Hay 87 niños y niñas de la mochila, sobrenombre con el que se conoce a los hijos de los presos vascos dispersos en las cárceles de los Estados español y francés. Cuando el próximo 8 de marzo Irati cumpla tres años, saldrá de la cárcel de Aranjuez para vivir con sus abuelos en Bilbao y empezará a recorrer centenares de kilómetros para ver a sus padres, ambos presos, una vez al mes.
“Pedimos un alquiler social porque estamos en nuestra casa, yo así lo considero; llevo cinco años viviendo aquí”, declara Nelly Saiz a TVE. Es una de las 94 personas amenazadas de desahucio en dos bloques de viviendas del municipio valenciano de la Pobla de Vallbona (24.400 habitantes). La movilización popular, impulsada por la Plataforma de afectados por las Hipotecas (PAH) y los vecinos, logró que el juzgado de Llíria suspendiera el pasado 9 de diciembre el desalojo de la treintena de familias, incluidos 25 menores, tres personas con discapacidad y una mujer embarazada.
“Vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes en Canarias”; “Denunciadas 480 muertes de migrantes en una semana, tratando de alcanzar Canarias”; “El plan del gobierno convierte a Canarias en otro tapón migratorio similar a Lesbos”; “Carrera contrarreloj para construir los macro-campamentos de inmigrantes en Canarias”; “La Dignidad de Canarias, la vergüenza de Europa”.
He expuesto, en alguna ocasión, que la actitud amenazante del rey el 3 de octubre de 2017, en su discurso contra los cargos elegidos por el pueblo de Catalunya, fue interpretada por el común de la ciudadanía como un apoyo al famoso “a por ellos”. Eso ocurría dos días después de los espeluznantes acontecimientos de Barcelona.
El Grupo Inmatriculaciones Asturias, y otros colectivos patrimonialistas integrados en el Colectivo Estatal RECUPERANDO, vienen exigiendo desde hace años al gobierno español que recabe la relación de bienes inmatriculados en los Registros de la Propiedad, mediante una simple certificación eclesiástica, por la iglesia católica.
