agotamiento del neoliberalismo y otros – muchos menos drásticos – hablan de que es por la necesidad de hacer ajustes al modelo económico-social para así garantizar el bienestar que espera la población. Estas reflexiones son comunes de escuchar sobre el caso chileno a través de diferentes medios de comunicación. Recordemos que es Chile donde precisamente se implementó inicialmente el modelo neoliberal y donde hoy vive su peor crisis de legitimidad.
Otros países como Ecuador y Colombia expresan también las contradicciones del modelo económico, sin resultar antagónicas como el caso chileno, se han sucedido protestas violentas de indígenas y sindicatos con salidas de transacción con el gobierno, en el caso ecuatoriano, y protestas aun sin niveles de negociación que se siguen dando en el caso colombiano, con una fuerte participación sindical y juvenil pero sin las exigencias «refundacionales» que tienen en Chile (Nueva Constitución).
A ello debemos sumarle el caso Boliviano, pero que no puede tener el mismo tratamiento que sus países vecinos, ya que las demandas en las protestas inicialmente respondían a reclamos políticos, no económicos, ya que no se cuestionaba el modelo de desarrollo – bastante exitosos según la mayoría de economistas – sino el proceso que llevaba a una nueva reelección del hasta entonces presidente Evo Morales; a ello hay que agregar que una vez fuera del gobierno Morales, las protestas han continuado pero en dirección contraria, esencialmente buscando reponer a Morales en el gobierno y desafiando lo que la mayoría indígena denomina un golpe de estado racista y oligárquico de las elites económicas en alianza con el poder militar.
Otros países de la región como Argentina, a pesar de estar atravesando una de sus peores crisis económicas vienen canalizando el descontento a través de la renovación de sus gobernantes por la vía de las elecciones, castigando en las urnas al gobierno de Macri y logrando un transición más o menos ordenada con la oposición que tienen como agenda desmontar las reformas neoliberales que han llevado a un empobrecimiento de la mayoría de la población, así como el mayor endeudamiento de la historia Argentina con los organismos financieros internacionales (FMI).
En el caso del Perú resulta siendo cada vez más evidente que la lucha anticorrupción ha terminado siendo el catalizador del descontento, y que esta es la que finalmente está salvando al modelo económico de cuestionamientos por parte de la población, la mayoría de las personas al parecer ha terminado asumiendo que sus carencias están asociadas no al neoliberalismo económico, sino que guarda un vínculo directo con la corrupción de la clase política y empresarial, a ello también hay que agregarle que quizás el Perú es el país con el tejido social más desarticulado de nuestro continente (sindicatos casi desparecidos durante el fujimorismo), donde el individualismo y la «filosofía del emprendedor» han terminado siendo sentido común y «naturalizados» en la mayoría de la población.
Frente a estos escenarios de crisis y confrontación han surgido diferentes respuestas, en las cuales se puede reconocer la fragilidad de los gobiernos y del poder político, ya que estos finalmente resultan espacios meramente formales y sin mayor poder frente a la arremetida de la protesta social, donde el poder militar viene jugando un rol fundamental al momento de sostener los gobiernos como el caso de Ecuador, Chile y Colombia, o de finalmente promover la salida de estos vía un golpe de estado como en el caso Boliviano.
El Perú tampoco escapa a ello, la evidencia se puede encontrar en la imagen que hizo circular por las redes el presidente Martin Vizcarra la noche que decidió disolver el congreso, esta fotografía retrataba al presidente con los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y policiales, enviando así a la opinión publica una clara señal de apoyo en momentos que el disuelto Congreso pretendía desconocer el mandato de Vizcarra invistiendo a Mercedes Araoz como la nueva presidenta. Cuando hay situaciones de aparente inestabilidad y confusión, finalmente son los militares los que terminan inclinando la balanza, en lo que corresponde a la correlación de fuerzas en la pugna por el poder.
Con el poder político (gobierno y parlamento) carente de legitimidad, el poder económico sin mayores apoyos sociales y sin nada nuevo que ofrecer, además del poder ideológico en crisis por la falta de credibilidad de los medios de comunicación, y el poder social que puede estar dividido como en Bolivia, o que solo se puede expresar actitudes «movimientistas», anárquicas y espontaneas como en Chile, son los militares y la policía los que tienen el monopolio de la fuerza y la posibilidad de definir la continuidad o no de los gobiernos por el apoyo que les den o les quiten.
Ello también guarda relación con el renacimiento de las tendencias autoritarias presentes en sectores importantes de la población que no tienen una valoración positiva de la democracia, o no encuentran en ella el mecanismo o la vía para salir de la pobreza y ascender socialmente; en el caso Boliviano sectores de la oposición más conservadora instrumentalizan la democracia en función a sus intereses y si es necesario prescindir de ella lo hacen vulnerando el estado de derecho que decían defender.
La falta de reacción de la mayoría de las elites latinoamericanas y además su carencia de propuestas de solución a la crisis se puede encontrar en el discurso articulado que niega el origen estructural de los conflictos, responsabilizando de la convulsión a posibles agentes externos, retomando el discurso de la «guerra fría» donde una posible amenaza e infiltración comunista se cierne sobre nuestro continente, este discurso incluso ha sido alentado desde espacios como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la gestión conservadora de Donald Trump que se encuentra alarmada no ante la infiltración ideológica del comunismo, sino de las inversiones rusas y chinas cada vez más frecuentes en Latinoamérica.
En Bolivia frente a las protestas por el golpe de estado a Evo Morales el gobierno interino también ha relacionado los reclamos a una posible infiltración cubano- venezolana y a la presencia de extranjeros con armas de fuego, para así fabricar un enemigo que les permita legitimar la represión y el gobierno cívico-militar, para ello tiene la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación. Pareciera que hubiéramos retrocedido a la década del 70 en nuestro continente, solo que ahora aún se guardan ciertas formas para dar la apariencia que se mantiene la democracia y el estado de derecho, independientemente de la legitimidad que se perciba.
No se puede decir lo mismo del Perú , porque lo singular es que lo sectores más conservadores de la derecha son los que acusan al gobierno de «comunista» o de tener una agenda extremista, ello con el fin de deslegitimar la lucha anticorrupción, sin embargo su prédica no tiene mayor eco mediático y es claro ante la población que el gobierno de Martin Vizcarra lejos de ser «comunista» es profundamente neoliberal, para ello solo basta ver las leyes en materia de beneficios tributarios para las empresas mineras o su paquete de medidas de flexibilidad laboral que apuntan – aún más – a precarizar el empleo para millones de peruanos.
Podemos ir concluyendo que en Sudamérica hay una fuerte crisis del sistema democrático, por razones económicas en el caso de Ecuador, Colombia y Chile, y también por causas políticas como en Bolivia y Perú, además se evidencia que en la correlación de fuerzas en estos países son los militares y policías los que resultan siendo el pilar fundamental en el que sostiene el poder político. Con un poder económico (empresarios) cuestionados por la corrupción y sus privilegios, con el poder ideológico fragmentado en medios de comunicación sin credibilidad y discursos anti-neoliberales sin expresión política visible, además de un poder social que se expresa sin conducción política y objetivos definidos, son los militares quienes parecen tener el escenario claro, y los objetivos e intereses que tienen que defender.
Queda por ver el escenario futuro con el rol que jugaran México y Argentina en la articulación de un bloque geopolítico que se enfrente Estados Unidos y Brasil, asimismo también está pendiente la sostenibilidad del gobierno de facto Boliviano y el resultado de la próximas elecciones, así como el liderazgo de Brasil que se encuentra debilitado por su mismo presidente que ha terminado con un serio problema de legitimidad mundial, todo ello en el corto plazo, y a largo plazo están las futuras elecciones en Perú, Chile y Ecuador que pueden terminar inclinado el escenario latinoamericano nuevamente hacia la izquierda o centro izquierda. Como se puede apreciar tenemos un escenario abierto.
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