He aquí una condensada valoración del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. *) Un gobierno con gran apoyo popular. Las mismas firmas encuestadoras que diagnostican que Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, cuenta con un apoyo popular que oscila entre el 30 % y el 10 % (CID Gallup, Borge y asociados, COPEL, y […]
He aquí una condensada valoración del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
*) Un gobierno con gran apoyo popular. Las mismas firmas encuestadoras que diagnostican que Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, cuenta con un apoyo popular que oscila entre el 30 % y el 10 % (CID Gallup, Borge y asociados, COPEL, y otras muchas), revelan que Ortega gobierna con una aprobación popular de alrededor de 60 % o más. Este hecho me resulta sustancial, en cuanto el consenso es el único parámetro que asigna legitimidad a cualquier régimen político; y sin él es imposible cualquier cambio social progresivo.
*) No hay revolución, pero sí populismo progresista. Hablar de «revolución» o «socialismo» en el régimen de Ortega es retórica cristalina. Sin embargo, del 2007 hasta hoy, el diseño político impulsado responde a los cánones del populismo de izquierda definido por los teóricos latinoamericanos de la dependencia. Un bloque en el poder donde confluyen los siguientes componentes: a) la alianza hegemónica entre el antiguo capital oligárquico y los nuevos ricos con orígenes sandinistas. b) Una serie de providencias asistenciales que, en alguna medida, han beneficiado a las clases populares. Y c) Un margen importante de autonomía en política internacional, respecto a los lineamientos que impone USA como centro que dirige el proyecto de capitalismo imperialista en el siglo XXI.
*) La política económica: una convivencia de antípodas. Al llegar nuevamente al gobierno en el 2007, Ortega heredó un implante estructural del neoliberalismo en la economía, en estado muy avanzado. Producto de 16 años de gobiernos de la derecha oligárquica colonizada. Ortega no ha variado un ápice la estructura económica heredada, y más bien la ha profundizado. Ha firmado más TLC neoliberales que los gobiernos anteriores, y la política económica oficial (la que se deriva de la aplicación presupuestaria) ha estado estrictamente tutelada por el FMI mediante un equipo económico nativo que le sirve de cadena de transmisión. Esta dirección económica – cadena de transmisión, ha venido aplicando las recetas más conservadores de la ortodoxia neoliberal: Estado mínimo cercenado de sus funciones estratégicas; rigurosa contracción del gasto público; política fiscal que favorece a los ingresos y patrimonios más elevados; bajo nivel de los salarios (los más bajos de Centroamérica); limitadísima cobertura del seguro social y de prestaciones laborales entre la población trabajadora, cerca del 27 % al 30 % de la PEA (con una presión del FMI para que esta cobertura se reduzca aún más); apertura indiscriminada y desgravación acelerada (en medio de una pasión orgiástica por nuevas firmas de TLC). Este fanatismo por los TLC se complementa con un acelerado y crónico incremento del déficit comercial y del endeudamiento con los organismos financieros del sistema (Banco Mundial, BID, FMI,BCIE); un aumento lenitivo de las remesas familiares (aproximadamente 1442 millones de dólares anuales, lo que devela un sistema que sigue exportando su fuerza de trabajo); y una inversión extranjera esencialmente depredadora, especializada en la desacumulación interna de capital.
Sin embargo, junto a la conducción oficial tutelada por el FMI, existe otro vector de política económica, opuesto a la ortodoxia neoliberal. Éste surge del funcionamiento de una suerte de Estado fáctico paralelo que deriva sus políticas de la cooperación venezolana y del proyecto ALBA (En el lapso 2007 – 2015, Nicaragua ha recibido un promedio anual de aproximadamente 500 millones de dólares, por concepto de la ayuda venezolana). Estas políticas han permitido superar la parálisis y el caos energético heredado del gobierno de Enrique Bolaños, y también desarrollar los programas hambre cero, usura cero, de viviendas populares, de crédito productivo, de subsidios en especie (urea, semillas) y asistencia técnica a las cooperativas, de subsidios al transporte colectivo, de subsidios monetarios y en especie a los asalariados, de subsidio a las tarifas eléctricas, de titulación de tierras a pequeños propietarios rurales y urbanos, de fortalecimiento municipal y desarrollo comunitario, de una favorable campaña de alfabetización; de la desmercantilización de los servicios de educación y salud pública, y una pequeña mejora en la calidad de su oferta, etc. Son políticas contrarias y alternativas al enfoque oficial conducido por el FMI, y gracias a ellas el gobierno ha favorecido al mayoritario sector de trabajadores informales (más del 50 % de la PEA); a los pequeños y medianos productores agrícolas, especialmente aquellos organizados en cooperativas; ha logrado una significativa mejora de la ingesta alimentaria de la población (según la FAO, entre 2010 y 2012 la subnutrición se redujo de un 55.1 % a un 20.1 %); ha alcanzado alguna reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema; y ha dinamizado el mercado interno.
El maridaje de políticas FMI – ayuda venezolana y proyecto ALBA, ha posibilitado durante el lapso 2007 – 2015, un crecimiento promedio anual del PIB de 4.5 %, uno de los más altos de América Latina.
Empero, el enfoque económico de Ortega de convivencia de antípodas, está entrando en una profunda crisis con trazos de callejón sin salida. Por dos razones. La primera, debido a la coyuntura venezolana, su cooperación en el 2016 casi desapareció y tiende a extinguirse. Sin la ayuda venezolana los programas sociales no son sostenibles.
La segunda razón. El circuito espurio que sostiene la políticas FMI: incremento crónico del déficit comercial – remesas familiares paliativas – inversión extranjera depredadora – acelerado endeudamiento con las IFIS, demarca una hoja de ruta que sólo tiene como destino final la asfixia financiera, y establece las condiciones que propician el chantaje político estadounidense, cuya dinámica ya está en marcha.
*) Un viejo síndrome de la derecha colonizada. Como lo ha hecho en diferentes partes del mundo, USA con el apoyo de su furgón de cola, la Unión Europea, ha creado un segmento mercenario en la sociedad civil nicaragüense que actúa conforme sus directrices. Está compuesto por un pequeño grupo político resultado de la alianza de dos organizaciones: la que encabeza el oligarca Eduardo Montealegre («el hombre de la Embajada»), que últimamente se bautiza como «Ciudadanos por la libertad»; y la otra organización es la que se denomina MRS («Movimiento Renovador Sandinista»), que la integran antiguos sandinistas enfrentados a Ortega.
Ambas financiadas por la AID, la NED (National Endowment for Democracy), las fundaciones creadas por el bipartidismo USA (Republicanos y Demócratas), y la Unión Europea, se autodenominan como «la auténtica oposición a Daniel Ortega» aunque según todas las encuestas, con dificultad logran el 5 % de apoyo popular. Esta autollamada «auténtica oposición» se ha dedicado a hacer lo que históricamente ha hecho la oligarquía colonizada nica, cuando la relación de fuerzas internas no le permite vencer al enemigo: solicitar la intervención de USA (así llegó William Walker a Centroamérica en el siglo XIX; así se produjo la ocupación colonial de Nicaragua de 1911 a 1934; así se gestó la guerra «contra» de Reagan y Bush padre en los años 80 del siglo pasado).
Resultado de su gestión intervencionista, el Congreso USA ya aprobó un proyecto de ley nombrado «Nica Act», que se encuentra en el Senado para continuar su curso de aprobación. Si se aprueba la «Nica Act», el gobierno USA vetaría todos los créditos de las IFIS para Nicaragua.
Sin la ayuda venezolana y asfixiado financieramente por las IFIS, el modelo populista de Ortega llegaría a su fase de crisis terminal.
Alguien lúcido de su círculo áulico, alertó a Ortega de que lo que está sucediendo podría acontecer. Por ello, Ortega está buscando una salida con el proyecto de canal interoceánico. La viabilidad de este proyecto no es descartable, pero está asediada por escenarios inciertos cuya complejidad amerita un análisis específico.
*) Lo más positivo: la política exterior. No es posible ignorar el papel relevante que ha jugado el gobierno Ortega en la conformación de un bloque de fuerzas que, a nivel mundial, resiste la voluntad del Establishment estadounidense de imponer un orden imperial global unipolar que responda implacablemente a sus dictados. Ahí están los hechos.
-) La adscripción consecuente de Nicaragua al ALBA, que lidera la lucha antimperialista y la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.
-) La promoción de la unidad de Nuestra América, y el alineamiento y coordinación de Nicaragua con el grupo de gobiernos latinoamericanos de signo progresista.
-) La brega por fortalecer a la CELAC, con la perspectiva de que se convierta en el organismo que desplace a la OEA.
-) El apoyo brindado al organismo que aglutina a los países emergentes antisistema, que surgió con el mote de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Y que después del golpe de Estado en Brasil tendrá que cambiar su denominación (yo propondría la de CRIS, es decir, China, Rusia, India y Sudáfrica). -) Las relaciones de colaboración de Nicaragua con Rusia, China e Irán; la defensa firme del pueblo palestino frente al accionar genocida israelí.
-) El papel de liderazgo que jugó Nicaragua en la oposición al golpe de Estado en Honduras.
-) La brillante gestión de Miguel De Escoto como Presidente de la Asamblea General de la ONU, que durante un año fue capaz de evidenciar el funcionamiento de una organización mundial gobernada por los pueblos.
Esta autonomía relativa en política internacional explica también la desconexión del Ejército y la Policía nicaragüenses del «tubo» estadounidense, que ha posibilitado que en Nicaragua se den dos fenómenos insólitos: que desde México hasta Colombia, sea el único país en que el narcotráfico no ha penetrado la cúpula de las fuerzas armadas. Y que a pesar de sus índices de pobreza sea uno de los pocos países en América Latina y el mundo con altos niveles de seguridad ciudadana.
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