
En definitiva, para avanzar al desarrollo, la política económica no puede remitirse exclusivamente a ordenamientos monetarios y fiscales, como ha sido característico de nuestro país, sino que precisa de iniciativas estatales que apunten a modificar la estructura productiva, superando el extractivismo. Sólo así será posible generar mayor empleo, reducir las actividades informales y, también, frenar la delincuencia.