Las declaraciones iniciales de Juan Manuel Santos y Rodolfo Palomino indicaban que los líderes sociales detenidos, entre los que se encuentran 11 integrantes del Congreso de los Pueblos, estaban implicados en los ataques con explosivos el día 2 de Julio del presente año contra las sedes de Porvenir. Sin embargo, el Fiscal a cargo del […]
Las declaraciones iniciales de Juan Manuel Santos y Rodolfo Palomino indicaban que los líderes sociales detenidos, entre los que se encuentran 11 integrantes del Congreso de los Pueblos, estaban implicados en los ataques con explosivos el día 2 de Julio del presente año contra las sedes de Porvenir. Sin embargo, el Fiscal a cargo del caso negó que se les esté acusando por esos hechos.
Cabe aclarar que estos 11 reconocidos líderes sociales cuentan con una importante trayectoria de trabajo en diferentes sectores y territorios, además de destacadas hojas de vida y recorrido académico, de acuerdo a los perfiles ya conocidos por la opinión pública.
Además de la negativa del Fiscal, la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional afirmó que varios de los estudiantes detenidos estaban en una actividad académica fuera de la ciudad en esas fechas y los demás acusados pueden demostrar, con total contundencia, que no tienen nada que ver con los hechos en mención.
Ante el derrumbe de esta falacia, la Policía y la Fiscalía tratan de inculparlos por otros sucesos. Esto demuestra lo infundado y temerario de las primeras acusaciones, producto del show mediático que acostumbra a montar el Gobierno y las Fuerzas Militares para mostrar resultados en un contexto de conflicto social, político y armado.
Denunciamos la violación al debido proceso, esta vez en cabeza de la Juez 72 con funciones de Control de Garantías. La funcionaria desconoció la solicitud de libertad de los detenidos por vencimiento de términos, yendo en contra del ordenamiento jurídico vigente alegando «complejidad en el caso». Nuevamente son las mismas instituciones las que violan la ley.
Actualmente se desarrolla la audiencia de imputación de cargos, en la cual la Fiscalía deberá regirse por la ley y respetar el debido proceso. Llamamos a redoblar esfuerzos por la libertad de los y las detenidas, para que se respeten los derechos humanos de los líderes y demás personas acusadas.
Fuente original: http://congresodelospueblos.