Muchos intelectuales afines al empresariado (entre ellos MVLL), han escrito y siguen escribiendo –algunos con sorpresa y otros con perplejidad– sobre el incendio social en Chile que acaba de cumplir dos meses, buscando explicaciones a un fenómeno que consideran inexplicable por tratarse de «la nación más exitosa y desarrollada de América Latina». Y lo hacen […]
Muchos intelectuales afines al empresariado (entre ellos MVLL), han escrito y siguen escribiendo –algunos con sorpresa y otros con perplejidad– sobre el incendio social en Chile que acaba de cumplir dos meses, buscando explicaciones a un fenómeno que consideran inexplicable por tratarse de «la nación más exitosa y desarrollada de América Latina».
Y lo hacen mirando nuestra realidad, donde, dicen, no pasa nada y todo parece bien pese a que nuestro nivel de ingreso per cápita es la mitad que en Chile, la inversión en salud y educación es mucho menos y los salarios y otros indicadores sociales son más bajos todavía.
Mucha de sus perplejidades y sus explicaciones seguían resonando en los medios cuando se produjo estos día la muerte de dos jóvenes trabajadores en una de las tiendas de la cadena McDonald’s. Estas muertes revelaron las condiciones inseguras, extenuantes y precarias en que trabajaban las víctimas, un hecho que parece haber sorprendido a los medios y cuya denuncia se ha viralizado en las redes y desatado muchas expresiones de indignación.
Claro, para esos escritores acostumbrados a mentir o disfrazar la realidad, el de McDonald´s es el caso «aislado» de un empresario al que «se le pasó la mano», en una realidad donde estamos mucho mejor que antes y que estaremos mejor siguiendo la ruta del llamado libre mercado.
La verdad es que la muerte de esos dos trabajadores: Gabriel Campos y Alexandra Porras, ambos de apenas 19 y 18 años, no es un caso único sino la realidad del trabajador peruano y sobre todo de los y las más jóvenes.
Las cadenas de tiendas Ripley y Saga son las más grandes del país y en ambos se violentan los derechos más elementales de los trabajadores: no se atiende la solución de sus pliegos de reclamos, se traslada trabajadores de una localidad a otra para hostigarlos y forzar sus renuncias, se les cambia de horario de trabajo, se les sobrecarga de más funciones y en vez de aumentar sus remuneraciones se les retira comisiones, se los despide, etc.
En el Banco de Crédito, el más poderoso del país, la dirigente sindical Viviana López dijo ante la revelación de los millones de dólares entregados por el dueño del Banco, Dionicio Romero, a la campaña de Keiko Fujimori, que cuando presentan su pliego de reclamos «el Banco siempre les dice: no hay plata», y nunca atiende sus reclamos, con una actitud hostil hacia la organización sindical.
En la multinacional cervecera Ambev también ocurre lo mismo. Además, se despidió 8 trabajadores de la planta de Motupe por ejercer su derecho a huelga, el dirigente Luis Samán fue acusado de «terrorismo».
En Alicorp, el más grande oligopolio de la alimentación, el dirigente obrero Frieder Porras fue sentenciado a 2 años de cárcel suspendida, por ejercer sus funciones como dirigente del sindicato, ante una denuncia de la empresa, en el marco de una infinidad de abusos que se comete contra los obreros.
La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que agrupa a las más poderosas multinacionales mineras afincadas en el país, no acepta negociar el Pliego Único de la Federación de Trabajadores Mineros, derecho reconocido por ley y con sentencia del Tribunal Constitucional, para mantener la «negociación» en separado con cada sindicato, donde siempre pueden imponer sus caprichos.
Si esta es la realidad de las más grandes empresas nadie puede sorprenderse de lo que ocurre en las medianas y más pequeñas.
En Hialpesa después de 8 meses 90 obreros siguen en la calle por un cese colectivo que la misma autoridad se ha visto precisada a declarar «improcedente», pero no hace nada para reponerles sus derechos y hacer que les paguen sus salarios (que apenas superan los mil soles). En Cogorno se aplicó dos ceses colectivos y luego de fracasar en los dos la empresa prepara un tercero, y en el camino ya forzó a la renuncia de más de 100 obreros.
En todas partes se sucede esta situación: los pliegos no tienen solución o se resuelven con centavos, se colocan cámaras, se exige más producción, se persigue a los dirigentes y activistas…
Todo esto ocurre con el silencio cuando no la abierta complicidad del Ministerio de Trabajo. Esto no es casual ni responde solo a la responsabilidad de la ministra Sylvia Cáceres, porque estamos ante un gobierno que implementa una reforma que pretende retirar y recortar derechos laborales, tal como lo consigna el gremio empresarial (CONFIEP) en su agenda.
Lo ocurrido en McDonald’s no es pues un caso aislado sino la expresión más brutal de una realidad social y política que vivimos los trabajadores peruanos como consecuencia de la política empresarial y de Gobierno.
El secretario general del sindicato de Ambev, José Galloso Vela, fue despedido por revelar ante los medios que la alta gerencia de la empresa tiene diseñado y ejecuta un llamado «Plan Troya» dirigido a debilitar la organización sindical, lo que se traduce en la persecución, hostilización y despidos que sufren los trabajadores y sus dirigentes. En su caso se materializó pretextando que sus declaraciones afectaban la «reputación» de la empresa.
Esta experiencia muestra que los empresarios implementan en cada empresa (Saga, Ripley, Hialepsa, etc.), su propio Plan Troya dirigido a debilitar a los sindicatos y recortar derechos a los trabajadores, como parte de la reforma laboral que promueve el Gobierno.
Toda esta situación viene siendo respondida en cada base donde grupos de trabajadores organizados y sus dirigentes están saliendo a pelear denunciando estos atropellos. En Saga, Ripley, Cogorno, Hialpesa, se realizan plantones, movilizaciones y hasta huelgas, muchas veces venciendo el miedo de nuevas represalias y despidos, pero convencidos no solo de sus derechos sino también de su dignidad como trabajadores.
Esto es una muestra de que los trabajadores no están dispuestos a ser avasallados fácilmente. Pero no es suficiente. No es suficiente porque no estamos ante casos aislados sino ante una política general del empresariado y del gobierno que no pueden ser vencidos en una sola empresa.
Esta comprensión es clave, de otro modo a la larga la resistencia terminará cediendo y las políticas del empresariado y del gobierno se impondrán, infligiéndole un retroceso importante al conjunto de la clase trabajadora.
Por eso es preciso unir hoy todas las resistencias, todas las fuerzas y todas las luchas en un frente común. Somos una misma clase que estamos enfrentando los mismos problemas derivados de una misma política, y quedarnos cada uno en nuestra trinchera solo puede terminar beneficiando a los planes patronales. En esta línea hay algunas iniciativas como la solidaridad (ayer con la huelga de Cogorno, ayer con la lucha de Hialpesa y seguro mañana con la de Saga Falabella). Pero se requiere más. Al Plan Troya hay que oponerle un Plan de lucha centralizado y unificado. A la Reforma Laboral de Vizcarra hay que una Plataforma Única que recoja las aspiraciones más sentidas de los trabajadores y de nuestro pueblo.
Que la muerte de los dos jóvenes trabajadores de McDonald´s no sea en vano y no nos quedemos en expresiones de indignación, depende que demos este paso concreto para cambiar nuestra actual situación.
Después de 60 días de fiera lucha y habiendo conquistado demandas importantes, Chile sigue en las calles y es un ejemplo que nos enseña lo que podemos ganar cuando luchamos unidos. ¡Nosotros tenemos más de mil razones para hacer lo mismo, y más!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.