El Acuerdo Por Chile, documento firmado el 12 del presente entre el 6to. Gobierno de la Concertación de Partidos Por la Democracia —que encabeza el presidente Gabriel Boric Font—, y gran parte de los sectores opositores, se encuentra ya en plenos trámites legislativos.

La reforma (o refundación, en su caso) de la fuerza pública (policía, tanto uniformada como civil) —que constituía una de las materias prioritarias del sexto gobierno de la Concertación—, parece haber sido convenientemente archivada.

Una de las primeras consecuencias del aplastante triunfo del Rechazo, en el reciente plebiscito, fue el cambio de gabinete del gobierno de la coalición Apruebo Dignidad, hecho ocurrido en los días 05 y 06 del mismo mes, hecho que se veía venir desde hacía bastante tiempo; especialmente, luego de las fallidas intervenciones de la ministra del Interior Izkia Siches y los poco felices encuentros entre el ministro Secretario General de Gobierno Giorgio Jackson con los sectores de la ex Concertación (en especial, con los senadores del PS) en las semanas y meses anteriores al acto cívico.

Cuando ya ha finalizado el plebiscito, convocado por las autoridades del país para resolver si aprobar o rechazar el proyecto de constitución elaborado por la Convención Constitucional, parece conveniente intentar explicarnos su resultado.

Dentro de pocos días, la población chilena deberá concurrir a las urnas. Ha sido convocada para participar en un plebiscito en el cual ha de pronunciarse sobre el texto de una nueva carta fundamental, entregada a su consideración, por la Convención Constitucional (CC), el cuatro de julio recién pasado.

Hace apenas una semana que la CC puso fin al trabajo de redactar el proyecto de Constitución encargado por la comunidad.

En muchos de nuestros artículos hemos hecho referencia a la implacable lucha que, soterradamente, libra la ‘élite política’ de este país en contra de la comunidad nacional. Puede sorprender y hasta parecer ilógico que organizaciones políticas creadas, precisamente, para defender los intereses de las grandes mayorías nacionales, trastoquen, en el tiempo, su cometido y terminen resguardando únicamente los intereses particulares de sus integrantes como el propio. Y, sin embargo, es así. El caso que exponemos más adelante ilustra dramáticamente esa tendencia. Intentemos explicarnos por qué sucede.

Al provocar la asesoría de organismos internacionales al órgano constituyente, la ‘élite política’, a través del ex ministro Allamand y, ahora, por intermedio del Senado, le ha faltado el respeto a la Convención Constitucional y, consecuentemente, a toda la comunidad nacional. Debe admitir su culpa, debe pedir excusas. Y, más que nada, ha de enmendar rumbos. Porque la Historia puede superarla.

Desde el momento mismo en que iniciara su trabajo la Convención Constitucional, un grupo de personas ha intentado, por todos los medios a su alcance, entorpecer su trabajo, ponerle vallas, dificultarlo.