Hasta el momento, la apuesta desde el aparato estatal por la inserción laboral de la juventud se reduce a dos instrumentos: la Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado (LICPE)1 y al Plan de Acción Nacional del Empleo Juvenil 2012 – 2024 (PANEJ); en función […]
Hasta el momento, la apuesta desde el aparato estatal por la inserción laboral de la juventud se reduce a dos instrumentos: la Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado (LICPE)1 y al Plan de Acción Nacional del Empleo Juvenil 2012 – 2024 (PANEJ); en función de las características del mercado de trabajo, ninguno de estos dos instrumentos llega a la formulación de estrategias que promuevan la inserción laboral de adolescentes y jóvenes en el marco de la garantía de sus derechos humanos. A continuación se esbozan algunas consideraciones sobre estos instrumentos, de modo que se pueda evidenciar la pervivencia de las falencias neoliberales tanto en el mercado de trabajo como en las políticas públicas.
Por una parte, la LICPE -que tiene por objeto incentivar la demanda de trabajo-, señala que «las empresas que contraten jóvenes, bajo la modalidad del contrato de primer empleo, gozarán de deducciones de salarios mínimos en el impuesto sobre la renta» (art. 18, LICPE). Así mismo, «las empresas gozarán de una deducción fiscal para los efectos del impuesto sobre la renta» (art. 21, LICPE). En el contexto de crisis fiscal del sector público, la deducción de impuestos supone recortar el margen de maniobra del aparato estatal a costa de mejorar la rentabilidad empresarial y reducir la incidencia del Estado a través de otras políticas económicas (por ejemplo, a través del gasto público).
No obstante, la propuesta obvia la regulación específica de algunos términos contractuales fundamentales (plazos y estabilidad, salarios, condiciones de trabajo, entre otros), dejándolos al libre arbitrio de la negociación entre el adolescente o joven y el empresario. De este modo, las empresas podrían aumentar la magnitud de la fuerza de trabajo efectivamente empleada, pero en condiciones que favorecen al empresariado debido a que permiten rentabilizar las inversiones a partir de la desvalorización de la fuerza de trabajo.
En muchas de las consideraciones de la LICPE se alude a los derechos que consigna el Código de Trabajo, o que el mismo reconoce como aplicables, como los derechos derivados de instrumentos internacionales. No obstante, ninguno de estos instrumentos está pensado en función de las necesidades específicas de las juventudes, necesidades no sólo laborales, sino económicas y sociales; visto de otro modo, ninguno de estos instrumentos rompe con la visión adultocéntrica en la que las y los jóvenes son siempre sujetos de discriminación por el rango etario al que pertenecen, ni con la finalidad pro sistémica, donde la fuerza de trabajo es oprimida y cosificada.
Por su parte, el PANEJ -un instrumento más enfocado en la oferta-, sostiene que: «la situación laboral juvenil adolece de falta de vinculación entre la demanda y oferta de trabajo… puede suceder que los puestos de trabajo no cumplan las expectativas salariales de los jóvenes, que no les permitan coordinar el estudio con el trabajo, que las competencias que los jóvenes poseen no sean compatibles con las que el puesto de trabajo necesita. Por tanto, adecuar la fuerza laboral a las exigencias del mercado laboral es uno de los desafíos del país en términos de la generación de empleos productivos y de calidad para los jóvenes»2.
En este sentido, la determinación de la formación a partir de la demanda de trabajo supondría poner a la fuerza de trabajo en función de los requerimientos técnicos de las empresas; es un sesgo por la razón instrumental que, basada en la tecnificación de los procesos productivos, mecaniza al proceso de trabajo y potencia su enajenación. Ello es válido no sólo para la formación técnica en sentido estricto, sino también en el caso del fortalecimiento de capacidades que no crean pensamiento crítico, capacidades que muchas veces reproducen, directa o indirectamente, la estructura material o ideológica del capitalismo como sistema de exclusión económica.
En el contexto de las relaciones sociales prevalecientes en el sistema económico salvadoreño y mundial, el trabajo es visto como un «factor de la producción» y por ello, como una despersonalización del sujeto concreto que lo ejecuta, el cual se convierte en mercancía. Por eso, la subsunción del trabajo contradice las posibilidades reales de realización de la fuerza de trabajo como sujetos históricos; situación que incluso es más preocupante en el caso de las y los adolescentes y jóvenes trabajadores, pues además de ser explotados en el mercado de trabajo, son discriminados social y culturalmente por los patrones andro y adultocéntricos.
Nótese particularmente el punto de partida: «…adecuar la fuerza laboral a las exigencias del mercado laboral es uno de los desafíos del país en términos de la generación de empleos productivos y de calidad para los jóvenes»3. Es decir, la adecuación de la oferta de trabajo, la adecuación de las capacidades de las y los jóvenes, las cuales, como ya se vio, tienden hacia los requerimientos técnicos de las empresas, hacia la supresión de la posibilidad de cuestionarse ¿Dónde queda la regulación de la demanda, es decir, de las empresas? ¿Dónde queda el papel del aparato estatal como fuente de empleo? ¿Dónde queda la obligatoriedad de los derechos humanos, la no discriminación por ser joven para poder optar a un empleo? ¿Por qué a quién vulnera ese derecho, a quien es eminentemente discriminatorio, se le va a eximir de pagos fiscales, se les va a premiar con beneficios económicos?
Debido a estas consideraciones, la institucionalidad incipiente en la temática de primer empleo, empleo juvenil o empoderamiento económico de la juventud, aún carece de un punto de partida clave, como lo es evidenciar las falencias estructurales del mercado de trabajo en el modo de producción capitalista y de las particularidades que el mismo asume en su fase neoliberal, asumir esas falencias y propiciar la construcción de un sistema alternativo para la participación económica y social de las juventudes.
Para finalizar hay dos elementos sobre los que queremos llamar la atención. El primero es el hecho de que las falencias de los instrumentos analizados, se enmarcan en el proceso general de explotación y empobrecimiento crecientes que es propiciado por el capitalismo. Cualquier política pública que no toque la problemática de fondo, esto es, la relación inherentemente contradictoria entre el capital y el trabajo, está destinada a fracasar pues sus efectos son superficiales y/o coyunturales.
Perdonado el siguiente esquematismo, habremos de recordar que el capitalismo opera a partir de un diferencial básico: la discrepancia entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el valor que es remunerado a ésta en concepto de salario. De ese diferencial surge la ganancia del capitalista, el cual, para maximizar la rentabilidad de sus inversiones tiende hacia la tecnificación de los procesos productivos, sustituyendo, en términos porcentuales, la fuerza de trabajo por medios de producción o, lo que es lo mismo, aumentando la composición orgánica del capital. Como la composición orgánica y la tasa de ganancia son magnitudes contradictorias, el aumento de la primera repercute en la caída tendencial de la tasa de ganancia, lo que lleva a la generación de las crisis.
Tanto el funcionamiento «normal» del capitalismo como sus periodos de crisis, suponen el sojuzgamiento de la fuerza de trabajo. Aun cuando en los periodos de expansión del capital sobren los puestos de trabajo, ello conduce a la despersonalización del ser humano, a su conversión en mercancía. Por el contrario, el devenir del capitalismo supone que esa expansión es transitoria y que pronto el ejército laboral de reserva comienza crecer paulatinamente. En este sentido, la generación de verdaderas oportunidades para la fuerza de trabajo, independientemente de su edad, va más allá de incentivos a las empresas o de formación de capacidades técnicas.
Ahora bien, el segundo elemento que queremos discutir es el hecho de que, precisamente por esa negación sistémica que el modo de producción capitalista ejerce sobre la fuerza de trabajo y sobre la humanidad en su conjunto, precisamente porque cada vez más los espacios en el mundo capitalista se cierran, es que existe la posibilidad real de buscar alternativas. Esas alternativas, para ser verdaderas, comprometen a la institucionalidad toda de la sociedad burguesa; deben partir de la negación radical del status quo. Nosotros identificamos esas alternativas con la economía solidaria, que supone no sólo un cambio en la base económica, en los procesos de trabajo y el destino de los excedentes, sino una transformación de todas las relaciones de producción, una transformación de las relaciones de poder que tiende a la construcción de una nueva democracia.
No podemos decir que hay una alternativa: hay alternativas porque el mundo es multidimensional y es complejo. Las alternativas son eso: formas diversas de ser de lo que ya no es. Lo que podemos decir es lo que no debería ser: la uniformidad y deformidad del mundo capitalista.
Notas:
1 Aprobada por la Asamblea Legislativa en julio de 2012.
2 MTPS. Plan de Acción Nacional del Empleo Juvenil 2012 – 2024. MTPS. 2012. Págs. 24 – 25.
3 Ibídem.
Alberto Quiñónez. Tendencia Revolucionaria
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