Más de 2.400 presos están en cuarentena en sus celdas y casi todos los centros están cerrando sus puertas a entradas y salidas. Los sindicatos hablan de caos y de servicios médicos desbordados. Las organización de derechos humanos piden una excarcelación masiva.
El franquismo confiscó la memoria de los soldados que lucharon en las filas sublevadas durante la Guerra Civil. Al convertirlos en héroes y mártires de la Cruzada, borró identidades y experiencias históricas que fueron bastante más diversas y menos positivas que la imagen difundida por el régimen.
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido por unanimidad volver a juzgar el caso Bateragune, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entendió, ya en 2018, que Otegi, Díez y demás dirigentes de la izquierda abertzale, sufrieron una lesión de sus derechos fundamentales en el juicio de la Audiencia Nacional de 2012. Hubo falta de imparcialidad de su presidenta Ángela Murillo, y su recusación no había sido aceptada por la Audiencia Nacional (AN), ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional (TC).
«Los ricos y grandes empresarios quieren volver a la anormalidad anterior, a aplicar las viejas mentiras neoliberales basadas en la explotación, la especulación y el negocio».
A siete años de la muerte de 14 migrantes en la playa del Tarajal por la acción de la Guardia Civil, la VIII Marcha de la Dignidad se extiende más allá de la frontera ceutí.
He leído con interés el artículo de Luis García Montero, Memoria y democracia, publicado en InfoLibre; un medio digital en el que escriben algunos de mis antiguos compañeros de armas, por los que siento un profundo respeto. Entre ellos José Ignacio Domínguez, Vicepresidente del FMD, y Floren Dimas, investigador histórico y delegado de Anemoi / UCR para la Memoria democrática.
¿Financiaría Netflix una serie en la que empresas señaladas por casos de corrupción, como Gespol, gestionan los servicios informáticos de la policía local de decenas de comisarías de España? ¿Y si esta misma u otras empresas estuvieran desarrollando, con dinero público, herramientas de policía predictiva, que luego venden a otras administraciones públicas? No es ninguna distopía, algunas firmas especializadas en estos campos tienen acceso privilegiado a decenas de miles de datos privados, sin que ningún organismo, local, regional, o estatal la audite, porque sencillamente carecemos de los instrumentos necesarios para ello.
Este es el relato de varias mujeres migrantes de Centroamérica que decidieron dejar su vida y comenzar algo a lo que no se atreven a llamar una nueva vida.