La Ley de Glaciares fue construida desde abajo hasta su sanción en 2010. La reforma impulsada por Milei viene desde arriba: empresas mineras trasnacionales y sus aliados internos (políticos, empresarios y gerentes). La reforma elimina las condiciones mínimas para la preservación del agua y las actividades humanas en los pueblos. Bajo una mirada irracional y rentista, la modificación va de la mano con la reforma laboral, que deja derechos mínimos para quienes serán expulsados hacia las ciudades. «Sin glaciares no tendremos agua. Sin agua no hay ciudadanía que sobreviva», advierte el autor.
