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Guatemala

¿Y ahora qué? Movilización permanente y ruptura popular democrática

Fuentes: Rebelión

Cada manifestación, cada espacio de protesta y propuesta, cada avance en la articulación gana espacios al gobierno y al régimen (todavía) neoliberal militar. La participación crítica y activa, razón y sentido de la democracia, construye comunidad y colectividad frente al individualismo y la apatía vigentes (claves y consecuencias del actual modo de organización). Desde el […]

Cada manifestación, cada espacio de protesta y propuesta, cada avance en la articulación gana espacios al gobierno y al régimen (todavía) neoliberal militar. La participación crítica y activa, razón y sentido de la democracia, construye comunidad y colectividad frente al individualismo y la apatía vigentes (claves y consecuencias del actual modo de organización).

Desde el 20 de abril (1) se multiplican en Guatemala los espacios y actores con participación cuestionadora, orientada a la transformación estructural. Se construye poder, de forma directa, sin delegación ni confianza (o voto) en actores corrompidos: partidos, congreso, alcaldes, gobierno…

La explosión de movilizaciones (plantones ininterrumpidos en la plaza central de la capital y otros departamentos, pintadas anti electorales, retirada de propaganda electoral, activismo cibernético, foros, encuentros, debates) complementa las luchas de los que siempre están: pueblos, comunidades y organizaciones en resistencia frente al modelo extractivista y el estado neocolonial, operado los últimos cuatro años por el gobierno patriota.

Estos son los brotes de la actual primavera

La historia nos refiere que el gobierno patriota inicia y finaliza su triste singladura enfrentado a grandes movilizaciones de los pueblos. El 27 de marzo de 2012, tras nueve días y 212 kilómetros de caminata, miles de campesinos, acompañados en el último tramo por organizaciones de mujeres, feministas y sociales, llegan a la capital para reivindicar «la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral» (2).

El 27 de agosto de 2015, tres «columnas» provenientes del occidente, nororiente y sur del país ingresan en la ciudad como culminación de tres días de movilizaciones en más de 30 puntos en todo el país, en demanda de la renuncia de Otto Pérez Molina, la suspensión del proceso electoral y la convocatoria de Asamblea Constituyente popular y plurinacional para la transformación del actual Estado.

Entremedias, la heroica resistencia a la implantación del modelo extractivista en Barillas, San José del Golfo, Monte Olivo, Izabal, San Juan Sacatepéquez, San Marcos, Quiché…y continuas manifestaciones de rechazo al autoritarismo, el neoliberalismo, el militarismo y la represión. Entre otras:

Movilizaciones del movimiento de mujeres y feminista contra el autoritarismo del ejecutivo y el estado. Iniciaron el 10 de febrero de 2012 cuestionando el procedimiento dictatorial en la elección de autoridades de la Secretaría Presidencial de la Mujer.

Repudio de la masacre en Totonicapán, los estados de sitio (en Barillas, cuatro municipios del oriente y San Juan Sacatepéquez), los asesinatos de dirigentes y población civil en Monte Olivo, la persecución y captura de dirigentes comunitarios en todo el país.

Oposición de estudiantes y normalistas a las reformas a la ley del magisterio (inició en 2012 y no ha finalizado). Esta oposición representa, estrictamente, la segunda manifestación masiva del cambio generacional (la primera fue la toma de la Universidad San Carlos para la recuperación del papel social de la Universidad durante el gobierno de Álvaro Colom).

Realización del Cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones (7, 8 y 9 de agosto de 2014) con el objetivo de «construir alianzas, sumar fuerzas» y «hacer confluir nuestros caminos en la búsqueda del Buen Vivir para la Madre Naturaleza, los pueblos, las mujeres y hombres (…) por la defensa de la vida y la construcción de un mundo más justo y equitativo» (Declaración Política).

Estas luchas fueron realizadas en desventaja, soledad y en situación de agresión extrema: presos políticos, atentados contra líderes, ahogo financiero, deslegitimación de las luchas con el silencio calculado o cómplice de embajadas-empresa.

A partir del 20 de abril, la persistencia de demandas históricas, la irrupción masiva de sectores urbanos y el agotamiento del pacto interelitario (Constitución) de 1985, unido a factores geoestratégicos como el fortalecimiento del papel intervencionista de Estados Unidos en el marco de la Alianza para el Progreso, comienzan a modificar el estado y el ejercicio de ciudadanía concebidos sobre el «pragmatismo y providencialismo resignado» (Andrés Pérez Baltodano).

La indignación urbana, que empieza a configurarse en algunos colectivos como democracia radical indignada (parafraseando a Carlos Taibo) y las demandas de cambios estructurales de pueblos, comunidades y organizaciones, redefinen correlaciones de fuerzas, creando condiciones para cambios sustantivos. El pacto de elites se rompe por abajo: por quienes estuvieron ausentes en su construcción y desarrollo y demandan construir un Estado y una organización sujetas a las reglas de la colectividad.

La confluencia de luchas (desde identidades, formas de organización y visiones no necesariamente homogéneas) cuestiona la hegemonía autoritaria-militar-neoliberal, con sus consecuencias de extrema individualización, competitividad e insolidaridad. Se promueve, tan visible como dificultosamente, la hegemonía cultural -siguiendo a Gramsci- de la colectividad, la solidaridad, la participación, la esperanza, como nos recuerdan las consignas presentes en todas las movilizaciones: se metieron con la generación equivocada, que es aquella que dice nunca más al conformismo, la apatía, la indiferencia, la mercantilización de la vida y la política. Esta generación y esta cultura política renovada, que no aparecían en los cálculos de riesgo ni en los planes para el estallido controlado y el control de la crisis, reequilibran la disputa de poder.

Elecciones: nueva fase del descontento

El conflicto continúa. La crisis y la indignación social no se agotan en la realización de elecciones, por el contrario se agudizan: esto implica un cambio fundamental con respecto a los escenarios previstos después del estallido de la crisis institucional.

La estabilización de un modelo en crisis (recambios formales para que nada cambie) es inviable a partir del proceso electoral. Este y el sistema de partidos como recambio del sistema están heridos: a estas alturas, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que las elecciones reacomoden y consoliden las fuerzas en pugna.

A pesar de que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos no han sido aprobadas, se debilita el ejercicio del poder corporativo y criminal de los partidos políticos, el congreso y el ejecutivo. Las posibilidades de suspensión electoral o de anulación del proceso por fraude de ley y por su evidente ilegitimidad están presentes: carecen de futuro un congreso y un poder ejecutivo financiados por poderes criminales e ilegales, sometidos a investigación judicial, conformados por lavadores de dinero, contrabandistas y cualquier tipo de malhechores.

Aunque no se suspendan las elecciones, aunque participen y ganen los mismos de siempre, el 6 de septiembre no es parteaguas sino inicio de una nueva fase del descontento. Esto invita a pensar (más allá de si votamos o no, o a quién votamos de todos los malos posibles) qué hacemos a partir de esa fecha.

¿Y ahora qué? Movilización permanente y ruptura democrática

La crisis estructural obliga a la profundización de las movilizaciones. El mañana inmediato y en el medio plazo no está escrito: a pesar de los planes a, b y c para la transición y reconfiguración de poderes sin mayores cambios; a pesar de los reacomodos conservadores de los pactos de poder (ya en marcha) el futuro está abierto en sus definiciones.

Por momentos, Guatemala parece caminar segura y con paso firme hacia no se sabe dónde: eso sí, con apego estricto a las instituciones y la legalidad vigente. Pero también camina hacia posibilidades reales de transformación.

¿Y ahora qué?, nos preguntamos frecuentemente con angustia y sin respuestas claras. La primera respuesta es que el después está abierto, cuestionando las certezas e inevitabilidad con las que se construye el modelo de dominación: las certezas del crecimiento, el desarrollo, la violencia, la subordinación natural de las mujeres, la democracia electoral y representativa, las elecciones, el cambio natural de un corrupto a otro. Afirma Marcos Roitman, en «La rebelión de los indignados», un texto sugerido tras el 15-M en España, que guarda similitudes con nuestras percepciones y preocupaciones:

«El «después» no está trazado de antemano, depende de las relaciones de fuerza entre clases sociales y grupos sociales. Todas las crisis se han saldado con una reorganización de las relaciones sociales. La historia del desenlace de la presente crisis no está escrita ni trazada de antemano. Marca un itinerario abierto, lleno de bifurcaciones y encrucijadas, de vías muertas y falsos atajos»

La segunda respuesta incide en que el camino de los cambios sociales no es lineal, irreversible, sin altibajos y, por tanto, hay que construir procesos en el corto, medio y largo plazo:

«Hay que reconstruir otra correlación de fuerzas, y partimos desde muy abajo. Cambiar el mundo no es una tarea ni fácil ni inmediata. Es en realidad una carrera de fondo, un maratón más que un sprint, una carrera de resistencia. No estamos ante una «McCrisis» y no saldremos de ella con una «McResistencia», una resistencia fast-food» comentan Josep María Antentas y Esther Vivas en «El 15-M y la revolución indignada».

La tercera respuesta considera que las soluciones a la crisis no provienen de la legalidad e institucionalidad actuales. La crisis, por su carácter estructural, profundo, de Estado, de legitimidad, sistémica, rompió diques de indignación y demandas. Las demandas inmediatas, por ejemplo, las demandas de reformas a la ley estructural y de partidos políticos no se agotan en sí mismas: vinculan propuestas de reforma a la ley con reformas estructurales y de fondo: elecciones modificadas como paso previo para la Asamblea constituyente convocada desde los pueblos, no desde los poderes constituidos y corruptos.

La cuarta respuesta al ¿qué hacer? argumenta que la disputa social y popular no es solamente por leyes o instituciones o por la conquista de espacios institucionales para la toma de decisiones. La disputa es para construir nuevas relaciones sociales, y nuevos sentidos y formas de organización y vida.

El camino es, por tanto, la ruptura popular, democrática y pacífica con el poder actual (empezando por la invalidación del proceso electoral y sus actores) y el establecimiento de nuevas formas de ejercicio del poder: formas colectivas, comunitarias, horizontales y diversas, en «ampliación permanente» (Boaventura de Sousa Santos) de la democracia y el poder del pueblo.

Nos seguimos viendo el 7 de septiembre.

Notas

(1) Primer plantón contra la corrupción, tras el conocimiento de una estructura criminal que involucra a altos funcionarios del Estado.

(2) Para mayor información, consultar la página en Facebook de Marcha Indígena, Campesina y Popular.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.