Durante las últimas semanas, familiares de la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), redoblaron esfuerzos para denunciar la indolencia del máximo órgano judicial, al demorar la confirmación de las sentencias condenatorias ya emitidas por los tribunales.