Manuel Navarrete | 

La desorientación con respecto a la estructura social del Perú, e incluso con respecto a su historia más reciente, está llevando a sectores de la izquierda a apoyar un golpe de Estado oligárquico, en el peor de los casos, o “en el mejor” a relativizarlo adoptando posiciones “ni-ni”.

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Llámese auto-golpe, estallido de impotencia, trampa-provocación, suicidio político… El pronunciamiento parece que no tenía recorrido alguno, lo que se evidencia en el temblor de las hojas que sostenía Castillo en sus manos mientras leía la declaración de cierre del Congreso.

Con una marcha desde la Plaza de la Dignidad hasta la Plaza de Armas, en Santiago de Chile, se conmemoró el 74 aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos este sábado 10 de diciembre, fecha que coincide irónicamente con la muerte del dictador Augusto Pinochet ocurrida en 2006.

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La obra inédita de Irene Esther Ruiz aborda por primera vez este sensible tema en la isla caribeña.

Iniciada en diciembre la recta final de su gobierno, para AMLO (Andrés Manuel López Obrador) todas las señales anuncian que presidirá en estos últimos dos años tiempos aún más tempestuosos que los anteriores.

El golpe de Estado que derrocó al presidente peruano Pedro Castillo, y la persecución judicial contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, han colocado en el debate público mexicano la posibilidad de que cosas semejantes pudieran acontecer en México para, como quisiera la oligarquía, derrocar al Presidente López Obrador y perseguirlo judicialmente antes o después del término de su mandato constitucional.

Continuaron paros y movilizaciones de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Rosario y los hospitales nacionales Garrahan y Posadas.

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En las últimas horas se ha acelerado la crisis política en Perú. El presidente Castillo decretó la clausura del Congreso, pero fue rápidamente detenido por la policía. El Congreso votó para acusarlo y proclamó a su vicepresidente como el nuevo presidente. ¿Qué significan estos acontecimientos?

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¿Se puede ser consecuentemente antineoliberal, sin cuestionar el régimen constitucional y legal que privatiza los recursos naturales entregándola en propiedad a los concesionarios?