La Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos) ha hecho balance del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018): 161 personas defensoras de los derechos humanos y 40 periodistas asesinados «de manera impune» (al menos 41 de los defensores finiquitados pertenecían a una comunidad indígena). El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo otro […]
La Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos) ha hecho balance del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018): 161 personas defensoras de los derechos humanos y 40 periodistas asesinados «de manera impune» (al menos 41 de los defensores finiquitados pertenecían a una comunidad indígena). El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo otro recuento respecto al mismo periodo: 12.796 asesinatos de mujeres entre 2012 y 2017, de los que sólo en el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio. ¿Qué estructuras económicas subyacen a la violencia?
Rodrigo Yedra, miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resalta las desigualdades, el peso que adquieren en México el negocio del narcotráfico y el capitalismo «ilegal», así como los proyectos de grandes infraestructuras que atraviesan el territorio. El investigador ha colaborado con artículos en los libros «Chevron. Paradigma de la catástrofe civilizatoria» (Siglo XXI y UNAM, 2017) y la revista «América Latina en Movimiento», que publican el OLAG y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). La entrevista se realiza tras la jornada organizada en Valencia por la Asamblea de Solidaridad con México y la Universidad Politécnica sobre el «despojo capitalista» en México.
-El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recuerda el caso «Tierra Blanca»: cinco jóvenes detenidos -en enero de 2016-cuando se trasladaban desde el Puerto de Veracruz hasta Playa Vicente, y que fueron desaparecidos y ejecutados; la responsabilidad recae en «elementos de la Policía Estatal en contubernio con el crimen organizado»; también el caso de las mujeres de Atenco, que denunciaron torturas sexuales por parte de la policía; y el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa…
Naciones Unidas da cuenta del asesinato, desde el inicio de 2019, de siete defensores de derechos humanos (13 en 2018, de los que nueve eran defensores indígenas). Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa del homicidio de 140 periodistas desde 2000, con un grado de impunidad del 90% (21 periodistas permanecen desaparecidos desde 2005). El pasado 20 de febrero fue asesinado en Amilcingo (Temoac, Morelos) Samir Flores Soberanes, locutor y fundador de Radio Comunitaria Amiltzinko, defensor del territorio y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA); este movimiento popular rechaza el desarrollo del «Plan Integral Morelos», que incluye la planta termoeléctrica de Huexca y un gasoducto en la región de Morelos.
-El filósofo y politólogo camerunés Achille Mbembe acuñó el término de «necropolítica» en un ensayo publicado en Francia en 2006. Plantea que, en última instancia, la soberanía reside en «el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir». ¿Puede aplicarse esta idea a México y la presencia del narcotráfico?
En México se han producido 250.000 asesinatos en relación con la «guerra del narcotráfico», desde que ésta comenzara en diciembre de 2006 hasta la actualidad; a esta cifra se suman los más de 40.000 desaparecidos según cifras oficiales. Hay lugares donde el Estado mexicano no ejerce a través de la policía el control del territorio, que se lo disputan cárteles del narcotráfico y bandas criminales. Así, en el estado de Guerrero, donde se halla el puerto de Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, operan -y también luchan ente ellos- cárteles como el de «Jalisco Nueva Generación», los «Caballeros Templarios», el «Cártel del Sur», el «cártel independiente de Acapulco», «Los Ardillos» o «Los Rojos» (el 9 de enero la Fiscalía de Guerrero informó de las detenciones de Ángel «N» y Erika «N» alias «La Nena», líderes del grupo criminal «Gente Nueva», que actúa en el norte de Guerrero; se les acusa de homicidios, extorsiones, secuestros y robos. Tres municipios del estado de Guerrero están entre los diez más afectados por la violencia en el país, según la ratio de 2018 que publica la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Nota del entrevistador).
-¿Qué piensas sobre las explicaciones de la «espiral» de la violencia basadas en el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y cárteles del narcotráfico? ¿O que giran en torno a la batalla entre los cárteles, por ejemplo entre el de «Sinaloa» y el «Jalisco Nueva Generación»? ¿O en las peleas intestinas cuando alguno de los grupos criminales queda descabezado?
Estoy de acuerdo, pero también hay una parte de la violencia que es responsabilidad del Estado mexicano ya que el ejército -al contrario que la policía, que se encarga de la seguridad pública y cuenta con protocolos de actuación- se implanta en el territorio de manera muy violenta y lucha abiertamente como en una guerra. Sucedió en el municipio de Tlatlaya (Estado de México), donde los militares ejecutaron en junio de 2014 a 15 civiles en una bodega; después alteraron las pruebas y el escenario de los hechos, para que pareciera un enfrentamiento. Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así lo acreditó.
-Los pueblos originarios. A partir de la consideración de indígena como la persona que habla una lengua autóctona, o el que forma parte de un hogar en el que padre, madre o ascendientes hablan una lengua indígena, el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo de la Política Social (CONEVAL) señala que en 2016 el 71,3% de la población indígena, es decir, 8,3 millones de personas, vivían en la pobreza. ¿Qué importancia tiene el Congreso Nacional Indígena?
En México existen 68 pueblos indígenas y 25 millones de personas se reconocen como tales, lo que representa entre el 15% y el 20% de la población mexicana; 7.382.000 personas hablan una lengua originaria. En cifras absolutas, México tiene la población indígena más numerosa de América Latina. Los estados con mayor presencia son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán y Guerrero.
Uno de los problemas es que, en general, los gobiernos no han garantizado las mediaciones para la comunicación en lenguas indígenas; de hecho, doctores, enfermeras, maestras y funcionarios de justicia hablan en castellano. El Congreso Nacional Indígena se constituyó en octubre de 1996, representa a la gente más organizada de las poblaciones originarias y la más afectada por la implantación de megaproyectos. Definen su lucha como «abajo», «a la izquierda» y «anticapitalista»; otro de sus lemas es «¡Nunca más un México sin nosotros!». Un principio importante es que cada comunidad y asamblea decide, de manera autónoma, de qué modo se organiza.
-La frontera y la migración, más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, según cifras oficiales…
Una de las principales fuentes de divisas para la economía de México son las remesas que envían las personas migrantes (33.470 millones de dólares en 2018, un 10% más que en 2017, según el Banco de México), principalmente desde Estados Unidos; esto significa que los millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos están sosteniendo buena parte de la economía cotidiana de las comunidades campesinas, indígenas e incluso urbanas; además atraviesan México los emigrantes centroamericanos que se dirigen a la potencia del norte; ésta es la idea de Tijuana como lugar de paso que representa una de las letras del grupo de rock, punk, reggae y ska «Tijuana No!»: «Aquí en la esquina de un mundo tierra penúltima calle de Latinoamérica (…)».
Al otro lado está el muro, que comenzó a construir Clinton en 1994 y continuó George W. Bush a partir de 2006. Estados Unidos y México tienen una frontera común de más de 3.000 kilómetros. Construir un muro completo es prácticamente imposible, creo que es una declaración política de Trump para quedar bien con sus votantes (vallas y barreras de diferentes características cubren actualmente un tercio de la frontera entre los dos países. Nota del entrevistador).
-México es, en volumen de PIB, la 15 economía del mundo, pero se sitúa en el número 74 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. ¿Observas un panorama de pobreza y desigualdades?
El CONEVAL detalla que 53,4 millones de personas se hallaban en situación de pobreza en 2016, lo que supone el 43,6% de la población mexicana (estas cifras incluyen a 9,4 millones -el 7,4% de la población- en pobreza extrema). En cuanto a las desigualdades, el documento «México Justo» (2018) de Oxfam subraya que el modelo económico mexicano beneficia sólo a las élites, y que las tasas de pobreza y desigualdad han permanecido casi constantes durante la última década. En México viven el hombre más rico de América Latina y séptimo del mundo -Carlos Slim, con un patrimonio de 67.100 millones de dólares en 2018, según Forbes- y más de 50 millones de pobres; de hecho, el patrimonio de los mexicanos más ricos en 2017 sumaba 116.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 10% del PIB.
Además de Slim, el empresario Germán Larrea, propietario del Grupo México de minería, cuenta con una fortuna de 17.300 millones de dólares; Alberto Bailleres, propietario de la compañía minera Peñoles, de 10.700 millones; y Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, de 7.100 millones. Según el Banco Mundial, México es el décimo país más desigual del mundo. Otro aspecto relevante es que México tiene firmados 14 tratados comerciales, por ejemplo con Estados Unidos y Canadá (1992) y la Unión Europea (2000). Pero el castigo al salario mínimo de los trabajadores es la «punta de lanza» de la competitividad del país, que está vendiendo una fuerza de trabajo muy barata. Los salarios en México están entre los más bajos de América Latina.
-Por último, en puertos como el de Manzanillo (Colima), Acapulco (Guerrero) y Benito Juárez (Quintana Roo) no sólo es importante la entrada de mercancías; se sitúan en algunos de los municipios con mayores índices de violencia de México. ¿Qué peso tiene en el país la economía «ilegal»?
En México opera, como en cualquier otro país, un capitalismo «ilegal», pero con la agravante que el narcotráfico tiene una presencia generaliza. Pese a la imposibilidad de tener un conocimiento exacto, Sandy Elvia Ramírez Gutiérrez recuerda en la tesis «La empresa de la droga en México. Monopolio y Violencia» (2014) que los cárteles mexicanos ganaron al menos 7.000 millones de dólares por el traslado y venta de la cocaína en el mercado estadounidense; la investigadora cita como fuente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011).
Sandy Elvia Ramírez añade que las autoridades de Estados Unidos cifraron en 13.800 millones de dólares los ingresos, en 2006, por venta de drogas de los traficantes mexicanos; y concluye en la tesis que en México «se ha configurado un sistema criminal que desborda los límites de la ilegalidad y está cada vez más compenetrado con la economía legal». En una entrevista al periódico La Jornada (noviembre de 2018), José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señala que la venta de drogas ilegales produce a los cárteles mexicanos unos ingresos brutos de cerca de 30.000 millones de dólares anuales.
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