Definitivamente y de forma concluyente se puede afirmar que el Estado Español, en el caso del Sáhara Occidental, se ha comportado y se comporta como un estado irresponsable. Recordemos que el territorio según las Naciones Unidas a día de hoy, está administrado por España.
El 4 de noviembre se inició un enfrentamiento armado en el norte de Etiopía entre el gobierno federal y el gobierno del estado (kylila) Tigré.
Como parte de su estrategia de retirada de tropas de los diferentes conflictos en que los Estados Unidos están involucrados, como Afganistán e Irak, el presidente norteamericano Donald Trump también anunció el retiro de la dotación destinada en Somalia, entre 700 y 850 soldados de Operaciones Especiales, que se encuentran distribuidos en pequeños grupos en diferentes bases a lo largo del país y cuya función “oficial” es la de asesorar al ejército somalí en antiterrorismo.
A poco más de una semana de que el gobierno central etíope informara la toma de la ciudad de Mekelle, la capital de la provincia separatista de Tigray y aparentemente terminara con la resistencia del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), que habría durado unos 24 días, el conflicto que comenzó el cuatro de noviembre, parece estar retirándose de los grandes medios, como los insurgentes del mismo conflicto.
Desde la vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental, en España se suceden las peticiones al Gobierno para que intervenga en apoyo del pueblo saharaui y se celebre al referéndum de autodeterminación.
Ha pasado ya más un mes y sin noticias de la guerra en el Tigray, Etiopía.
Frente a la reanudación de la guerra liberadora por el Frente POLISARIO a raíz de la violación del alto el fuego cometida por el régimen invasor marroquí, sorprende la osada hipocresía de algunos exigiendo que “se permita el tráfico del comercio y los civiles “a través de la brecha ilegalmente abierta por las autoridades de ocupación en Guergarat.
