Varios analistas del país andino coincidieron en que los allanamientos y detenciones de la policía militar ordenados por la administración de La Moneda, hacen parte de la doctrina de «reprimir por sospecha» propia del Estado autoritario, elitista y anti-democrático del país, y representan el temor de los sectores más reaccionarios de la extrema derecha ante la eventualidad de un nuevo estallido social, esta vez, proveniente de las alzas en las cuentas de electricidad, la caída real de los salarios, la intensificación de las desigualdades sociales y el empeoramiento de la vida de la inmensa mayoría de la población.
