Que en Guatemala el 70% de los crímenes queden impunes y que los grandes casos no se resuelvan lleva a una conclusión conocida: el sistema de justicia está tomado por variados y fuertes poderes, ubicados paralelamente al Estado con el fin de evitar que se les persiga judicialmente. El Juicio por Genocidio fue el mejor […]
Que en Guatemala el 70% de los crímenes queden impunes y que los grandes casos no se resuelvan lleva a una conclusión conocida: el sistema de justicia está tomado por variados y fuertes poderes, ubicados paralelamente al Estado con el fin de evitar que se les persiga judicialmente.
El Juicio por Genocidio fue el mejor ejemplo de lo que pasa cuando esos grandes poderes pierden espacios. Por casi cinco años, cuadros de juristas profesionales, con el apoyo de la misión de la ONU (Cicig) y la Embajada norteamericana, crearon espacios con mayor independencia dentro del aparato judicial.1 Los autores del terror estatal a inicios de los ochenta, cercados por esta combinación de fuerzas, llegaron a ser sentenciados (temporalmente), y se procedió (también temporalmente) a continuar con las investigaciones a grupos civiles y empresariales. De otra manera hubiera sido imposible.
La elección de la nueva Jefa del MP, impuesta en mayo del presente año, se debió a una reacción coordinada a las políticas de Justicia Transicional. Las primeras acciones del nuevo MP han correspondido al signo de esta alianza conservadora, como lo ejemplifican el caso Medrano y otros.
Por esto cuando comenzaron en junio las elecciones de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelación (SA), a través del sistema de comisiones de postulación, lo esperado era un asalto directo a las cortes. Y eso sucedió, sólo que sin la misma coordinación. En el camino no se encontraba ningún grupo de abogados progresista o de izquierda capaz de limitar el control de estos grupos en el sistema de elección de magistrados. Iría a ser una lucha entre grandes fuerzas de la derecha militar, gubernamental, empresarial, y gremial (abogados) en diferentes niveles y con cambiantes alianzas.
Una vez escogidas las cortes, a fines de septiembre, se presentó una tirante coyuntura que cada vez resulta más compleja. En medio están los primeros tanteos electorales de cara al siguiente año, las pugnas político-militares que se han desatado en estos dos últimos meses, el futuro de la justicia transicional, y el financiamiento electoral de las grandes élites económicas de acuerdo a los resultados del actual gobierno en impulsar sus proyectos de infraestructura (energía eléctrica, puertos, y carreteras), productivos, reformas al Código de Trabajo y a los sistemas de privilegios fiscales a exportadores.
La prensa corporativa habló con razón de un transparente descaro como comportamiento generalizado en las Comisiones de Postulación (llamadas telefónicas exigiendo dinero a cambio de votos, negociación abierta entre grupos para lograr consensos, y contacto continuo con operadores políticos de más alto nivel). Más importante sería complementar con las coincidencias de eventos, las relaciones entre grupos que muestran, y la visión general de una frágil estructura de fuerzas que intenta no quebrarse.
1. Negociar era inevitable
Las Comisiones de Postulación son sin lugar a dudas un dominio que los abogados recibieron como parte de la transición de las dictaduras militares (1985-1996). Un dominio que luego de años de inmovilidad finalmente está mostrando tensiones internas. Los grandes bufetes corporativos del capital más añejo vienen perdiendo influencia en las facultades de derecho, el Colegio de Abogados (Cang) y las magistraturas. Este hecho es una respuesta a un proceso más amplio: desde fines de los ochentas la economía del país ha pasado por una amplia diversificación (legal y paralela) que ha permitido el surgimiento de nuevas fuerzas económicas. Esas fuerzas presionan por lograr que sus intereses se vean reflejados en el Estado, y el control de la justicia es un acto obligado en una economía como la guatemalteca, donde actuar al margen de la ley es una condición sine qua non para acumular a buen ritmo.
Presentada la convocatoria para las elecciones del Organismo Judicial (OJ) se tuvo claro que serían dos grandes fuerzas las de mayor peso: la impulsada por el Partido Patriota (PP, oficial) y la que lidera desde hace más de una década el empresario emergente Roberto López Villatoro (alias Rey del Tenis). Las acompañaría una fuerza económica de peso, pero fragmentada y sin capacidad de una gran representación en el sistema de comisiones: los grandes empresarios de viejo capital partidos en dos facciones, Fundesa (Bosch-Gutiérrez) y el Cacif (azucareros, industriales y bancos).
Vea también: ¿Cómo se escogen magistrados para CSJ y Salas de Apelación?
Las fuerzas oficialistas buscarían escoger a abogados afines a su gestión y a las fuerzas (económicas, militares, y políticas) que lo impulsan con un fin esperado: evitar que al salir del Ejecutivo se les juzgue por los numerosos casos de corrupción de los que han sido señalados en sus tres años y medio de gestión.
Las fuerzas de Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, son distintas. Están compuestas, como él mismo, por operadores políticos con intereses personales, pero sobre todo con capacidad de negociación en favor de los mejores postores: son mercenarios pragmáticos con una ventaja construida dentro de las reglas del juego. Por esta característica, a ellos se acercaría la Cicig, la Embajada norteamericana, empresarios de distinta procedencia, y una parte de la sociedad civil. Con López Villatoro a la cabeza, estarían los Abogados de Mixco y Ética y Derecho (del ex rector de la Universidad Nacional, Estuardo Gálvez), en una alianza mayoritaria.
Por último, los viejos y grandes empresarios, con representación fuerte en cinco facultades de derecho, y con intereses en lograr puestos en espacios clave en el tipo de crímenes que suelen cometer: juzgados y salas de Trabajo, las de Civil y Mercantil, de lo Contencioso Administrativo (defraudación fiscal), y en Amparo para inconstitucionalidades.
Cada una de las dos comisiones (una para escoger SA y otra para CSJ) constaba de 34 comisionados. Aunque muchos comisionados tuvieron intereses particulares, como postular a viejos amigos o parientes, en términos generales la correlación de fuerzas dentro de la Comisión para CSJ fue de 15 votos para los grupos que representa López Villatoro, 12 para el PP y 7 para el sector empresarial organizado.
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Para que un candidato fuera escogido, era necesarios el 66% de los votos, es decir, el apoyo de al menos 23 comisionados. Ninguna de las fuerzas presentes tenían por su cuenta esa capacidad. Negociar era inevitable.
2. Cuando el río truena…
A finales de mayo, a días de iniciar el proceso, se supo que los operadores del PP se reunieron con los del Rey del Tenis para negociar la reelección de magistrados de la CSJ. El oficialismo pedía la reelección de 52, mientras el grupo que lidera el Rey del Tenis solo habló de reelección en Salas de Apelación, posición que mantuvo hasta el final.
El PP y el ala tradicional del Cacif (a la penumbra de un petit comité conformado por delegados de los dos Bancos insignia del G-83, y por parte del gobierno, por el director del IGSS, Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera) respondieron a esa fisura y cerraron filas en ambas comisiones de postulación frente a los comisionados del Rey del Tenis.
La idea básica de la estrategia era quebrar la fidelidad de sus comisionados con los fondos de los dos bancos y los del Ministerio de Comunicación y del IGSS como caja chica.
Pero las inversiones, los favores y las lealtades históricas pesan. El Rey del Tenis ha sido sumamente hábil en tejer sus redes (tan así que ahora es cercano a la Embajada norteamericana), sus comisionados se mantuvieron fieles (aunque no siempre conformes) en los dos meses de negociaciones. Esa lealtad, sin embargo, no sería suficiente para hacer valer su ventaja. Haría falta la cadera de la habilidad.
3. La elección de los 26
Tras más de dos meses de un viciado proceso, finalmente a fines de septiembre llegó el momento de la votación para CSJ. En ese momento la alianza entre el PP y el Cacif estaba resquebrajada. Las filas del Rey del Tenis habían suplido al PP. Pero esto no era suficiente para el Cacif, que en la correlación de fuerzas seguía teniendo una desventaja importante. Tenían que apelar a la fuerza como último recurso.
Los primeros diez candidatos que ingresaron lo hicieron ya sea con una alianza amplia (cuatro lograron al menos 32 de los 34 votos), o con una alianza media que lograba al menos 25 votos de los comisionados. Una vez fue escogido Rogelio Zarceño, la pieza clave del Cacif, la elección se entrampó por horas.
Ese día aún se escogerían los siguientes cuatro de un consenso mayoritario. Pero eso no era suficiente: eran 26 los candidatos que debían enviar al Congreso y solamente llevaban 14.
La razón del estancamiento se pudo deber a varias razones. Lo que las votaciones detalladas de la comisión indican es que hasta ese punto, de los 14 escogidos, el PP llevaba una ventaja frente a los demás, debido principalmente a una tabla de gradación que favoreció los perfiles de sus candidatos. Le seguía López Villatoro, y por último los viejos empresarios con solamente dos candidatos.
El veto por parte de buena parte de los decanos a Pineda Roca y las piezas clave del PP, y otro a Juan Godínez, pieza clave de López Villatoro, lograron estancar el proceso: una agotadora sesión que cumplió hasta la madrugada del lunes 22, que culminó a partir de una negociación más equitativa de los últimos candidatos.
A partir de allí las votaciones fueron unánimes. Y los representantes del gran capital nacional lograron ingresar a al menos 7 de sus candidatos, mejorando su posición de desventaja. Un día después, rápidamente el Cacif emitió un comunicado mostrando su satisfacción con los resultados preliminares (link). El PP había logró 9, López Villatoro 7, y en la lista se encontraban dos candidatos que levantaron las cejas de activistas de derechos humanos.
4. El Caso Lima y las fricciones político-militares
De los 26 candidatos resaltaban al menos dos (tal vez trs) que han emitido resoluciones favorables a exfucionarios del FRG vinculados a la línea dura de militares retirados y a los casos que giran alrededor de Byron Lima: Douglas Charchal Ramos, José Pineda y, más lejano, Nery Medina.4
Las redes imbricadas alrededor de estos personajes no tenían operadores en la Comisión de Postulación pero sí contaron con el apoyo de los operadores del PP, al igual que sus votos en el Congreso. El 3 de septiembre, en horas de la mañana, la Cicig anunción que había procesdido a recapturar al reo Byron Lima, oficial del ejército condenado por el asesinato en 1998 del Monseñor Gerardi. Según fuentes en el Organismo Judicial, a Lima se le estaba adelantando su salida por un juzgado de ejecución, lo que obligó a la Cicig a acelerar sus investigaciones. Cuidando sus movimientos, no avisó al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ni al Ministerio Público sobre la captura hasta horas de la madrugada de ese día.
La plana segunda del PP podía no haberse enterado, pero la cúpula de gobierno lo tenía claro. (¿Podía la Cicig dar un golpe de esa naturaleza sin el conocimiento del Presidente?). Al ser capturado, Lima profirió insultos y serias acusaciones en contra de López Bonilla. Según esta línea de hipótesis, esto beneficiaba a la vicepresidenta Roxana Baldetti al desplazar a López de la candidatura presidencial en favor de Sinibaldi, y dar por terminada la pugna dentro del PP.
Pero el caso de Lima era complejo. Con la muerte de Gerardi se cerró de lleno el capítulo de la presencia de la línea dura militar en el Estado, tendencia comenzada con el retorno civil y recalcada con el fallido golpe de 1993 y la Firma de la Paz. A cambio de ir a la cárcel, Lima recibió el control de las cárceles y una sola petición: guardar silencio de todo lo que sabía.
En sus primeras palabras una vez recapturado, Lima sentenció: «No se olviden los que saben lo que yo sé». Un pacto corría de un hilo. Se cuidó, eso sí, de no señalar al Presidente Pérez Molina (OPM), a quien halagó con frecuencia.
Lima Oliva representa a la línea dura de ex militares desplazados décadas atrás, como lo resaltaron sus vínculos internacionales y nacionales. Militares que han estado en tensión con el Presidente desde tiempo atrás por diferentes razones: OPM era de los líderes jóvenes militares que comulgaba con la línea de los Institucionales (no Línea Dura); se alineó con la sociedad civil para evitar el golpe de Estado de Serrano Elías en 1993; llegó con De León Carpio al Estado Mayor Presidencial (inteligencia), metió a su gente, que no venía de la oficialidad de Inteligencia; desde allí presionó para la pacificación; redujo desde el gobierno de Óscar Berger el tamaño del ejército; dejó a Claudia Paz y Paz como Fiscal General, lo que condujo a que se abriera el caso por Genocidio, donde la línea dura de ex militares se vio acorralada por sus acciones en los años del terrorismo estatal; y no les ha dado puestos o beneficios mientras ha gobernado, con la excepción del Sistema Nacional de Seguridad, a cargo de Ricardo Bustamante.
En síntesis, OPM y esta línea de militares pueden no estar en los mejores términos. Lo que viene a sumar tensión luego de la misteriosa muerte del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamado Granadero tras el robo de 1500 granadas en una base militar bajo su control, un personaje cercano a OPM.
La elección de la CSJ vendría a limar algunas asperezas en temas que les son comunes: frenar la justicia transicional.
Pero el gobierno no es monolítico. Según una certera investigación de Contrapoder, el Ministerio de Gobernación y el MP reactivaron una orden de traslado que llevaba un año parada. A Lima lo trasladarían a Fraijanes I, donde controla la mara 18, con quienes tiene fuertes problemas luego que liderara hace diez años asesinatos masivos contra integrantes de la pandilla. Los abogados de Lima no fueron notificados. Mientras iba en camino, Iván Velásquez, cabeza de la Cicig, presionó por la cancelación del traslado y logró una reubicación en el cuartel de Matamoros. En sus primeras declaraciones la Cicig dijo que temía por la vida de Lima. Velásquez salvó a Lima, una pieza clave en el desarrollo de esta coyuntura.
5. Las batallas institucionales (y paralelas) de fuerza
Lo que siguió a las elecciones del OJ por las comisiones de postulación se puede dividir en dos partes: cuando se sospechaba lo que pasaba y cuando la magistrada Escobar ayudó a revelar lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces el hormiguero realmente se agitó.
¿Qué provocó el cisma? El triunfalismo envalentonado del PP. El mismo día que logró elegir a la mayor cantidad de magistrados para la CSJ decidió retar al resto de partidos políticos y al Tribunal Suprema Electoral (TSE) con un derrochador (y fuera de tiempo) lanzamiento de campaña en el centro de la ciudad de Guatemala.
Ya que los partidos medianos (Une, Creo, Todos) no cuentan aún con masivos fondos para iniciar su campaña, cosa que puede realizar el PP con fondos públicos, era lógico que fueran a reaccionar al lanzamiento.5 Más aún si tenía cada partido un puesto en el TSE, tras la negociación de enero. El mismo día que fue la reunión donde se negociaron las cuotas de magistrados de la CSJ, el TSE redactó la resolución que vetaba al PP y expulsaba a la vicepresidenta Roxana Baldetti de su puesto en él.
El PP pasó a negociar magistrados con el otro gran partido, Lider, y otras bancadas medianas, que votaron disciplinadamente en bloque. Ya que Lider no conocía a fondo el proceso, se valió de una alianza con López Villatoro (que recuperó terreno perdido), la Embajada norteamericana, y en menor medida del gran empresariado.
El perdedor fue el gran empresariado, que fue un socio minoritario en la negociación, al no lograr meter a su principal apuesta, Rogelio Zarceño. El PP, su aliado a regañadientes desde el 2011, fue el principal responsable: deseaba ocupar a como diera lugar la CSJ, ante las amenazas de persecución penal por la su conocida corruptela.
Seguros de sí, el PP pasó a solicitar amparos en contra del TSE. Hizo dos y con las dos salas de Apelación pasó a negociar la elección de sus magistrados, próxima en el Congreso. Logró un amparo, y el otro pasó a la vieja CSJ, que votó favorablemente, siete votos contra seis.6
Para mejorar la situación del PP, la de Lider, y la del Rey del Tenis, los ganadores hasta ese momento, la Corte de Constitucionalidad (CC) validó la elección de la CSJ. Todo iba viento en popa. Entonces vino la magistrada Escobar.
La declaración de Escobar sobre las presiones del PP fue un símbolo de una medida desesperada. No había más opciones a la mano. Y funcionó. Reveló una parte de las redes paralelas y dio la mejor oportunidad que una callada y estratégica Cicig estaba esperando. La misión a cargo del colombiano Iván Velásquez arremetió contra operadores importantes y, en conjunto con otros amparos presentados, obligó a la CC a dar un vergonzoso paso para atrás. En cuestión de 48 horas las elecciones del OJ estaban provisionalmente anuladas.
6. El medio tiempo: Los círculos sin cerrar
La CC anunció el sábado 18 que tardaría entre 30 y 45 días hábiles para resolver, lo suficiente para reducir el nivel de tensión. Entretanto, quedan aún muchos cabos sueltos:
Si la CC decide regresar el proceso de elección, ¿hasta dónde lo hará, hasta el Congreso o desde un inicio? Los ganadores harán lo posible porque todo quedé como está, pero las dos alas del empresariado, con dos magistrados afines en la CC, buscarán regresar al Congreso, donde buscarían presionar con más fuerza.
¿Vendrán reformas al proceso de elección? ¿Se atreverán los grandes poderes a plantear reformas constitucionales?
¿Qué será del antejuicio en contra de Gudy Rivera del PP presentado por la Cicig? El encargado de resolverlo es Frank Martínez, señalado de tráfico de influencias por la Embajada, por lo que poco puede esperarse de eso. Martínez, escogido como magistrado suplente de Apelación, también tiene en sus manos la decisión de la amnistía a Efraín a Ríos Montt, y con eso la continuación del Juicio por Genocidio.
El TSE se negó a acatar lo planteado por la vieja CSJ, ¿quién ganará el pulso final, a seis meses de comenzar la campaña electoral?
Por último ¿cómo reaccionará el gran empresariado, principal financista del PP en el 2011, el desplazamiento que sufrieron en el Congreso? La militarización de San Juan Sacatepéquez, así como el avance a la fuerza de otros proyectos que los favorecen, ¿serán suficientes para pasar por alto el arrebato y dar su apoyo a un aliado difícil pero inevitable?
Muchas preguntas que en cuestión de dos meses encontrarán respuestas que agitarán de nuevo las espesas aguas de la política guatemalteca.
Notas:
1 Ese fue el caso del trabajo combinado del Ministerio Público (MP) de Claudia Paz y Paz, la Cámara Penal de César Barrientos, y los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo, con al excepción del Juzgado A de Mayor Riesgo, a cargo de Carol Patricia Flores, señalada recientemente por la Embajada norteamericana.
2 Prensa Libre. 27/05/14. Pág.5.
3 El 4 de agosto una publicación de Prensa Libre aseguró que el operador del Cacif para las Comisiones de Postulación era Marco Augusto Noriega, actor clave en la elección de magistrados para CSJ en las últimas elecciones judiciales (2009), al lograr incluir al menos a cuatro cercanos: los magistrados Ervin Gómez, Rogelio Zarceño, Gabriel Medrano y Luis Archila.
4 Douglas Charchal Ramos fue abogado Asesor de la Empresa Puerto Quetzal -EPQ- de 1995 a 2004. Al mismo tiempo su hermano trabajaba en el Archivo del Estado Mayor Presidencial (EMP). Según Ruben Zamora, ambos están vinculados a ex-funcionarios del FRG y la familia Lima. José Pineda Barales fue Vocal I de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente (2004-2009), y votó a favor de rebajar la fianza impuesta al exministro de la defensa Eduardo Arévalo Lacs (FRG) y de rebajarle de 30 a 20 años la condena a Byron Lima Estrada y al capitán Byron Lima Oliva por el homicidio del obispo Juan José Gerardi Conedera. Nery Oswal do Medina Mendez: Resolvió a favor de liberar al General Enrique Ríos Sosa y Moises Galindo por el desfalco de Q 471.5 millones del Ministerio de la Defensa ocurrido en 2001 durante el gobierno del FRG. Aunque según una columna de Gustavo BerganzaMedina responde al ex rector Estuardo Gálvez y al magistrado de la CC Héctor Pérez Aguilera.
5 La resolución fue validada por los Magistrados Julio René Solorzano Barrios (Vocal I), Mario Ismael Aguilar Elizardi (Vocal III) y José Aquiles Linares Morales (Vocal IV). El primero vinculado a Creo, el segundo a Todos y Linares Morales a la UNE. Razonaron sus votos el magistrado presidente Rudy Marlon Pineda Ramírez y Jorge Mario Valenzuela Díaz (Vocal II), ambos vinculados el PP.
6 Los Magistrados del «Grupo de los 6» y que votaron a favor del PP en esta ocasión son: Érick Álvarez Mancilla, Gustavo Bonilla, Gustavo Mendizábal, Luis Alberto Pineda y Héctor Maldonado. Los otros dos magistrados que votaron a favor del amparo fueron Mynor Franco y Artemio Tánchez -mas vinculados a López Villatoro. Quienes se opusieron a otorgar el amparo provisional fueron el presidente del Organismo Judicial José Arturo Sierra y los magistrados Gabriel Medrano, Luis Arturo Archila, Ervin Gómez, Rogelio Zarceño y Brenda Quiñónez, que resintió su desplazamiento por el PP.
Gustavo Illescas y Rodrigo Véliz. Centro de Medios Independientes
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