En muchos de nuestros artículos hemos hecho referencia a la implacable lucha que, soterradamente, libra la ‘élite política’ de este país en contra de la comunidad nacional. Puede sorprender y hasta parecer ilógico que organizaciones políticas creadas, precisamente, para defender los intereses de las grandes mayorías nacionales, trastoquen, en el tiempo, su cometido y terminen resguardando únicamente los intereses particulares de sus integrantes como el propio. Y, sin embargo, es así. El caso que exponemos más adelante ilustra dramáticamente esa tendencia. Intentemos explicarnos por qué sucede.

Al provocar la asesoría de organismos internacionales al órgano constituyente, la ‘élite política’, a través del ex ministro Allamand y, ahora, por intermedio del Senado, le ha faltado el respeto a la Convención Constitucional y, consecuentemente, a toda la comunidad nacional. Debe admitir su culpa, debe pedir excusas. Y, más que nada, ha de enmendar rumbos. Porque la Historia puede superarla.

Desde el momento mismo en que iniciara su trabajo la Convención Constitucional, un grupo de personas ha intentado, por todos los medios a su alcance, entorpecer su trabajo, ponerle vallas, dificultarlo.

Las bases de la apreciación o valoración —como quiera llamársela—, se encuentran en el proceso de comparación y, en consecuencia, en la analogía, que es la forma a través de la cual ese proceso se lleva a efecto. Pero las analogías (y las comparaciones) no siempre son las más adecuadas y, no pocas veces, inducen a error; a menudo, son fuente de malas interpretaciones y disputas.

A fines del año recién pasado, ocurrió un hecho político importante, un hecho insólito, un suceso político de la más alta y extrema gravedad.

Algunos medios de comunicación han destacado que Gabriel Boric es el presidente más joven que ha tenido la Repùblica desde sus inicios, superando, incluso, a Manuel José Blanco y Calvo de Encalada—Manuel Blanco Encalada (si suprimimos los patronímicos de sus apellidos), militar de 36 años, de nacionalidad argentina— que gobernara Chile durante dos meses del año 1826.

Las elecciones de fin de año desnudan el complejo escenario social. La épica libertaria del 18 de octubre de 2019, amagada por la escena política nacional, reduce, nuevamente, toda la discusión a una ‘izquierda’ enfrentada a una ‘derecha’.

El escándalo de los contratos suscritos por empresas ligadas al presidente Sebastián Piñera, en los llamados ‘paraísos fiscales’, no debe reducirse solamente a la tipificación de los delitos cometidos por el primer mandatario como el aspecto más relevante. Tal tipificación puede ser legal, sin lugar a dudas; mas no legítima.

La Convención Constitucional (CC) no nació el 18 de octubre de 2019, fecha que marca el inicio de una rebelión popular sin la cual aquella no hubiere sido posible.

Desde que empezara a trabajar, con otros amigos, junto a Clotario Blest en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, el concepto mismo de ‘derechos humanos’ atrajo constantemente mi atención.