Claudia Espinoza I. | 

En medio del caos jurídico que ha generado el gobierno transitorio en Bolivia, la mira internacional enfoca los derechos humanos como objeto de justicia. Decenas de familias sumergidas en la incertidumbre de estos nueve meses podrían encontrar en tribunales extranjeros una luz al final del túnel.

Como era de imaginar, una enfermedad que se desarrolló de un modo universal debía tener una respuesta del mismo carácter. No quedan dudas que esta peste existe y se está llevando centenares de miles de vidas humanas y que ellas son un mínimo porcentaje de los millones y millones de contagiados.

Durante las últimas semanas, nos hemos conmocionado especialmente a partir inicio del caso de Antonia Barra, quien tomara la lamentable decisión de suicidarse a causa de un abuso sexual. Dentro de los casos recientes de violencia de género está además el de una familia de Santiago Centro, en donde el femicida mató a su pareja, a su suegra, golpeó al hermano de su pareja y se suicidó. En este escenario de pandemia, se ha producido una explosión de los casos de femicidios consumados, duplicándose la cifra respecto de la misma fecha del año anterior, según cifras del Ministerio Público.

Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

Se las traía el apernado senador Guido Girardi del PPD. Últimamente había hecho varias declaraciones para sintonizar con “el clamor popular”.

Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.