Este artículo se ha redactado sobre la base de la transcripción realizada por Guillermo Correa Camiroaga de la presentación del autor el 28 de enero en la segunda jornada de la “Escuela de Formación Política 18 de octubre”, organizada por el Colectivo Universitario de Izquierda (CUI) de La Serena.
Categoría: Territorios
Ante la necesidad de dar pasos adelante en la recuperación de los proyectos emancipadores de los pueblos de América Latina y el Caribe y en un momento histórico de fuertes disputas geopolíticas y de control de territorios y riquezas en la región.
Entre marzo y abril, los casos de COVID-19 reportados han pasado de menos de 1.000 a la semana a más de 1.000 cada día, con un aumento alarmante de infecciones entre los trabajadores de la salud.
La juventud está cada vez más harta de las medidas contra el COVID. Aunque es quien corre menos riesgo, es quien ha tenido que renunciar a más y a quien más ha afectado. Su grupo de edad no es en absoluto una prioridad para el gobierno. Con toda razón las personas jóvenes están llenas de resentimiento y de cólera.
La invasión estadounidense de Afganistán en octubre de 2001 fue criminal, por la inmensa fuerza utilizada para demoler la infraestructura física del país y fracturar sus vínculos sociales.
Siempre es después; sólo después que la pandemia hiciera estragos en la población – con la fatídica cifra de 30 mil muertos en un año – y que la existencia precaria se convirtiera en la norma corriente de vida de la gran mayoría de la población, que la casta política parlamentaria y el Gobierno de Piñera en plena crisis interna declaran allanarse a discutir una “agenda de mínimos comunes”.
En este artículo el autor sostiene que la izquierda tiene que asumir la tarea de democratización de nuestras sociedades y radicalización del estado democrático, que son las únicas vías para avanzar en la construcción de sociedades más justas.