Una nueva amenaza se cierne sobre las mujeres centroamericanas. El Vaticano acaba de ser admitido oficialmente como Observador Extrarregional en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Con este acto se han ampliado las funciones de Gran Inquisidor Global que desempeña esta entidad religiosa, al mismo tiempo que se le ha concedido un «pase de cortesía», […]
Una nueva amenaza se cierne sobre las mujeres centroamericanas. El Vaticano acaba de ser admitido oficialmente como Observador Extrarregional en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Con este acto se han ampliado las funciones de Gran Inquisidor Global que desempeña esta entidad religiosa, al mismo tiempo que se le ha concedido un «pase de cortesía», para que pueda continuar en el plano regional con su cruzada mundial en contra de los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, en especial, de sus derechos sexuales y reproductivos.
No requiere de mucha imaginación darse cuenta que el ingreso del Vaticano al SICA tiene la finalidad de bloquear por una vía más expresa, los tímidos pero consistentes esfuerzos, que desde este organismo regional se vienen impulsando por promover la igualdad sustantiva de las mujeres centroamericanas. Entre estos esfuerzos, vale la pena destacar en primer lugar, la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en toda la institucionalidad de la integración centroamericana y en segundo lugar, el creciente protagonismo del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), que comienza a traducirse en una mejor coordinación entre países en materia de diseño de políticas públicas para la igualdad e género.
Si bien es cierto que desde su rol de Observador Extrarregional, la Iglesia Católica no tendrá voto en las resoluciones adoptadas por los organismos del SICA, sí tendrá voz en las deliberaciones que se lleven a cabo sobre las diversas temáticas del proceso de integración. Pero sobre todo, el estatus de observador le permitirá acceso directo a los canales de información y de negociación de las propuestas de resoluciones sobre políticas, programas y proyectos regionales que se encuentra en la agenda de la integración regional. Este acceso (que le es negado a las organizaciones sociales y a las organizaciones de mujeres) indudablemente le dará ventajas para incidir a favor o en contra de las propuestas que sean favorables o desfavorables a las posturas oficiales o a los dogmas de fe de la doctrina de esta iglesia.
Lo más predecible es que el Vaticano continuará usando el canal habitual de las «primeras damas» para influir en las votaciones de los cancilleres y/o de los Presidentes en las reuniones y cumbres del SICA, tal como acostumbra hacerlo en las Conferencias de Naciones Unidas en donde asiste como Estado Observador, tal como sucede en las Conferencias de Población y Desarrollo, en las Conferencias sobre el Status Jurídico de la Mujer y como ha sucedido recientemente, en la Conferencia de Rio + 20, en donde su capacidad de influencia sobre las delegaciones oficiales de varios países, evito que en la declaración final se incluyera el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
Estamos ante a un hecho consumado, frente al cual el movimiento feminista de la región, se encuentran aún en estado de shock. Esperemos que la amenaza que la Inquisición religiosa representa para la autonomía y los derechos de las mujeres centroamericanas, constituya un motivo de reflexión y de replanteamiento de las estrategias y de las alianzas de los movimientos feministas de nuestros países. Parece que llegó la hora de abandonar la cómoda postura de los proyectos para mujeres y de las complicidades con los gobiernos y la cooperación, para retomar la políticamente incorrecta postura de la denuncia, la movilización y la lucha contra el patriarcado y sus agentes.
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