La prisión preventiva de 18 meses del expresidente nacionalista Ollanta Humala y su esposa y ex primera dama Nadine Heredia cayó como un balde de agua fría para la familia de ambos así como para la inteligentsia y buena parte de los profesionales del derecho. Y no es para menos. Ambos estaban cumpliendo con las […]
La prisión preventiva de 18 meses del expresidente nacionalista Ollanta Humala y su esposa y ex primera dama Nadine Heredia cayó como un balde de agua fría para la familia de ambos así como para la inteligentsia y buena parte de los profesionales del derecho. Y no es para menos. Ambos estaban cumpliendo con las normas de conducta especiales que les exigió la fiscalía. Incluso Nadine tuvo que dejar un expectante puesto laboral que le ofreció la FAO en Ginebra.
Ollanta manejó una estrategia política legal basada, por un lado, en el argumento de que no había peligro de fuga y que la denuncia por lavado de activos (por los $3 millones que Odebrecht aportó a su campaña electoral), no estaba tipificado en el código penal (liderada por el abogado Pedraza), y por otro, en la defensa en diversos medios de prensa de políticos como Alberto Otárola, Santiago Gastañadúi y Daniel Urresti.
No obstante el fiscal Richard Carhuancho, en su dictamen, fundamentó que existían tres nuevos elementos que ameritaban la prisión preventiva, como el testimonio de supuestos aportantes que dicen no haber entregado nada al partido (y que más bien fueron Venezuela y Brasil los que dieron ese dinero); luego, que la pena por Lavado de activos es de mínimo 10 años; y finalmente que existe el peligro de fuga u obstrucción de la investigación al haber adelantado la herencia a sus hijas.
Para la defensa legal de Ollanta la prisión preventiva de sus clientes es un exabrupto ya que no hay peligro de fuga (entregaron sus pasaportes y se sometían a las citaciones judiciales) y que más bien sobre el fiscal ha pesado la presión política y mediática.
Juristas como el exfiscal Avelino Guillen, declararon que «…La resolución está debidamente sustentada, motivada y con arreglo a ley. La resolución dictada por el juez cumple con las exigencias del artículo 278 del Código Procesal Penal…». Por su lado, el abogado Luis Lamas dijo, «…Es una resolución controvertida y que no se ajusta (a derecho), porque durante la audiencia parecía que estábamos frente a un juez de juzgamiento y no frente a un juez de tutela…» (El Comercio, 15/07/17).
Esta cuestión expresa la división que hay entre los hombres de derecho al respecto.
El intelectual de izquierda Sinesio López escribió, «… La justicia tiene que ser igual para todos. Si los fiscales han transformado los financiamientos de las campañas electorales (que no son delitos) en lavado de activos para acusar de corrupción a Humala y a Nadine, entonces deben hacer la misma acusación a KF y AG, quienes, según Marcelo Odebrecht, han recibido igual o mayor financiamiento. Si este es un delito, todos los candidatos que lo recibieron deben estar presos…», (Con la misma vara, La República, 20/07/17).
Y en efecto, si de financiamiento ilícito se trata, pues, tanto Keiko como Alan García deberían estar con prisión preventiva. Pero, al parecer, sectores de la derecha política y económica decidieron destruir al nacionalismo para no solo terminar de desmoralizar a las ínfimas bases de apoyo del nacionalismo, sino para cerrar el espacio político por la izquierda que se había abierto (con la intervención política independiente de las masas), después de la abrupta caída de la dictadura fujimorista en el 2000.
Han pasado más de cuatro meses de la prisión de Ollanta y Nadine y la apelación que hicieron en varios juzgados regionales fue rechazada. En un principio decenas de personas de la portátil nacionalista se movilizaron pidiendo la libertad de sus líderes, sin embargo ahora la desmoralización parece posicionarse en estas.
En una reciente entrevista hecha al hermano preso por sedición Antauro Humala, éste declaró, «…Ollanta lloró cuando mi madre lo fue a visitar al penal en la Diroes…», (diario Exitosa, 17/07/17).
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