La fiscalía guatemalteca solicitó que se le retire la inmunidad al principal asesor del presidente electo Jimmy Morales, por estar relacionado a violaciones a los derechos humanos durante la guerra en el país entre 1960 y 1996. El asesor Edgar Justino Ovalle también es el jefe de bancada de los 11 diputados del partido Fuerza […]
La fiscalía guatemalteca solicitó que se le retire la inmunidad al principal asesor del presidente electo Jimmy Morales, por estar relacionado a violaciones a los derechos humanos durante la guerra en el país entre 1960 y 1996.
El asesor Edgar Justino Ovalle también es el jefe de bancada de los 11 diputados del partido Fuerza de Convergencia Nacional, que llevó a Morales a la presidencia y uno de los principales fundadores del partido. El nuevo mandatario asume el 14 de enero.
Según la fiscalía, Ovalle estaría vinculado a desapariciones forzosas, violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el marco de la guerra, especialmente en el destacamento militar ubicado en Cobán Alta Verapaz, al norte del país, donde estuvo destacado. El retiro de la inmunidad permitiría que sea investigado.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha logrado recuperar restos de 534 personas que fueron enterradas en el lugar luego de ser asesinadas por soldados, entre ellas niños y niñas indígenas de las etnias achí, pocomchí, queqchí, kiché y ladinos.
La fiscalía confirmó que al menos otros 13 militares fueron detenidos por el mismo caso, entre ellos el general Benedicto Lucas García, hermano y ex jefe del Estado Mayor del extinto ex presidente Romeo Lucas García (1978- 1982). «Si maté, maté en combate, dando frente a mi tropa y no como cobarde ni nada por el estilo», dijo a periodistas.
Thelma Aldana, Fiscal general y jefa del Ministerio Público, dijo en conferencia de prensa que «los casos que hemos documentado, son contra población civil no combatiente, entre ellos niños», eran una «de las mayores desapariciones forzadas en América Latina», dijo.
Otros cuatro militares retirados también fueros apresados por violaciones a los derechos humanos durante la guerra en el caso específico de desaparición forzosa del niño Marco Antonio Molina Thiessen.
La mayoría de los detenidos tiene más de 65 años de edad, entre ellos el general retirado Francisco Luis Gordillo y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas, que eran integrantes de la cúpula militar en los años 80.
La fiscalía confirmó que las detenciones son por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Ambos delitos según las leyes de Guatemala conllevan penas máximas de 40 y 30 años respectivamente.
Tras hacérseles saber el motivo por que fueron detenidos, una juez ordenó que su reclusión en el cuartel militar Mariscal Zavala donde funciona una prisión civil de alta seguridad, preventivamente a la espera de una audiencia programada para el viernes y definir sus situaciones legales.
Todos los militares detenidos participaron dentro de la estructura militar y tenían puestos de mando, durante el tiempo de las masacres en el país. La fiscalía asegura que se cometieron los hechos bajó su jerarquía militar.
En imágenes obtenidas por varios medios de comunicación se puede ver a los militares esposados y arrestados en sus casas, algunos llorando y reclamando que su trabajo durante la guerra solo fue combatir a las guerrillas guatemaltecas.
El fiscal Orlando López explicó que las investigaciones abarcan desde los años 1981 hasta 1988, y que alcanzaría a los presidentes de entonces, todos militares, pero que en el caso de Lucas García ya estaba fallecido, y en los casos del ex dictador José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Victores, ya un tribunal los ha declarado incompetentes mentales, por lo que no se iniciarán acciones en su contra.
Un informe de Naciones Unidas indicó que unas 245.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado (1960-1996). Señaló que un 97% de las muertes fue responsabilidad del ejército y grupos paramilitares.