Una historia conocida. Una marcha modesta y pacífica de centenares de usuarios de la CCSS, opuestos a los recortes que están sufriendo los servicios médicos a lo largo del país y que son particularmente crudos en las zonas de Occidente y Guanacaste, fue duramente reprimida en tres ocasiones por las fuerzas policiales. La policía cargó […]
Una historia conocida.
Una marcha modesta y pacífica de centenares de usuarios de la CCSS, opuestos a los recortes que están sufriendo los servicios médicos a lo largo del país y que son particularmente crudos en las zonas de Occidente y Guanacaste, fue duramente reprimida en tres ocasiones por las fuerzas policiales. La policía cargó contra la manifestación al filo del medio día, a las 4:30 pm y finalmente a las 6:00 pm.
En la última incursión policial la cantidad de efectivos que se utilizaron bien podría superar el centenar, en la represión de la tarde ocurrió la agresión ampliamente televisada contra los diputados Muñoz, Monge y Villalta, durante la mañana fue evidente la cacería policial contra activistas de la izquierda política. «Agarren a los de camisetas rojas» fue el grito de uno de los responsables de la represión, activistas del PRT, del Frente Amplio y del Partido de los Trabajadores fueron los objetivos privilegiados de las injustificadas detenciones, asimismo reconocidos dirigentes sindicales y estudiantiles de la zona de Occidente, una de las cunas de esta movilización.
Una marcha programada para concluir al medio día, se transformó en una extensa demostración por la libertad de protesta que bloqueo la arteria principal de la ciudad por más de 6 horas.
El saldo de la represión es cerca de 40 detenidos, decenas de heridos entre ellos adultos mayores y niños, tres diputados golpeados, por lo menos 3 hospitalizados. Ningún cargo es posible contra los detenidos, porque ningún delito se cometió. El Ministro y vice ministro de Seguridad Mario Zamora y Celso Gamboa, responsabilizan a los manifestantes y a los diputados por la agresión policial, los primeros por interrumpir el tránsito, los segundos por dañar bienes públicos y por interceder por la libertad de aquellos que fueron injustamente detenidos.
Así los victimarios se presentan como víctimas, de esta forma se prepara el terreno para la impunidad de Zamora, Gamboa y Rivera (comandante de la operación), se esconde la responsabilidad política de Laura Chinchilla en la represión, de esta forma una agresión a la ciudadanía como no veíamos desde la represión contra las luchas en oposición a «RITEVE» o el «Combo del ICE», no será castigada, ni sancionada. La Nación S.A. coordina este macabro maquillaje, el folletín oligárquico llega al cinismo de pedir sanciones y penas contra los detenidos, aunque la imaginación más desbordada no pueda encontrar una sola acusación válida contra los 40 activistas.
La represión se extiende a muchos campos.
Con la misma violencia ilegal, matonismo y chapucería fue realizado el desalojo de las familias campesinas de Medio Queso, en el Norte del país, señala in sitiu Héctor Monestel: «Los campesinos de Medio Queso no se ha rendido en su lucha por la tierra y siguen manteniéndose en «la orilla de calle». Ayer les arrasaron con maquinaria pesada todos sus cultivos y humildes viviendas, esto bajo la protección y represión no sólo de los contingentes de la Fuerza Pública sino también de los paramilitares privados armados hasta con AK. La Fuerza Pública arremetió con palos, gases lacrimógenos y balas. Hubo heridos, detenidos, deportados e incluso una joven madre embarazada perdió a su hijo (aborto por efecto de los gases) en el Hospital de Ciudad Quesada adonde había sido trasladada de emergencia.»
Tenemos además la llamada ley «mordaza», una ley que busca limitar la libertad de prensa y de denuncia política, así: «será reprimido con prisión de 4 a 8 años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado», estas penas se aumentan hasta 10 años de cárcel cuando «la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de información y de comunicación». Evidentemente con una ley así la denuncia de los casos Caja-Fischel, ICE-ALCATEL, el «Memorándum del miedo» y las corruptelas en RECOPE o la Trocha Fronteriza hubieran sido imposibles de dar o conocer o bien hubiera implicado varios periodistas y medios de prensa querellados judicialmente.
Menos dramática pero probablemente más eficaz por sus efectos, es la persecución administrativa que están sufriendo miles de docentes a manos del M.E.P. producto de hacer valer su derecho a la organización sindical.
El objetivo de estas reflexiones es intentar poner en perspectiva las razones de ésta escalada indignante de represión y poder presentar unas líneas de acción para el próximo periodo.
La represión solo se explica por la terapia de shock que el gobierno prepara contra el pueblo trabajador.
Los últimos datos del XVIII Informe del Estado de la Nación (XVIII IEN) dan pistas, para prever la terapia de shock que prepara el gobierno, si a través de la bonopolítica y la manipulación de la Inversión Social Pública (ISP) el gobierno de Arias logró contener la crisis económica de 2008-2009, finalmente ese pozo se agotó, señala el estudio: «La inversión social pública real cayó un 0,5% entre 2010 y 2011, lo que en términos per cápita equivale a una disminución de 1,6%. Esta contracción refleja un quiebre en la tendencia alcista que se venía observando desde el año 2006.
(…) Los programas universales dirigidos a toda la población mostraron una contracción real del -3,5% en términos totales y del -4,6% per cápita. Los programas restrictivos, como la educación superior, crecieron apenas un 0,5%. Los servicios contributivos, como las pensiones, mostraron una expansión real (2% total y 0,9% per cápita). Por último, los programas sociales selectivos orientados a grupos de menores recursos fueron los que corrieron la peor suerte en el 2011, pues experimentaron la contracción mayor (4,4% total y -5,5% per cápita).»
Es decir estos recortes son solo el primer momento del ataque, lo que se avecina para hacer recaer la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador es más intenso aún, los datos del XVIII IEN, muestran el nivel de «terapia de shock» que necesita aplicar el gobierno sobre las conquistas sociales e inclusive sobre sus propias redes clientelares. El pilar no menos explosivo de esta receta es el endeudamiento externo, recientemente el gobierno aprobó un préstamo del BID para las universidades públicas y otro para el sistema eléctrico.
El ambiente de represión y judicialización de la protesta social y de la vida civil se viene preparando desde hace tiempo, el gobierno ha logrado introducir la judicialización como una nueva forma de vida en sociedad así: «entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 la población penitenciaria creció en 5.895 personas de las cuales 1.776 entraron al régimen institucional, es decir, se mantienen recluidas en forma permanente. Estas cifras convierten al 2011 en el año que ha contabilizado la mayor cantidad de personas en esta condición (un total de 25.242, con 12.154 de ellas en el régimen institucional), al mostrar un crecimiento de 15,8% con respecto al 2010″.
La judialización de la vida social y la criminalización de la protesta, son las respuestas ciegas del gobierno frente a un sinnúmero de conflictos con y entre las clases sociales que el gobierno no logra resolver contundentemente a favor de ninguna de las fuerzas sociales fundamentales, la infraestructura vial es un desastre, no se logra la apertura eléctrica, ni la contrarreforma laboral en el Estado y esto enfurece a los empresarios nacionales y transnacionales, así mismo la protesta sindical, estudiantil y popular aunque más controlada por el rol conciliador de las direcciones mayoritarias del movimiento de masas, tiende a aparecer en ciclos de conflictividad combinada, así surgen oleadas de movilización con demandas variadas y métodos de lucha desiguales, abriendo la mayor parte del tiempo crisis políticas en el gabinete.
Sumado a este cuadro de fuerzas, tenemos el inicio del ciclo electoral que activa los reacomodos internos dentro del bloque de poder en el gobierno, pero también activa la fuerza de aquellos que quieren capitalizar electoralmente el malestar con el gobierno.
Este cuadro indudablemente favorece el ambiente para una creciente actividad de la izquierda política dentro de las organizaciones populares, pero también en el terreno electoral, no es descabellado pensar que el encono con el que se persiguió al activismo de izquierda está asociado a un intento de detener su crecimiento social y político y de golpear para descabezar a la franja más radical del campo popular, que en último periodo se ha desarrollado más en el movimiento estudiantil, pero que en el último lapso ha empezado a aparecer también como franjas combativas y clasistas dentro del movimiento sindical. ¿Será este un intento de evitar que esa franja clasista y luchadora encuentre una expresión político-electoral?
¿Qué hacer?
La represión del 8 de noviembre abre la posibilidad de realizar una campaña sistemática de denuncia de los resultados y las políticas efectivas del gobierno, el XVIII IEN muestra el país que ha construido el neoliberalismo: Más de un millón de pobres, centenares de miles de trabajadores que no tiene aguinaldo, cobertura de salud y pago por horas extra. Frente a esos números la respuesta es represión, autoritarismo y arbitrariedad.
Se impone una amplia campaña que exija, la renuncia del Mario Zamora y Celso Gamboa, ministros y viceministros de Seguridad, así como el despido de todos los policías implicados en la represión del 8 de noviembre, así mismo un amplio movimiento en defensa del derecho a la libertad de protesta, de expresión y en defensa de las conquistas sociales y la calidad de los servicios públicos (CCSS, ICE, integridad del salario, etc.).
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