Implicaciones del patrimonialismo en los límites de la democracia

Presentación

Como el resto de países de América Latina, Guatemala padece de una debilidad institucional política, que le impide, la promoción de una democracia que se oriente hacia la satisfacción de las necesidades más elementales de la mayoría de la población. LA GUAYABA TIENE DUEÑO. EL SECUESTRO DEL ESTADO DE GUATEMALA es un libro de reciente publicación por el ex presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías. Es un libro fundamentado en las experiencias políticas y la formación del autor sobre la historia política de Guatemala. En este análisis deseamos destacar aquellos aspectos que el autor del libro señala como elementos importantes respecto de quienes han secuestrado el Estado y se han apropiado de las instituciones estatales, limitando con ello los avances de la democracia. Esos procedimientos palaciegos, han sido una constante en la historia de Guatemala desde el dominio colonial español hasta la actualidad.

El ex presidente Jorge Serrano Elías no hace sino manifestar su sorpresa de lo que sucedió en 1993. Los hechos políticos de aquel momento, le sirvieron para indagar sobre la historia política del país. Lo cual le llevo a la compresión que en una sociedad como la nuestra, el Estado tiene un carácter y funcionamiento patrimonial y se encuentra secuestrado por intereses corporativos privados. Los «dueños», como él llama a las familias de poder económico que más influyen en las decisiones políticas de carácter económico de los gobernantes, no se formaron hoy, ni hace treinta años. Ellos han sido formados bajo los esquemas heredados por sus antepasados, los conquistadores, quienes los dotaron de un patrimonio. Porque, en el transcurso de quinientos años, se formaron una conciencia colectiva manifestada en la patria, la patria del criollo. Sentimientos atávicos que no fueron modificados a partir de la fundación y la formación de la nación guatemalteca. Por ello, el Estado, la nación y los plebeyos forman la herencia percibida por quienes piensan el país como finca.

En las líneas que siguen realizamos un análisis del contexto nacional y latinoamericano dentro del cual se publica el libro objeto de análisis. Luego se realiza una breve explicación de las circunstancias que llevaron a la realización del autogolpe y el posterior Golpe de Estado disfrazado con procedimientos legales. Finalizamos nuestra interpretación del libro, realizando algunos argumentos con los cuales, pretendemos a partir de las explicaciones del ex presidente Jorge Serrano Elías, contrastar sus argumentos con la realidad política y social del país.

El contexto del libro

El libro en cuestión, La Guayaba tiene dueño, fue publicado recientemente, a 19 años del autogolpe de Estado que llevara a la dimisión del ex presidente Jorge Antonio Serrano Elías. En su libro, Serrano Elías narra las circunstancias, que a su parecer, lo llevaron a ejecutar el Auto Golpe de Estado aquel 25 de mayo de 1993, acto que llevaría finalmente a un Golpe de Estado seis días después. El autogolpe, como lo indica el mismo Serrano Elías, lo ejecutó con el propósito de depurar los otros órganos del Estado.

«Yo quise evitar que llegáramos a esto, en la proclama del 25 de mayo de 1993, lo que mis detractores llamaron autogolpe. Manifesté entre otras cosas: Durante dos años y medio he estado sometido al chantaje político por parte de algunos miembros del Congreso de la República: un chantaje que hace imposible gobernar en beneficio del pueblo… También expresé: La irresponsabilidad con la que el Congreso de la República han resuelto los casos de antejuicio, es impresionante. Cuántos diputados que incluso han sido sorprendidos in fraganti en la comisión de delitos y a quienes se les ha planteado antejuicios por múltiples causas, el Congreso se ha negado a darles trámite.

«En relación a la justicia señalé: tenemos que reconocer que la presente Corte Suprema de Justicia, desde su elección estuvo viciada. Quisimos trabajar con ella, pero lamentablemente, su conducta de aplicar la justicia en forma selectiva, es inaceptable…hemos hecho grandes esfuerzos por llevar delincuentes a la Justicia, pero más han tardado en entrar a las cárceles que en ser puestos en libertad por los jueces y por la misma Corte.» (Pág. 34)

No era casualidad que desde estos órganos del Estado se le estuviera chantajeando al presidente. Esos mecanismos obedecían, como se expondrá más abajo, a la debilidad con la cual el gobierno de Serrano había tomado el poder. Aunque él insista en concebirlo como una proclama, sus acciones y los procedimientos manifiestan un autogolpe de Estado. Seguramente, por la misma debilidad de su gobierno, Jorge Serrano y sus asesores pensaron, primero en el cierre y clausura de estas instituciones, para, segundo, depurarlas y sanearlas de las mafias políticas que se habían apoderado de ellas. Dentro de sus mismas justificaciones para llegar a sus acciones políticas de clausurar el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, Jorge Serrano señala:

«Acoté que las medidas tomadas para la depuración del Estado, eran necesarias y urgentes, porque en nuestro país el narcotráfico ha crecido de una manera impresionante… Las cantidades de tráfico decomisado duran el año pasado y lo que va del presente, son cantidades sin precedentes que superan en mucho el mismo presupuesto de la nación.» (Pág. 35)

La duda envuelve la justificación por la cual se debía depurar el Estado. ¿Acaso los diputados al Congreso y los miembros de la Corte Suprema eran los responsables del tráfico de drogas en el país? ¿Eran ellos quienes estaban vinculados al paso de la droga por Guatemala? ¿Usaban sus influencias para el tráfico de drogas? De ser así, hoy podemos explicarnos por qué el país se encuentra sumido en la fabricación y tráfico de estupefacientes. ¿Qué otras instituciones debían intervenirse para depurar el Estado? Hoy el narcotráfico es más fuerte de lo que era en el momento que Serrano Elías gobernaba el país. Los riesgos y las consecuencias sociales continúan siendo las mismas. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso.

Pero coincidentemente, el libro es publicado en el año en que otra maniobra política en contra de un gobernante se realiza en el subcontinente latinoamericano. Hace tan solo un mes atrás de la publicación, se fraguó un golpe de Estado en contra del Presidente del gobierno de la República del Paraguay, Fernando Lugo. Con la misma orientación de encontrar elementos legales sobre los cuales se fundamentara tal procedimiento, que evidencia la debilidad democrática e institucional de los estados latinoamericanos. Tres años antes se dio en Honduras, otro país bananero, una acción política con símiles características a las sucedidas en Paraguay. Deponer del poder al Presidente constitucional Manuel Zelaya, porque pasaba sobre el orden constitucional al pretender establecer legalmente la consulta popular, lo cual provocó que el Congreso del aquel país aliado a grupos de poder económico, buscara los mecanismos legales para deponer al presidente.

Los golpes de Estado han sido una constante en el subcontinente latinoamericano. Durante el siglo XX más de 307 golpes de Estado se sucedieron por toda la región, siendo Bolivia y Guatemala en donde más se dio este tipo de maniobras políticas. Después del golpe en contra de Serrano Elías, actuaron de forma similar en Venezuela para derrocar el gobierno de Hugo Chávez, acción que fue abortada por las reacciones contrarias de millones de venezolanos. Sin embargo, desde la crisis política del gobierno de Serrano Elías en Guatemala, fueron derrocados varios presidentes en Bolivia, Ecuador y Argentina por presiones sociales. Es decir, en estos últimos casos, la sociedad manifestando su inconformidad por las políticas económicas de los gobiernos, salieron a las calles a pedir su renuncia o remoción. Estas manifestaciones callejeras, ponían al descubierto, al mismo tiempo, la falta de legitimidad de los gobiernos latinoamericanos que impulsaron las recetas económicas impuestas por el Consenso de Washington.

El contexto político actual tanto en Guatemala, así como en el resto de países latinoamericanos, evidencia los pocos avances que en materia de justicia social, política y económica han tenido los procesos democráticos que se han venido dando desde la década de 1980. Estos pocos avances se manifiestan en el incremento de desigualdades sociales que se han dado por todo el subcontinente, durante los años en que supuestamente se implementaron programas de modernización económica. Estos programas fueron acompañados de la reducción de los estados latinoamericanos, que se debilitaron aún más de lo que han sido en toda la historia latinoamericana. La debilidad de nuestros estados resulta evidente, porque han sido incapaces de hacer avanzar la democracia hacia regímenes políticos más consolidados, dentro de los cuales los estados adquieran un mayor poder que les permita mediar entre los intereses de las distintas clases que forman la estructura social de las sociedades latinoamericanas.

Resulta evidente en la obra de Serrano Elías, que quienes propician los golpes de Estado se han formado y preparado políticamente dentro de una larga trayectoria histórica. Han puesto en práctica acciones palaciegas dentro de las cuales convierten en legal lo que es ilegal. Es decir, por medio de ese tipo de acciones buscan los mecanismos legales que justifiquen sus procedimientos fuera del orden establecido. Todos los golpes de Estado propiciados durante el siglo XX, les han servido para ello. Con asesores formados de la misma manera. Aún sabiendo que sus actos van en contra de la institucionalidad y el respeto de las normas establecidas en el orden político democrático, ejecutan su proceder recurriendo a mecanismos mediáticos que permitan justificar y legitimar frente a la sociedad ese tipo de acciones. Pero esos procedimientos van cargados de un conjunto de señalamientos, que satanizan a quienes acusan de los males del sistema político, los convierten en pillos que avergüenzan a la sociedad, de los cuales debe ser librada.

En América Latina, todos los países gozan de democracia. Si, gozan de democracia, pero democracias con alto grado de descontento social, principalmente porque nuestras sociedades se encuentran desencantadas de los regímenes políticos democráticos. Las consecuencias entre otros factores, porque la democracia no ha satisfecho las necesidades más sentidas de las sociedades latinoamericanas. En estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, encuestando a distintos grupos de las sociedades latinoamericanas, más del 50% de la población prefería una dictadura frente a regímenes democráticos. La duda resalta de esta consideración de las sociedades latinoamericanas: ¿Por qué las sociedades latinoamericanas prefieren una dictadura que la democracia? Las respuestas son múltiples, pero la que más explica esa decisión es la que considera, que las sociedades latinoamericanas están dispuestas a perder derechos frente a un gobierno dictatorial, pero desean, principalmente, seguridad y tener satisfechas sus principales necesidades materiales. Dicho en otros términos, desean una vida digna y, si una dictadura les permite eso están dispuestas a soportarla.

Y es que no tenemos una democracia. En Guatemala, como en muchos países del sub continente latinoamericano, lo que ha existido es una plutocracia. Es decir, regímenes políticos en los cuales la elite económica financia los partidos políticos e influye en los resultados electorales por la carga mediática de que son objeto estos procesos. Al financiar la propaganda electoral de los partidos políticos, las corporaciones privadas influyen en las decisiones políticas de los gobernantes electos. Para el caso de Guatemala, las corporaciones privadas deciden el gabinete de gobierno que ha de acompañar en su gestión administrativa a cada presidente supuestamente electo. Si algún gobernante se sale de estas directrices sufre las consecuencias de negarse a obedecer los lineamientos de gobierno que le imponen las corporaciones privadas. Nos encontramos entonces en un ambiente político pre-democrático, en donde las decisiones políticas de los gobiernos están determinadas por las corporaciones económicas privadas, que ven el funcionamiento del Estado y de los políticos como parte de su propiedad y, esperan beneficios de la inversión hecha al financiar las campañas políticas de los distintos partidos y candidatos.

Si partimos de lo anterior, la democracia como régimen político menos malo, tiende a no desarrollarse. En el sentido que no atiende los intereses nacionales sino los intereses particulares de aquellos que financian las campañas de los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Sigue siendo una democracia de elite. Eso implica que la democracia guatemalteca no pasa de procesos electorales cada cuatro años, pero se ve imposibilitada de atender las necesidades más profundas de la mayoría de ciudadanos guatemaltecos. Por ello la democracia tiene enormes saldos de justicia social, jurídica y política. Serrano Elías, como él mismo lo manifiesta, desconocía todo ello cuando asumió la presidencia del país. Para poderlo entender tuvo que sufrir las consecuencias de un golpe de Estado y el ostracismo permanente, al atreverse a cuestionar las directrices de la cúpula económica que lo llevo a la presidencia.

El autogolpe y contragolpe de 1993

El ex presidente Serrano Elías, fue el segundo presidente electo luego de la apertura política hacia procesos electorales de orientación democrática iniciados en 1985. El gobierno de Serrano Elías se estableció en un contexto en el cual la guerra interna aún mantenía intactos los mecanismos políticos contrainsurgentes desde el Estado. Por ello, este gobierno como su antecesor se ubica dentro de lo que se ha llamado «una democracia tutelada». Dicho de otra manera. Los dos gobiernos civiles, popularmente electos después de la fundación democrática, fueron gobiernos controlados o tutelados por los mecanismos del ejército de Guatemala, por la existencia de la lucha contrainsurgente que mantenía en contra de los grupos alzados en armas y contra toda la sociedad.

Tanto el gobierno de Serrano Elías como el de Vinicio Cerezo, fueron gobiernos que procedieron económicamente a implementar las políticas económicas bajo los lineamientos del Consenso de Washington. Aunque Serrano Elías en su obra se niega aceptar su papel en esa línea, las acciones y los sucesos siguientes manifiestan lo contrario. El gobierno de Serrano insistió en abrir la economía nacional para la inversión extranjera, liberar el tipo de cambio y las tasas de interés, convertir el Estado en Estado subsidiario, promover la privatización de las empresas estatales, ordenar el gasto público para evitar el déficit fiscal y sobre todo dejar libre el mercado. ¿Quién no recuerda los apagones de la energía eléctrica en horas pico durante el gobierno de Serrano? Maniobra que llevaba implícito el incremento al servicio de la energía eléctrica. ¿O la continuidad del descalabro de los servicios telefónicos?

Desde su elección, tanto la oligarquía guatemalteca, el ejército y los partidos políticos contrarios al suyo observaron y sabían de la debilidad de su gobierno. Jorge Serrano Elías fue un candidato sin las mínimas posibilidades de ganar la presidencia, pero de forma sorpresiva subió en las encuestas de opinión luego de una discusión televisada que tuviera con el entonces presidente Vinicio Cerezo. Esta discusión fue una estrategia política en beneficio de la candidatura de Serrano. A esa estrategia se debe agregar la detención del Alcalde de la ciudad de Zacapa, el Señor Arnoldo Vargas acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Vargas fue un alcalde electo en elecciones populares, representante del partido Unión del Centro Nacional -UCN-, pero las acusaciones de que fuera objeto debilitaron en segunda vuelta las posibilidades de Jorge Carpio Nicolle de ganar la presidencia. Ambas maniobras políticas hicieron posible que Jorge Serrano ganara la presidencia de forma extraordinaria, en el sentido que tenía muy pocas posibilidades de ganar la presidencia antes de la primera ronda electoral, de un quinto lugar pasó al segundo. Su partido, el Movimiento de Acción Solidaria -MAS- no tenía ninguna tradición política. Fue de esos partidos electoreros que aparecen constantemente en el sistema político guatemalteco.

Cuando ganó la presidencia, Serrano Elías solo contaba con la presencia de 10 diputados en el Congreso de la República. Aspecto que le impedía gobernar de forma amplia, al no contar con mayoría calificada en esa institución. Para aprobar leyes y legislar los proyectos de su gobierno tuvo que negociar y entrar en alianza en esa institución con otros partidos. La UCN, la Democracia Cristiana Guatemalteca -DCG- y el MAS (partido oficial) crearon la triada política dentro del Congreso. Triada calificada por las corporaciones económicas privadas como la «trinca infernal». En sus inicios esa alianza permitió a Serrano aprobar las leyes que servían a su gobierno, pero al mismo tiempo se fue convirtiendo en un medio de chantaje para el presidente Serrano de parte de los diputados que pertenecían a esos tres partidos. Los diputados de esta alianza iniciaron a exigir del presidente ciertas prebendas y cuotas de poder. Solicitaban empleo para familiares, cheques debajo de la mesa y la posibilidad de obtener acciones en las empresas del Estado que los empresarios guatemaltecos deseaban privatizar en su beneficio. Los mecanismos de chantaje detuvieron la agenda legislativa, principalmente aquella que se orientaba a la privatización de las empresas nacionales.

Las ambiciones de los políticos por adquirir acciones de esas empresas, chocaron y se enfrentó a las ambiciones oligárquicas y su postura de ser solo ellos quienes controlan los negocios más rentables en el país. De esa cuenta el presidente Serrano se vio forzado por parte de las corporaciones privadas a enfrentarse con los diputados al Congreso. Los diputados se convirtieron en obstáculo para la privatización de las empresas públicas, por ello recibieron el calificativo de depurables. Esa fue una lucha y una guerra política que se desarrolló en la prensa en contra de los diputados y los políticos. Una guerra mediática en donde los principales medios del país atacaron a los diputados. Pero solo daban a conocer una parte del pastel. En tanto los intereses corporativos actuaban tras bambalinas. Pero esa ha sido una constante en la historia política nacional. Quienes financian las campañas de los políticos los dejan solos en el gobierno, hasta el punto de permitir su ahogamiento por sí mismos cuando los ofrecimientos de campaña no llegan a donde deben. Los políticos salen solos al ruedo y, la prensa los ataca hasta convertirlos en seres incapaces de gobernar el país.

Serrano, citando a Rachel McCleary, respecto de los intereses de los parlamentarios para obtener beneficios de la privatización de las empresas del Estado, argumenta:

«El impase en el Congreso fue creado por el presidente del Congreso, un Demócrata Cristiano, que con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Juna José Rodil y con el legislador Obdulio Chinchilla Vega estaban buscando la concesión para generar energía en el puerto de Champerico, al sur oeste de Guatemala (…) Lobo Dubón y los Demócrata Cristianos estaban amenazando con bloquear en el Congreso la propuesta de Serrano para remover los subsidios a la electricidad, al menos que el presidente les garantizara a ellos el contrato de Champerico. Rodil, como Presidente de la Corte Suprema, ofrecía sobresellar los cargos que en materia penal existían contra Rodríguez Anker si Serrano llegaba a un acuerdo con Chinchilla Vega y Lobo Dubón. Si Serrano no cooperaba, amenazaba con considerar cargos de corrupción contra Serrano, una vez el Congreso lo despojara de inmunidad.

«Con el pasar de los años vine a darme cuenta de cómo se habían manejado en el Congreso y entendí entonces cómo es que la famosa Ley 59 pasó casi en el clandestinidad. Se constituyó una alianza estratégica entre los pulcros cristalinos dueños, y Lobo Dubón Presidente del Congreso, Juan José Rodil Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Obdulio Chinchilla Vega, Diputado por Chiquimula, quienes querían el contrato de generación de energía eléctrica de Champerico, a cambio de entregar el INDE. (Pág. 124)

«Como este asqueroso chantaje era a favor de todos ellos, debería ser visto como una simple estrategia política de un sector que quería lo mejor para el país: manejar la energía eléctrica y apoderarse del INDE.» (Pág. 125)

Pero las alianzas de las corporaciones privadas con aquellos que no forman parte de la oligarquía, duran muy poco. El odio con el cual fueron atacados los políticos y los diputados para entonces, no fue por simple casualidad. El propósito implícito se orientaba a eliminar cualquier obstáculo en el camino de la privatización. Puede considerarse ese ataque como una estrategia para eliminar a la oposición. Pero si lo vemos y lo interpretamos desde ahora, la destrucción mediática de los diputados y los políticos tenía la orientación de debilitar la política frente a al mercado. Por eso, hoy observamos en el Congreso de la República, diputados que no se atreven a oponerse a ciertos proyectos en los cuales deben fijar una postura contraria a esos proyectos. El miedo se apropió de los políticos y su postura no puede ir en contra del mercado, o bien, de los métodos y técnicas de acumulación que en el Legislativo se convierten en ley.

En el Organismo Judicial, el gobierno de Serrano no confiaba, pero ese fue un organismo que se encontraba en franco deterioro como el resto de instituciones estatales. Ese órgano se encontraba altamente politizado y exigía al igual que los diputados prebendas para los altos funcionarios. El papel de la Corte Suprema estaba orientado a no apoyar las decisiones presidenciales, en tanto que la aplicación de la justicia cada vez tomaba menos importancia para jueces y magistrados. Funcionarios de no ser por aportes económicos, no cumplían con su función como aplicadores de justicia. El Estado iba en retroceso y la sociedad padeciendo las acciones de políticos y corporaciones económicas privadas. Componendas que solo tienen una expresión, la impunidad como forma de debilitar la institucionalidad democrática.

Por otra parte, el gobierno de Jorge Serrano continuó con las negociaciones de Paz que se habían iniciado en el gobierno anterior. Es evidente que este gobierno fue más allá en las negociaciones, sobre todo porque se interesó en poner en marcha la agenda de negociaciones, al mismo tiempo que incluyó entre los miembros de la delegación del gobierno a militares de alto rango. Esta delegación debía discutir con la Unidad Revolucionaria Guatemalteca -URNG-, los lineamientos y procedimientos para alcanzar los Acuerdos de Paz. La inclusión de militares de alto rango en esta comisión se salía de la línea establecida por el ejército, de solo negociar con la insurgencia si deponían las armas, lo que equivalía a exigir la aceptación de una derrota por parte de la URNG. Esa misma decisión del gobierno de Serrano de incluir a militares en las negociaciones, evidenció un fraccionamiento dentro de las líneas del ejército. Fraccionamiento que venía desde años atrás. El llamado sector constitucionalista y el sector conocido como de línea dura o guerrerista, sectores que muy poco podían diferenciarse en el momento del golpe de Estado, según lo pone de manifiesto Serrano Elías en su libro.

El ejército continúo realizando ofensivas militares para atacar comandos de la URNG ubicados en el interior del país. Esas ofensivas fueron orientadas a exigir la rendición total de la URNG, como parte de la estrategia para que la insurgencia depusiera las armas para entrar en el diálogo que llevara a la paz. El involucramiento del ejército en las negociaciones de Paz enfrentó al gobierno de Serrano Elías con la cúpula militar, lo que acarreo constantes tensiones y propicio un golpe de Estado en contra de este gobierno. La decisión del gobierno de permitir el retorno de los refugiados incrementó esas tensiones entre el gobernante y la cúpula militar, de igual forma con la cúpula económica. Esta última solo manifestó tranquilidad, cuando los retornados se ubicaron a distancia de los centros urbanos, cuando se les invisibilizó y no generaron una amenaza alguna.

Las corporaciones privadas se veían amenazadas al observar el interés de los diputados para ser sus socios en la privatización de las empresas estatales. En tanto que veían que el gobierno de Serrano no contaba con la fuerza suficiente para crear las leyes que legitimaran el proceso de privatización a su favor. De parte de estas corporaciones mantenían la misma postura del ejército respecto de los Acuerdos de Paz. Esto solo era posible si la URNG deponía las armas para su incorporación a la vida civil. Parecía que el ejército solo jugaba la postura de divulgar las decisiones de estas corporaciones, respecto del tema de la paz.

Serrano Elías, insiste en que su prioridad como gobernante se orientaba a buscar la paz y procurarla. Aspecto que chocaba con los intereses de la elite económica y militar. En ese sentido señala:

«Inteligente y patrióticamente sí (para buscar la paz); pero sin los prerrequisitos de rendición de la insurgencia o de cese al fuego incondicional, como los dueños del país y los de la cúpula militar exigían, porque eso no era ni lógico ni viable. Exigirlo de esa manera suponía un profundo desconocimiento de la complejidad del conflicto…» (Pág. 151)

«De igual modo, la paz que se buscaría no implicaba solo un diálogo con la insurgencia, sino acuerdos y compromisos nacionales con todas las fuerzas del país, pues la paz solo se conseguiría como fruto de un esfuerzo nacional que garantizara la preeminencia del bien común sobre el bien individual, el respeto irrestricto a la dignidad y derechos de la persona humana y la modernización y fortalecimiento de las instituciones del país. Se trataba de garantizar los derechos del individuo frente a los abusos del Estado o de los poderosos. (Pág. 152)

«Es obvio que ni los dueños ni los de la elite militar creyeron que yo sí iba seriamente tras esos objetivos. Estimaron que yo era otro que llegaba y que se iba a perder en el camino, con sus dádivas o amenazas. Cuando se dieron cuenta de que la cosa no era así, empezaron a decir que yo no escuchaba a nadie, que era un aprendiz de dictador, que me creía el rey Salomón y que ellos me iban a enseñar que yo era un pinche presidente.

«Esto venía fundamentalmente del sector de los dueños del país. Los militares eran un poco más sutiles, ellos me decían: Señor Presidente, no trabaje tanto, las cosas van a su tiempo, haga como el Presidente Cerezo, váyase los viernes, firme el despacho y regrese los martes, así tiene más tiempo para pensar y ya más descansado, toma decisiones.» (Pág. 152)

Finalmente, Jorge Serrano como gobernante se terminó peleando con todos los sectores de la sociedad. Se enfrentó a la Iglesia Católica por su pertenencia a una secta protestante, se en enfrentó de forma permanente con la prensa, la cual lo acusó de «aprendiz de dictador», como los calificaron los miembros de las corporaciones privadas. Se enfrentó a organizaciones no gubernamentales. Y lo que rebalso las hostilidades de su gobierno, fue un conflicto con los estudiantes de nivel medio, quienes exigían la reducción de precio del pasaje del transporte urbano que se habían incrementado en esos días. Carente de una capacidad de estadista, Jorge Serrano se fue quedando solo y presionado por la cúpula militar y económica para que clausurara el Congreso de la República. Porque era en ese organismo en donde la oligarquía guatemalteca tenía a sus peores contrincantes para alcanzar sus aspiraciones de privatizar las empresas del Estado.

En la mañana del 25 de mayo de 1993, las radios nacionales se encontraban en cadena y se anunciaba la decisión del Presidente, de haber clausurado el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la detención domiciliar del Procurador de los Derechos Humanos. Además, el Presidente intentó amordazar la prensa nacional. La decisión no fue aceptada por las organizaciones sociales al interior del país y fue condenada por la comunidad internacional. La comunidad internacional veía perpleja la decisión del presidente y la consideró una imitación de lo que hacía un año atrás había propiciado Alberto Fujimori en El Perú.

El auto golpe de Estado no era viable para Guatemala. Los asesores de Serrano no lo habían orientado bien y la presión de la cúpula militar y económica, lo dejaron solo luego del rechazo social e internacional. El presidente estaba frente a un callejón sin salida, si retrocedía daba su brazo a torcer y por su temperamento eso no era posible. Si continuaba en su postura se enfrentaba al rechazo social con constantes manifestaciones, en tanto que la cúpula militar y económica, buscaban los medios legales para deponerlo del poder. Se estaba fraguando un Golpe de Estado. De acuerdo a los argumentos de Serrano, fue el jefe de la D-2 el Coronel Otto Pérez Molina quien, luego de conversar con representantes del sector empresarial en el Centro de Estudios Militares, decidieron los lineamientos para darle salida a la crisis política derivada del auto golpe de Estado:

«La salida institucional que yo buscaba, obviamente, iba en contra de los acuerdos que, en la reuniones en el Centro de Estudios Militares, sostuvieron los militares con elementos del sector privado, en las que se convino en tres puntos fundamentales:

1º. La crisis había que resolverla lo más rápido posible.

2º. El Vicepresidente Espina y yo teníamos que renunciar, y el Congreso debía nombrar a sus sucesores; y

3º. Había que depurar el Congreso.» Pág. 39

«Pérez Molina agregó que esa decisión tomada por él con el sector privado ya había sido comprada (sic) por otros sectores, y que si yo lograba darle una salida institucional a la crisis, todo lo que intentaban se vendría a tierra.

«En esa reunión los oficiales de inteligencia, con Pérez Molina decidieron actuar en dos direcciones:

1º. Mi renuncia tenía que obtenerse ese mismo día; y

2º. La Corte de Constitucionalidad tenía que definir la transición del traspaso de mando a un Jefe de Estado interino.» Pág. 40

El presidente Jorge Serrano Elías electo popularmente no renunció, pero salió del país y se exilia en Panamá, las acciones políticas que siguen a su salida, fueron realizadas al margen de la ley. A ese contexto le siguen una serie de maniobras en donde primero se observa al Vicepresidente Gustavo Espina Salguero tomar su lugar y asume como Presidente. Luego, Espina Salguero es depuesto, también sale del país y en su lugar asume como Presidente el entonces Ministros de la Defensa, el General José Domingo Samayoa García. Estando Samayoa García ocupando la Presidencia, la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional el proceder del ex presidente Serrano, por lo que se restituyen los órganos del Estado clausurados con el auto golpe. Luego se viene entonces la lucha por quien debía sustituir a Serrano. En el Congreso se mencionan varios nombres, pero el candidato de las elites económica y militar es el licenciado Ramiro de León Carpio, quien es designado por el Congreso para sustituir al presidente defenestrado.

Aunque hayan encontrado mecanismos legales para salir de la crisis provocada por el autogolpe del 25 de mayo de 1993, las acciones realizadas luego de esa maniobra, no pueden dejar de calificarse de golpe de Estado. Serrano Elías había decidido retroceder y buscar una salida legal a la crisis por medio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera depurar el Congreso. Lo hacía en un momento en que las elites económicas y militares no contaban con el apoyo social, al mismo tiempo que las organizaciones sociales exigían la depuración del mismo ejército, por lo que las fuerzas de esa alianza procedieron a realizar lo que la costumbre y la historia les han sabido enseñar para tener el control del poder, romper el orden institucional y disfrazar de legales sus acciones en un orden político en el cual la población vota pero no decide. Por ello, en nuestras sociedades las democracias proponen, pero otros dispones y descomponen afirma Serrano Elías.

Las democracias nuestras dependen sumamente de las acciones de los poderes ocultos. Esos poderes que observan, se articulan en uno solo y deciden los mecanismos y las orientaciones del poder. Este tipo de poderes debilita las institucionalidad democrática, cuyas acciones persiguen ese fin, impedir los avances del poder político democrático que vayan en beneficio de los intereses nacionales.