El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió cooperación financiera y a cambio prometió la «neutralización climática» de Brasil en conferencias climáticas. Sin embargo, desde que asumió el poder en enero de 2019, organizaciones gubernamentales y ambientalistas han denunciado el negacionismo de Bolsonaro, su negativa a demarcar tierras indígenas con sus promesas de abrirlas a la explotación de madereros y mineros, entre otras violaciones de derechos humanos, y otros delitos ambientales, además del desmantelamiento de estructuras de fiscalización, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la legalización del acaparamiento de tierras, la posesión indiscriminada de tierras públicas, entre otros abusos.