La historia oficial -que no se produjo ahora sino que viene desde los años del Fujimorismo- nos cuenta que el Perú es un país feliz. Que alcanzamos metas insuperables de crecimiento económico, que los niveles de la pobreza han descendido hasta niveles inimaginables, que la estabilidad financiera es de película, y que se incrementa aceleradamente […]
La historia oficial -que no se produjo ahora sino que viene desde los años del Fujimorismo- nos cuenta que el Perú es un país feliz. Que alcanzamos metas insuperables de crecimiento económico, que los niveles de la pobreza han descendido hasta niveles inimaginables, que la estabilidad financiera es de película, y que se incrementa aceleradamente la capacidad de consumo de la población.
Nada de eso, por cierto, es verdad. Pero los peruanos tenemos escasas posibilidades de comprobarlo en los textos formales, en los noticieros de la tele, o en las publicaciones de la «prensa grande». Para la clase dominante, que tiene en sus manos las principales riendas del Poder, las cosas marchan «a pedir de boca». De la boca de ella, se entiende.
Pero hay hechos que se empeñan, caprichosamente, en mostrarnos el lado oscuro de la historia. Uno, fue el Informe de la Comisión de la Verdad, presentado hace once años ante el Poder Ejecutivo y cuyas recomendaciones aún no se cumplen. Otro, es un libro de reciente publicación, titulado «Caiga quien caiga», escrito por José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, prestigioso abogado, quien fuera Procurador Ad Hoc encargado de impulsar las investigaciones seguidas contra la Mafia que gobernara el país en la última década del siglo pasado.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – como se le llamara formalmente- dejó un agrio sabor en la boca de los peruanos. Mostró un escenario cruel que costó la vida a más de 70 mil personas y que puso en evidencia la perversión extrema de quienes tuvieron en sus manos la conducción del Estado en «los años de la violencia».
En esos -se recuerda- el terror fue una «Política de Estado», y se expresó en los más variados elementos: desaparición forzada de personas, privaciones ilegales de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, habilitación de centros clandestinos de reclusión y tortura institucionalizada.
Las estadísticas muy pocas veces publicadas, nos dijeron -se recuerda- que un promedio de 650 mil peruanos fueron anualmente detenidos entre 1990 y 1999, el 90% de los cuales fueron víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes, incompatibles con el más elemental respeto a los derechos básicos de la persona.
El 75% de las víctimas de aquella tragedia -hay que recordarlo siempre- habitaban medios rurales, eran quechua-hablantes, o integraban poblaciones originarias, andinas o amazónicas.
El pretexto, fue siempre «la lucha contra el terrorismo». Y, para darle sustento a esa fábula, fue ideado un «accionar subversivo» al que se le atribuyó ocupación de poblados, asesinatos, coches bomba, apagones de excepcional magnitud y otros operativos, muchos de los cuales -hoy se sabe- fueron realmente ejecutados por los servicios secretos del régimen para justificar alevosamente su política de exterminio y de guerra.
Aunque aún hoy, hay quienes se empeñan en cerrar los ojos ante esa realidad, existen múltiples pruebas que la confirman.
Hoy se sabe, adicionalmente, que quienes obraron de ese modo, lo hicieron con dos propósitos: justificar el aniquilamiento de calificados segmentos de la población y robar a manos llenas saqueando los recursos del Estado sin escrúpulo alguno.
Es esa segunda fase, la que desarrolla con solvencia, indiscutida autoridad y conocimiento profundo, José Ugaz. Y lo hace con una prosa simple, dirigida a cualquier lector, y asimilable por especialistas y legos. Se trata, entonces, de un libro imprescindible que hace luz en torno el caso «del gobierno más corrupto en la historia del Perú».
Diseñado en dos ítems: las memorias de un Procurador; y casos, desafíos y reflexiones; revela uno a uno todos los escándalos que salieron a luz en los años en los que imperó una Mafia inédita en la vida nacional.
Las cuentas suizas, la organización criminal, el tráfico de armas, el uso de bandas armadas, el manejo de la prensa; y muchos otros elementos inherentes a esa etapa de la vida peruana, fluyen con facilidad asombrosa en el manejo de un lenguaje sencillo que dice mucho de la capacidad expresiva del autor.
José Ugaz es un abogado de reconocida trayectoria. En la segunda parte de los años 80, nos ayudó -a Manuel Piqueras y a mi- e la investigación parlamentaria que hiciéramos en torno a la existencia y actividades del Comando Rodrigo Franco, creado por el gobierno aprista para «castigar» a sus adversarios.
En esa circunstancia pudimos apreciar su temperamento sereno y ecuánime, pero a la vez, firme y transparente en la lucha contra el crimen organizado. Con destreza jurídica, alimentó nuestros vagos conocimientos, y enrumbó hacia puerto seguro nuestras indagaciones que luego confirmara la vida.
Fue más de una década después de esa experiencia, que asumió la tarea de investigar primero al Asesor Presidencial en Materia de Inteligencia, y luego al Presidente de la República, ambos hermanados en el crimen y el desgobierno a través de «una red enquistada en distintos niveles del poder».
Como una manera de refrescar la historia asoman hechos que algunos prefieren olvidar: las violaciones a los derechos humanos, el proceso judicial contra Demetrio Chávez Peñaherrera y sus alucinantes revelaciones, el tráfico de armas, el ocultamiento de cuantiosos depósito en cuentas secretas en Zurich, Ginebra o el Gran Caimán, la escandalosa compra de adhesiones que no tuvo parangón en el escenario peruano, y el uso desmedido de los resortes del Poder para perpetuar un sistema perverso de dominación.
Como bien lo dice el autor, en ese entonces «no se trataba solamente de un gobierno corrupto, como ha habido muchos en el pasado, sino de una organización criminal que se había hecho del poder, y cuyo plan de gobierno era el saqueo y la manipulación del Estado para satisfacer sus propios intereses».
14 generales del Ejército, Vice Almirantes, Generales de la FAP, banqueros, jueces, fiscales, propietarios de medios de comunicación, líderes políticos, parlamentarios y funcionarios públicos ubicados en las altas esferas del Estado; integraban esta organización que tenía poderosos vínculos en el exterior. Su mentor, por lo demás, era el jefe virtual de la estación de la Agencia Central de Inteligencia en el Perú.
Muchos de ellos dieron, finalmente, con sus huesos en la cárcel, pero otros eludieron la acción de la justicia. Lograron, en unos casos irse del país y gozar en el exterior de fortunas mal habidas; o atenuar sus culpas gracias a la lenidad de una estructura judicial realmente débil y contradictoria. Ahora, se reagrupan y atacan con ímpetu a quienes, en el pasado, los combatieron y desnudaron.
Es muy bueno que estos temas se planteen nuevamente en el país. La coyuntura torna indispensable el recuerdo de hechos que subyacen en la dormida memoria de muchos, pero que deben ponerse en evidencia siempre, sobre todo cuando esa Mafia se vio forzada al repliegue, pero no fue vencida.
Por eso acosa una vez más, y busca recuperar posiciones de poder en desvergonzada alianza con gentes que antes se hicieron de la vista gorda ante latrocinios denunciados y hoy buscan beneficiarse de una «convivencia» que carece del más elemental sentido de la historia.
En una circunstancia como ésta hay que decir como el autor que «por más bajo que se caiga, siempre habrá una masa crítica que constituye la reserva moral de un país». A ella acudimos -también lo recuerda- quienes el 28 de abril del 2003, en un Plantón ante el Congreso de la República expresamos nuestro categórico rechazo a las acusaciones, sin fundamento alguno, lanzadas en esa circunstancia, contra el Procurador Ugaz.
Hoy, como antes hay que tener presente el lado oscuro de la historia. Será esa la única manera de hacer luz sobre el nivel de la conciencia de los peruanos, que debe estar despierta siempre.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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