El 5 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso de los políticos independentistas catalanes exiliados en Bélgica (los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí) contra el suplicatorio del Parlamento Europeo para extraditarlos a España. Han perdido su inmunidad como eurodiputados.
Los «contactos no oficiales» que España y Marruecos mantienen para dirimir el futuro del espacio aéreo del Sáhara Occidental, actualmente controlado desde las Islas Canarias, podrían conducir a una cesión que supondría «una clara violación de la legalidad internacional». El Gobierno español se arriesgaría así a que el caso terminara en manos de la Corte Internacional de Justicia.
Tras el ruido y el pánico desatado con la entrada de la ultraderecha a las instituciones, existen otros hechos que han pasado relativamente desapercibidos. Los movimientos sociales valencianos denuncian varios casos que han terminado en detenciones y en altas peticiones de penas para varios jóvenes por denuncias de grupos de extrema derecha, desde VOX hasta neonazis.
Las dificultades para acceder al alquiler de una vivienda en ciudades como Madrid se agravan si el demandante no es español. J, un peruano que trabaja para el Estado, cuenta sus doce rechazos en seis meses,
Ni la despoblación ni la ausencia de servicios básicos aparecieron en el debate político televisivo de los dos grandes partidos; España Vaciada reclama que “dejen de hacerse fotos y vengan a conocer lo que hay”.
En febrero de 2016, observando los inquietantes acontecimientos que se sucedían a mi alrededor, durante el gobierno del bizarro y moderado Rajoy, escribí un artículo para Diagonal, titulado «Llamadlo fascismo, ya está aquí…», que concluía de este modo:
… «Es el fascismo, que, como se ha anunciado ya, como lo han anunciado otros antes que yo, ya está aquí… Un fascismo nuevo, quizás, en las formas: subrepticio y difuso, unas veces, chirriante y escandaloso, otras; pero, en realidad, antiguo en sus causas y en sus consecuencias terroríficas y deshumanizadoras. Avisados llevamos hace tiempo y avisados quedamos. Quizás tengamos que volver a tomar las calles de nuevo, antes de que sea demasiado tarde, y vengan a por (todos) nosotros.»
ERC, PNV, BNG o EH Bildu también defienden este derecho del pueblo saharaui. PSOE y PP muestran fórmulas parecidas para referirse a la solución del conflicto saharaui.
Hay una relación estrecha entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea, que en el caso del Estado español tiene como consecuencia la expansión de proyectos mineros que se ha producido en los últimos años.
La magistrada admite a trámite la querella por prevaricación del abogado Francesc Jufresa contra la exalcaldesa y el entonces director de Cooperación del Ayuntamiento; un juzgado de lo contencioso ya rechazó paralizar el decreto de Alcaldía que suspendió las relaciones.