La incorporación de la Amazonia, tal como se ha procesado en las últimas décadas, implica la cristalización de la condición de complementariedad económica del país como un fin en sí mismo. La destrucción programada de la Amazonia sólo puede ocurrir en un país accesorio y puesto premeditadamente a la deriva.
El conflicto en torno al Sáhara tiene, por un lado, un marco legal claro respecto de los derechos políticos y económicos del pueblo saharaui sobre el territorio del Sáhara Occidental.
Durante la guerra de liberación desde mediados de la década de 1970 hasta principios de la de 1990, Paulos Tesfagiorgis fue director de la Agencia de Ayuda de Eritrea (ERA), el organismo central que organizó la distribución de bienes en las áreas liberadas de Eritrea y apoyaba al estado fantasma que el Frente Popular para la Liberación de Eritrea (FPLE) había establecido en todo el país hasta su victoria en 1991.
Se está debatiendo durante estos últimos días de un año para olvidar, en plena pandemia sanitaria e inmersos ya en una situación económica muy complicada, sobre la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
Miles de trabajadores temporales realizaron una manifestación masiva frente a la fábrica Pegatron [una empresa taiwanesa que produce teléfonos y tablets para Apple -iPhone 6-, Microsoft y otras firmas] en Shanghai el 19 de diciembre, después de que los directivos de la empresa taiwanesa de electrónica les ordenaran trasladarse a otra fábrica en Kunshan [una ciudad-distrito en pleno desarrollo, en la provincia de Jiangsu, que tiene estatuto de zona franca, a unos 70 km de Shanghai, pero en la que el transporte público es muy escaso].
A lo largo de décadas, los palestinos olvidaron una misión crucial. Centrados en el público occidental y superados por una maquinaria de propaganda israelí cada vez más sofisticada, no han conseguido ganarse los corazones y las mentes de los árabes del Golfo.
El gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, ha llevado adelante su plan de gobierno con medidas fieles al estilo de la doctrina del shock. La pandemia le sirvió de excusa para desplegar el proyecto que quedó trunco en los 90, siendo aquel el último gobierno electo del Partido Nacional.
Ha entrado en vigor el Real Decreto por el que se prohíben los desahucios y los lanzamientos durante el estado de alarma. Además, el decreto incluye la prohibición de cortes de suministros básicos como el agua, la luz o el gas, para las familias más vulnerables. Unas medidas que solo un gobierno progresista sería capaz de aprobar. Hay que aplicarlo más allá del estado de alarma.
