Categoría: América Latina y Caribe
Con gran alivio millones y millones de mexicanos han tomado conocimiento del fin de la era más corrupta y simuladora que haya habido en el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), desde su fundación.
El retroceso de Estados Unidos no disuade la tradicional sumisión de los neoliberales al dominador del Norte. Sus voceros afirman que es el momento de aprovechar la actual preeminencia de la vertiente globalista de Biden, para crear incentivos a la llegada de inversores yanquis (Oppenheimer, 2022).
En el comienzo, una decisión de Richard Nixon.
Desde hace casi cuatro meses, Perú protagoniza las protestas sociales de más envergadura que se han producido en América Latina, en estos últimos años. El actual Gobierno de Dina Boluarte no logra asegurar la normalidad en ese país sudamericano, atravesado por una profunda y creciente fractura político-social. Importantes sectores, en particular la población campesina del interior del país, continúan movilizándose, expresan su rabia y frustración y ratifican su exigencia de que renuncie Boluarte. El Gobierno, el Congreso y el conjunto de las instituciones del Estado –a excepción de la Defensoría del Pueblo– hacen oídos sordos, ignoran las advertencias populares y arriesgan, de continuar como hasta ahora, que la crisis se agrave y recorra atajos impredecibles. “Reina la frustración y la impunidad”, explica la periodista Zuliana Lainez Otero, 44 años, quien desde hace un año y medio preside la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con más de 11 mil afiliada-os. Aguda analista, Lainez, también vicepresidenta primera de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), ofrece un lúcido análisis de este complicado laberinto que marca la actual realidad peruana.
En este artículo el autor analiza las tres herencias malditas dejadas por Bolsonaro al gobierno de Lula: un Banco Central independiente dirigido por un ultraneoliberal, un parlamento dominado por la derecha y una amenaza permanente procedente de las fuerzas golpistas.
Durante el mes de marzo se produjeron centenares de despidos por cierres, relocalizaciones de empresas, persecución a activistas sindicales, por reclamos salariales y condiciones de trabajo.