Desde que en julio el Gobierno de Starmer ilegalizara a Palestine Action como grupo terrorista, casi 3.000 personas han sido detenidas en manifestaciones de apoyo. Los tribunales decidirán sobre la legalidad de la medida.
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El documento firmado por el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática remarca que fueron perseguidos «por razones políticas, juzgados sin garantías» y su condición de «víctimas de vulneraciones de derechos humanos». Declara «ilegítima y nula» la condena.
La sentencia se acerca más a la arbitrariedad que a la justicia reglada.
Una revisión de lo que está pasando ahora con el servicio militar obligatorio en Europa y por dónde van los tiros, también en España.
