Wilber Geovany Hernández fue asesinado a tiros cuando salía de sus clases nocturnas en una escuela del norte de la capital de El Salvador, y se convirtió en la víctima mortal número 11 entre los estudiantes del país desde que comenzó el año escolar el 23 de Enero. Tenía 18 años, estudiaba noveno grado de […]
Wilber Geovany Hernández fue asesinado a tiros cuando salía de sus clases nocturnas en una escuela del norte de la capital de El Salvador, y se convirtió en la víctima mortal número 11 entre los estudiantes del país desde que comenzó el año escolar el 23 de Enero.
Tenía 18 años, estudiaba noveno grado de educación media en una escuela pública del distrito capitalino de Mejicanos, y murió al instante cuando fue baleado a las puertas del centro el 29 de febrero. La ola de violencia que abate a El Salvador ha alcanzando a las escuelas del país, cuyos estudiantes y maestros son víctimas de extorsiones, asaltos y asesinatos..
Esa violencia afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, genera graves consecuencias en su vida personal y perturba al desarrollo social del país, cuya infancia y juventud ya es afectada por los altos niveles de deserción escolar en los niveles educativos básicos, indican los expertos salvadoreños en el tema.
La deserción alcanza a 20 por ciento en las escuelas más afectadas por la violencia, según cifras del Sindicato de Maestros de Educación con Participación de las Comunidades (Simeduco). En El Salvador hay 5.000 escuelas públicas, que atienden a unos dos millones de alumnos. De ellas, 340 son consideradas peligrosas, y de estas 161 de alto riesgo, por la violencia interna y de su entorno.
Este país de 6,1 millones de habitantes tiene una de las menores coberturas escolares de América Latina, según organismos multilaterales. Su sistema establece nueve grados de educación básica, obligatoria y gratuita, dividida en un ciclo primario de seis grados y otro medio de tres, que habitualmente se cursa de siete a 15 años.
«Los niños y jóvenes están tratando de aprender en un ambiente nada adecuado, un ambiente de miedo y de represión», dijo a IPS el vicepresidente de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (Fieca), Felipe Rivas. A la falta de recursos -propia de un país pobre- para mejorar la educación, se suman ahora los impactos del crimen y la delincuencia.
La tasa de analfabetismo en el país es de 10 por ciento, pero sube a 22 por ciento en las áreas rurales, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2010. El Ministerio de Educación se ha planteado la meta de bajar la tasa de analfabetismo nacional a cuatro por ciento en 2014, un objetivo que los expertos consideran difícilmente alcanzable, entre otros factores por el impacto que la violencia está creando en la comunidad estudiantil.
La tasa de asistencia escolar en niños de cuatro años, cuando comienza el ciclo preescolar, es de 32,7 por ciento, mientras que la escolaridad promedio es de solo sexto grado, según la misma encuesta. «De fondo tenemos que el aprendizaje se ha fracturado por el tema de la violencia», agregó Rivas.
El año pasado, 139 alumnos y seis maestros fueron asesinados, según reconocen las autoridades del Ministerio de Educación, la mayoría del sistema público y en las cercanías de las escuelas. El Salvador cerró 2011 con 4.374 homicidios.
Ello se traduce en una tasa de 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo según varios reportes internacionales, y muy por encima de la ya elevada tasa promedio de América Latina, que está en torno a 30 muertes por cada 100.000 habitantes. Parte de esa violencia es provocada por muchos de los 29.000 miembros de las dos principales pandillas criminales en el país, conocidas como «maras». Se trata de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
La prensa local ha reportado los esfuerzos de las pandillas por reclutar a niños y jóvenes de las escuelas de las zonas más violentas, como método para introducirlos en el tráfico de drogas ilegales y otros delitos. «En las escuelas ya se trafica droga, ya se consume droga, incluso hemos visto que los padres utilizan a sus hijos para comerciarlas», señaló a IPS Manuel Molina, secretario general del Simeduco.
Las autoridades reconocen que la violencia ha llegado a la comunidad educativa, como parte de la vorágine de violencia que se vive, pero descartan que haya una intención clara de pandilleros y criminales de atacar a estudiantes y a las escuelas.
En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó a unos 560 agentes en 161 centros educativos de alta peligrosidad, como parte de un plan gubernamental para atajar las muertes de estudiantes. En marzo de 2010, la PNC y el Ministerio de Educación firmaron el Convenio de Prevención y Protección Escolar, que pretende enfocar el fenómeno desde un ángulo integral e incluye actividades de prevención de la violencia, como deporte y arte, entre otras. «Se han hecho algunos esfuerzos a nivel gubernamental, pero es un tema complejo y nos parece que los planes no han funcionado y la situación está peor», dijo Molina.
Autoridades del Ministerio no atendieron el pedido de entrevista de IPS sobre el tema. Algunas de las medidas adoptadas por la policía, como el registro de de los estudiantes al entrar en los planteles, en busca de armas y drogas, han sido criticadas por el riesgo de que los agentes cometan abusos de poder y hasta violaciones a los derechos humanos.
Otra medida cuestionada es la de enviar a grupos de estudiantes de educación básica a las cárceles del país, para que vean directamente la vida de los reos y lo que puede sucederles si se adentran en los caminos delictivos. Pero el director de la policía, Francisco Salinas, reconoció el 29 de febrero ante la Comisión de Educación del unicameral Congreso legislativo que esas visitas fueron un error y no eran parte del convenio de protección. «Aceptamos la responsabilidad. Fue un error», dijo a los diputados. Los maestros también son víctimas de la violencia, porque son extorsionados por los pandilleros: o pagan cierta cantidad de dinero, o son asesinados. En varias escuelas se ha sabido de «tarifas» de 100 dólares mensuales para el director del centro y 50 para cada docente. Eso llevó a muchos maestros a dejar temporalmente su puesto y pedir el traslado a zonas más seguras. Pero el proceso burocrático impide que los cambios se den con la prontitud que necesitan los afectados.
En 2011, unos 362 maestros solicitaron traslados por motivos de inseguridad, según Simeduco, y 78 por ciento de ellos los obtuvieron. Pero el número de afectados podría ser sustancialmente superior porque hay quienes no denuncian y pagan la extorsión para evitar ser asesinados.
Gracias a la presión del gremio magisterial, el parlamento aprobó en 2011 el decreto transitorio 499, que agilizaba el rápido traslado de docentes extorsionados y que caducó en noviembre. Ahora, el gremio demanda que el parlamento renueve el decreto por tres años más. Sin embargo, el problema persistirá porque el sustituto también sería amenazado. «El problema no se resuelve con los traslados, porque al maestro que llegue igual lo van a extorsionar», dijo Rivas.