Con el reciente Mensaje a la Nación (listado de lavandería que refleja volatilidad), del presidente Vizcarra, está claro que tanto la detención de los asesores de la comunidad Fuerabamba (y la liberación del presidente Gregorio Rojas), de PPK y el impedimento de salida del país del secretario de Alan García, Luis Nava, así como la […]
Con el reciente Mensaje a la Nación (listado de lavandería que refleja volatilidad), del presidente Vizcarra, está claro que tanto la detención de los asesores de la comunidad Fuerabamba (y la liberación del presidente Gregorio Rojas), de PPK y el impedimento de salida del país del secretario de Alan García, Luis Nava, así como la renuncia de dos ministros muy cuestionados (hasta por la propia bancada ex oficialista), como Bruce y Trujillo, son parte de un Plan de relanzamiento del liderazgo del mandatario, frente a su caída de popularidad que las encuestas ubican en 44% (de 65% que tenía en Noviembre cuando Keiko estaba ya con prisión preventiva).
«…Tarde ha reaccionado el gobierno. Ya se rompió la magia inicial y eso no hay quien lo revierta. El gobierno debió actuar antes sin quitar el pie del acelerador cuando los vientos soplaban a su favor. Ahora ya parece imposible. Ha exigido que el Congreso se ponga las pilas con las reformas judicial y política, cuando ya no está en capacidad de poner contra las cuerdas a la mayoría keikista, que ha logrado recomponerse. La propia buena relación con el titular del Legislativo, Daniel Salaverry , ha sido rota…», redactó uno de los consejeros liberales más entusiastas del presidente que ahora luce decepcionado, Carlos Tafur, («Alimentando el Monstruo», La República, 14/04/19).
Y es que al parecer el felón de PPK ha llegado a la conclusión que las prisiones preventivas de personas vinculadas al affaire Odebrecht sí rinden réditos políticos. Y ni qué decir del dirigente comunero de Fuerabamba, que fue detenido, para luego de unos días, sorprendentemente, salir libre, pero con un acuerdo político encima que lo obligaba, contradictoriamente, a hacer pasar «gato por liebre» a sus bases comunitarias (al final, la Iglesia, intervino en el salvataje frente a la semiparalización del gobierno y la crisis de poder en la localidad), para que levanten el bloqueo de carreteras que paralizaba el gran discurso de «Perú país minero».
«…MMG nunca nos mostró la mina por dentro. Fuentes revelan que sus funcionarios fueron a Palacio a comunicar el cierre de la mina. Palacio les habría convencido de que desistan, a cambio de grandes anuncios de Del Solar en el Congreso. Ya sabemos lo que pasó. Sí, el gobierno sienta con Las Bambas un precedente que coloca en grave riesgo a la inversión minera en el Perú…», redactó alarmado Jaime Chincha («El riesgo de Las Bambas», diario Perú21, 14/04/19).
«…La crisis de Las Bambas es un severo llamado al gobierno para aprender a manejar territorio, soberanía, ley, Constitución, Gobierno, Estado y nación. A no despertar un día diciendo que se trata de una crisis entre privados para luego despertar otro día asumiendo todos los costos. La comunidad demandando todo, el Gobierno cediendo en todo. El país perdiendo autoridad y confianza. ¿Y la minera haciendo mutis en todo? …», escribió el vocero del grupo El Comercio, Juan Paredes Castro, manifestando los zig zags de Vizcarra (» La nube del presidente», El Comercio, 14/04/19).
El impasse de Vizcarra es, por un lado, que la prisión de PPK no ha generado el efecto necesario para revertir su caída en las encuestas, y por otro, la asunción al poder de la CONFIEP, de un filo fujimorista como María Isabel León (enviando señales de que la clase dominante ya no quiere «más guerra política» y más bien mano dura para imponer el paquetazo del DS 345 y superar la crisis de poder en Las Bambas donde Vizcarra estrenó su debilidad estructural). Y la renuncia de sus ministros parece una maniobra política tardía y oportunista producida, más que por sus reflejos personales, por el condicionamiento de un premier como Salvador Del Solar, que veía como se caían sus aspiraciones políticas por dos ministros impuestos desde las alturas y uno de ellos como parte del nuevo pacto de negociación del borrón y cuenta nueva con el fujimorismo (a pesar que el mismo premier asumió con el discurso de la concertación).
Un pacto que como siempre hemos señalado es complejo y contradictorio porque se da en un contexto de una crisis también contradictoria porque el affaire Odebrecht «embarra», de una u otra forma, a todos los partidos del régimen político de las últimas tres décadas. En otras palabras, la crisis retroalimenta la crisis.
En verdad, Vizcarra, pensó que con Keiko presa preventivamente, era suficiente, pero cuando vio que gobernar en serio, era más difícil que la demagogia barata, y le estalló la crisis de Las Bambas en la cara, pues, se vio obligado a retomar la iniciativa política y continuar con la ofensiva semibonapartista. Por eso, dentro del Plan del vizcarrismo, la prisión preventiva de Alan García es clave, ya que éste personaje junto con Keiko, son los líderes políticos más odiados del país. El primero no solo por su vergonzosa impunidad sobre casos como los Mirage, el caso BCCI, la hiperinflación de la economía, los narcoindultos sino también por el genocidio de cientos de presos políticos en las cárceles de SJL, Frontón, Santa Bárbara y recientemente el Baguazo. Y la segunda, que ya está presa, por el legado neoliberal y genocida de su padre y ex dictador Alberto Fujimori.
Así las cosas, pareciera que por fin el sueño de los antiaprofujimoristas, se va a cumplir. Sin embargo, hay que señalar que las detenciones preventivas no les confiscan las cuentas ni bienes producto de la corrupción. Pero, además, y los más importante, los «tiburones» como las transnacionales Odebrecht, Camargo y Correa, etc. y las empresas nacionales como Graña y Montero, JJC, entre otras, van a seguir libres de polvo y paja haciendo pingues negocios a costa del dinero de los peruanos como el de la construcción del gasoducto del sur cuyo presupuesto se multiplicó de $1 300 millones a más de $7 000 millones, sin que Vizcarra se inmute.
El derrumbe del aprofujimorismo no acabará con la corrupción porque ésta es producto del sistema capitalista (que se basa en la explotación de las/os trabajadoras/es, la corrupción en la obra pública, la deuda externa y la fuga de capitales, etc.), que continuará existiendo con partidos que se postulan como las cartas de recambio burgués más confiables como AP, APP, Partido Morado, o en su defecto con la izquierda democratizante, entre otros nuevos agrupamientos que se articulen en las alianzas 2021.
Vizcarra ha llegado a un punto donde «toca fondo» ya que el equilibrio previo que había alcanzado con la prisión preventiva de Keiko y el referéndum bonapartizante se agotó políticamente, y el cambio de gabinete por uno nuevo y con «yaya» en medio de la crisis, generó un nuevo desequilibrio.
Con un partido ex oficialista ahora «balcanizado» (y un sector de éste en oposición política parlamentaria), cerca de 200 conflictos sociales (130 vinculados a la contaminación medio ambiental), dos campesinos cocaleros asesinados por la policía en San Gabán (Puno), estallidos sociales focalizados, un segundo paquetazo antipopular (DS 345), despidos de maestros, una bancarrota social con 43.5% de niños con anemia, aumento de feminicidios, sin poder enfrentar eficazmente la reconstrucción del Norte (producto del fenómeno del niño del 2017), rabo de paja en la lucha contra la corrupción (48% de la población cree esto), una recomposición del fujimorismo en el poder político y económico y el «pateo del tablero» por parte de tres comunidades de Las Bambas en respuesta a la ausencia del premier y ministros, expresan las condiciones potenciales de un nuevo «Baguazo» y de un gobierno agotado políticamente que se pone contra sus propias cuerdas.
Esta lectura también la tienen los analistas de la reacción que exigen mano dura contra las protestas. Y esta podría ser la razón que explicaría porque el gobierno «tiró la toalla» con la mesa de diálogo y cumplimiento que debería instalarse el día de hoy en Challhuahuacho para que el Estado archive las denuncias contra los dirigentes originarios. Y es que, al parecer, la administración Vizcarra o no tiene nada que ofrecer y está ganando tiempo o está provocando para ver las contradicciones en el seno del movimiento cotabambino o a decidido darle una salida represiva a la crisis (articulando con la detención preventiva de Luis Nava, Alan García o algún otro ex presidente o líder político embarrado con Odebrecht).
De ser lo último, se puede incendiar la pradera (al menos que descabece o neutralice a la dirección del movimiento social). De ser lo primero, implicará ganar tiempo para dilatar más el proceso de negociación política y aislar a las comunidades más radicalizadas hasta llegar al año prelectoral 2020. Cuenta a favor del gobierno la alianza con la Iglesia, las FF.AA., la embajada yanqui, y una burocracia sindical e izquierda liberal, que no tiene un Plan de Lucha serio (sino luchas aisladas como la Jornada del 01/05 y un paro por definir para junio), para derrotar la arremetida derechista de una administración sin estructura partidaria.
César Zelada. Director de la revista La Abeja (teoría, análisis y debate).
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