Héctor Mario López Fuentes es llevado a juicio por asesinato de más de 10,000 civiles mayas
El general retirado Héctor Mario López Fuentes ingresó lentamente al tribunal arrastrando los pies. El ex jefe militar de 81 años había vivido en el anonimato en su casa ubicada en un suburbio de Ciudad de Guatemala desde que se retiró del Ejército a principios de los 80. El 17 de junio se emitió una orden de arresto contra él y su nombre apareció en los titulares de todo el mundo.
Ahora este anciano que sufre de cáncer a la próstata es el único miembro de las Fuerzas Armadas guatemalteca que enfrenta un juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Durante la corta dictadura del ex general Efraín Ríos Montt (1982-83), las Fuerzas Armadas lanzaron una campaña para perseguir a los grupos guerrilleros que operaban en la región altiplánica, así como a las comunidades indígenas que, según ellos, los protegían, estrategia conocida como «quitarle el agua al pez».
Los militares diseñaron un plan conocido como «Victoria 82» poniendo énfasis en una campaña para el altiplano conocida como Plan Sofía. Cualquier localidad donde se encontraran señales de actividades guerrilleras -escondites de armas o propaganda izquierdista- era considerada «subversiva» y sus pobladores asesinados sistemáticamente. Las comunidades abandonadas luego que sus aterrorizados residentes huyeran hacia las montañas, también eran destruidas, política conocida como «tierra arrasada».
«Recuerdo que el 3 de mayo de 1982 bajaron a la aldea aproximadamente nueve helicópteros y salimos corriendo porque sabíamos que mataban a la gente, nos quitaron todo, las casas, nuestros animales domésticos. A los hombres les daban en la cabeza con hachas para matarlos o con machetes los partían, a las mujeres embarazadas les sacaban a los bebés y los tiraban», declaró el 21 de junio Gaspar Velasco, sobreviviente de la localidad de San Francisco, ante el tribunal al que fue citado por la Fiscalía para dar su testimonio contra López Fuentes.
Los tres hijos de Velasco fueron asesinados y al parecer fueron lanzados a una fosa común anónima, como ocurrió con muchas otras personas. Hasta el momento sigue buscando sus restos para darles sepultura.
«A mi esposa la capturaron por 90 días y me contó que [ella y otras mujeres] fueron violadas. Después de salir de la comunidad nos fuimos a refugiar 17 años en la montaña sin ropa, ni comida y bajo la lluvia», agregó.
«Fueron muchos años de resistencia, por eso estamos dispuestos a dar nuestros testimonios para que se haga justicia», manifestó desde el banquillo de los testigos.
Como resultado de las políticas genocidas de Ríos Montt, más de 10,000 indígenas mayas fueron asesinados y 9,000 desplazados de sus tierras ubicadas en una región del departamento altiplánico del Quiché al que el Ejército se refería como el «Triángulo Ixil», entre los municipios de San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul.
La larga lucha de los sobrevivientes
Luego que en el 2010 la organización no gubernamental estadunidense National Security Archive publicara documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados con los 36 años de conflicto armado en Guatemala, empezaron a conocerse detalles sobre quien planeó y ejecutó el Plan Sofía.
López Fuentes, como jefe del Estado Mayor de la Defensa y mano derecha de Ríos Montt, firmó la mayoría de los documentos. Esos documentos, reforzados por los testimonios de cientos de sobrevivientes mayas, constituyen el eje central del proceso judicial contra el anciano ex militar.
Sin embargo, fuentes militares argumentan que el Plan Victoria 82 fue diseñado por el Estado Mayor de la Defensa como un todo y que es injusto señalar a López Fuentes como el principal culpable.
La defensa también ha solicitado que López Fuentes, actualmente bajo vigilancia policial en el Hospital Militar de Ciudad de Guatemala, sea puesto en libertad por razones humanitarias debido a que se encuentra enfermo.
¿Por qué ha tomado tanto tiempo que este caso llegue a los tribunales? Según el fiscal Manuel Velásquez, a principios de la década de 1990 las víctimas mayas ixil, que en su mayoría habían retornado del sur de México donde buscaron refugio, empezaron a denunciar ante la Fiscalía en Nebaj, Quiché, las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la guerra. Algunos casos fueron denunciados colectivamente y otros a nivel individual.
Debido a que no se hicieron mayores esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia guatemalteca, las víctimas mayas ixil llevaron su caso ante la Audiencia Nacional de España, el tribunal de más alto nivel de ese país, junto con las víctimas de otros casos como el ataque por fuerzas policiales a la Embajada de España en 1981, donde fue quemado vivo un grupo de campesinos que habían solicitado refugio bajo el supuesto de que era un territorio diplomático neutral.
Actuando en concordancia con el principio de la jurisdicción universal, que permite que las violaciones contra los derechos humanos cometidas en cualquier parte del mundo sean juzgadas por otro país, la Audiencia Nacional solicitó la extradición de Ríos Montt pero le fue denegada por la Corte de Constitucionalidad en el 2006 señalando que un tribunal español no tiene jurisdicción para extraditar a un ciudadano guatemalteco.
La batalla en los tribunales españoles se estancó pero el caso permanece abierto, independientemente del juicio en Guatemala contra López Fuentes.
En diciembre pasado, explica Velásquez, el ex fiscal general Amílcar Velásquez de Zárate ordenó que todos los casos de violaciones contra los derechos humanos fueran transferidos desde Nebaj a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Poco después, Claudia Paz y Paz, joven fiscal que cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, fue nombrada fiscal general y asignó fiscales adicionales a la Fiscalía de Derechos Humanos.
Unos 300 casos fueron consolidados en uno solo bajo el título de «Genocidio en el Triángulo Ixil», y a mediados de junio se emitió la orden de arresto contra López Fuentes. Luego de más de una década, las víctimas de las atroces violaciones contra los derechos humanos empezaron a ver luz al final del túnel.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6421